Un tribunal del estado península mexicano Quintana Roo otorgó un amparo al empresario Kamel Nacif, conocido como el “rey de la mezclilla”, por la orden de aprehensión que tenía en su contra por su presunta participación en los hechos de tortura de los que fue víctima la periodista y defensora de derechos humanos mexicana, Lydia Cacho, en 2005.
Fue el pasado 15 de julio cuando prácticamente quedó obstaculizado el acceso a la justicia y la reparación del daño a la periodista, según se dio a conocer en una conferencia de prensa virtual realizada este martes. El Tercer Tribunal Colegiado en el estado de Quintana Roo, con mayoría de votos, otorgó en última instancia un amparo a José Kamel Nacim contra la orden de aprehensión que fue emitida en su contra el 3 de diciembre de 2020 como partícipe en los hechos de tortura contra Cacho, el 16 y 17 de diciembre de 2005.
Los jueces de Quintana Roo desestimaron que haya pruebas de que el secuestro y tortura de la periodista fuera por su libro ‘Los demonios del edén’, en el que acusó al empresario de pornografía infantil.
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Kamel Nacif (Foto: Cuartoscuro)
Entre las pruebas acusatorias, los jueces desestimaron un audio en el que Kamel Nacif habla con el exgobernador de Puebla, Mario Marín, en el que supuestamente hacía referencia a que ya habían silenciado a Lydia Cacho.
Desde la organización Artículo 19, que defiende la libertad de expresión, señalaron: “Con un análisis profundamente sesgado, al momento de valorar las conversaciones telefónicas entre el ex gobernador de Puebla, Mario Marín, referenciado en ellas como El gober precioso, y Kamel Nacif, reveladas en febrero de 2006, el Tercer Tribunal Colegiado consideró que, cuando Marín dice que acababa de dar ‘un pinche coscorrón a esta vieja cabrona (sic)’, se trata de una afirmación ´vaga y genérica´ que en México es utilizada para identificar a una mujer”.
La organización denunció que las magistradas consideraron que no había prueba fehaciente sobre la existencia de una orden para torturar a la periodista por publicar el libro y que todo era responsabilidad de los policías que la aprehendieron.
Señaló que la sentencia denota “un profundo desconocimiento” de los estándares internacionales en materia de derechos humanos “y tiene una clara intención de exonerar a los autores intelectuales”.
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Lydia Cacho (Foto: Europa Press)
Argumentó que esto no solo significa una “mala decisión”, sino que también exalta la corrupción que existe en el sistema judicial del país.
Por ello, exigió una investigación pronta, imparcial, independiente y eficaz sobre los presuntos actos de corrupción en el Poder Judicial de la Federación y exhortó a su presidente, Arturo Zaldívar, depurar el aparato judicial del país.
También pidió que se garantice una justicia imparcial, independiente y transparente en el resto del proceso contra los otros autores materiales e intelectuales.
El caso que destapó Lydia en 2005 con una investigación periodística abundante delató una presunta red de corrupción y tráfico de influencias para encubrir un supuesto grupo criminal con fachada empresarial-estatal que se dedicaba a la trata y explotación de niñas y niños con fines sexuales.
De acuerdo con lo establecido en Los Demonios del Edén, basado en los testimonios de algunas víctimas, los principales actores de esta asociación de prostitución infantil eran Jean Succar Kuri, de origen libanés; Kamel Nacif Borge, empresario textil; y Mario Marín Torres, ex gobernador de Puebla por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
No obstante, tanto Marín como Nacif cobraban una relevancia particular, pues entre la capacidad adquisitiva del magnate y el alcance político del priísta presuntamente ocurrieron numerosos actos de pornografía infantil que debieron de atender las autoridades mexicanas; contrariamente a esto, lo que ocurrió fue la detención de la periodista en el estado de Quintana Roo a petición del poblano quien la denunció por daño moral.
Según algunas versiones, la detención y tortura de la periodista en diciembre de 2005 habría sido pactada entre Nacif y Marín.
Durante el viaje por carretera de Cancún a Puebla, que duró más de 20 horas, Cacho fue torturada física y psicológicamente, además de sufrir tocamientos e insinuaciones sexuales y ser amenazada de muerte de manera verbal y física.
En 2019, el Gobierno de México pidió perdón a la periodista al reconocer que se violaron sus derechos humanos cuando fue agredida en 2005 tras denunciar una red de pederastas ligada a empresarios y gobernantes.
