De acuerdo con Reforma, el monto original de la deuda es de 69 millones de pesos de impuestos no pagados en el ejercicio 2015, lo significa que en ese año el exgobernador panista tuvo 142 millones de ingresos no declarados, por lo que ahora el fisco busca cobrarle ISR e IVA correspondiente a esa suma.
Según el medio con actualizaciones y recargos, la deuda alcanza los 198.2 millones de pesos.
El 2 de julio, el SAT notificó al exmandatario el pago inmediato, en caso de no cumplir con ello, de acuerdo al Código Fiscal de la Federación, este puede proceder a embargar cuentas bancarias o inmuebles sobre los cuales se puede aplicar el cobro.
Padrés Elías fue gobernador de Sonora de 2009 a 2015. Una vez terminado su mandato, la administración de Claudia Pavlovich lo acusó por los delitos de lavado de dinero y defraudación fiscal.
El exmandatario se entregó a las autoridades el 10 de noviembre del 2016, donde fue ingresado al Reclusorio Oriente de la Ciudad de México.
En febrero de 2019, Padrés Elías obtuvo su libertad bajo caución, para llevar su proceso fuera de la cárcel.
De acuerdo con la administración de Pavlovich, al finalizar el sexenio del exgobernador se marcó por el desorden financiero que atravesaban las arcas estatales, ante el adeudo millonario con proveedores, apoyos sociales y la falta de continuidad de programas como la entrega de uniformes escolares gratuitos, pues durante el proceso de transición de gobierno, ya se detectaban irregularidades por presuntos actos de corrupción.
Las dependencias más afectadas por faltante de dinero eran el ISSSTESON en donde se percibía un quebranto de 2 mil millones de pesos, en el Fondo de Pensiones y Jubilaciones porque la Secretaría de Hacienda retuvo el pago de las aportaciones hechas por los trabajadores del aparato burocrático.
En Seguridad Publica lo denunciado fueron 75 millones de pesos, en Secretaría de Economía 485 millones de pesos. el desfalco total de todas las dependencias, sumó un daño patrimonial de casi 32 mil millones de pesos, dando a entender que el sexenio pasado había utilizado, sin justificación legal, tal recurso a lo largo de la pasada administración.
