La activación de las negociaciones se da después de que en enero de 2020 la Suprema Corte emitiera una sentencia a favor de las poblaciones afectadas, para que se determiné de nueva cuenta el cumplimiento de las medidas acatadas por Grupo México.
María Luisa Albores, la titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), dijo esta mañana en la conferencia matutina que la finalidad de las reuniones, que se llevarán a cabo esta semana –después de ser retrasadas por la emergencia sanitaria derivada de la pandemia– es informar cómo se determinaron las medidas ambientales de resarcimiento del daño y escuchar las demandas de las poblaciones afectadas.
Albores explicó que como parte de la apertura del caso, la administración federal verificará el uso de un fideicomiso creado por Grupo México en 2014, por 2,000 millones de dólares, para reparar y compensar los daños ambientales. Pero del que más tarde le fueron devueltos a la compañía recursos por 800 millones de dólares cuando la administración anterior determinó que ya habían sido cumplidos los compromisos acatados por la minera.
La apertura del caso se da a casi seis años del desastre natural, que hasta ahora representa la mayor afectación ambiental hecha por una compañía minera en el país. En agosto de 2014, una falla en una válvula de un tanque de proceso del complejo Buenavista de Cobre ocasionó que se vertieran 40 millones de litros de sulfato de cobre en los ríos Sonora y Bacanuchi.
La administración del presidente López Obrador se ha mostrado crítica durante todo lo que va del sexenio a las labores mineras que desempeñan privados en el país. “En lo que va del gobierno -dijo Albores-, no se han emitido nuevas autorizaciones para actividades de minería a cielo abierto”.
