La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó al comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), José Ángel Ávila Pérez, el traslado de Mario Aburto Martínez del penal en el que se encuentra, a uno cercano a su familia, con el fin de “garantizar la salvaguarda de sus derechos a la vida, seguridad e integridad corporal”.
En un comunicado, el organismo informó de medidas “precautorias o cautelares” a favor de Aburto Martínez, sentenciado por el asesinato de quien fuera candidato del PRI a la Presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio Murrieta, en marzo de 1994. El hombre se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social No. 12 CPS Guanajuato, a donde llegó después de haber estado en el Cefereso de Huimanguillo, Tabasco, hasta enero de este año.
La CNDH informó que ayer notificó a Ávila Pérez de las medidas de protección, luego de haber recibido una llamada telefónica del hermano del inculpado, Rubén Aburto Martínez. Después, personal del organismo se trasladó al penal federal para entrevistarse con el sentenciado.
Tras señalar que las medidas cautelares a favor de Mario Aburto tienen como objetivo “salvaguardar la vida, seguridad, integridad física, a no ser víctima de actos crueles, inhumanos y/o degradantes, a la no discriminación, y a la salud física, psíquica y emocional, así como a la calidad de vida en reclusión”, el organismo indicó que el hermano del sentenciado sostuvo vía telefónica que en el penal donde se encuentra Mario Aburto “no le proporcionan alimentos, ni atención médica, encontrándose muy débil”, debido a que antes de ser trasladado a Guanajuato, en enero pasado, contrajo covid-19 en el penal de Huimanguillo.
Rubén Aburto notificó que, pese a estar enfermo, a Mario “no le brindan atención médica y el medicamento que necesita para su recuperación”.
Aseguró que desde que fue encarcelado en 1994, “cada año del mes de marzo es víctima de actos de tortura por los hechos que se le imputan”, señalamientos que fueron confirmados por Mario Aburto durante la entrevista con personal de la CNDH.
Según el testimonio del acusado, en el Cefereso No. 12 “no hay separación entre procesados y sentenciados”, situación que lo pone en situación vulnerable, ya que “un interno intentó echarle a la población (penitenciaria) encima”, por ser señalado como responsable de la muerte de Colosio Murrieta.
Mario Aburto solicitó la intervención de la CNDH al acusar que “padece de tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes y no le brindan la atención médica que requiere”.
El organismo recordó que pese a estar privado de libertad, los reclusos, procesados o sentenciados “deben conservar su derecho a tener contacto con sus familiares y amigos y el mundo exterior”, y se les debe conceder “en la medida de lo posible la petición de (…) ser encarcelado en un centro cercano a su domicilio”.
Luego de señalar que el último derecho tiene sustento en la Constitución y en “los principios de trato humano, dignidad y no discriminación”, la CNDH determinó emitir las medidas cautelares “para evitar daños irreparables”.
Y anunció que, una vez enviada la solicitud de medidas a favor de Mario Aburto Martínez a la autoridad correspondiente, “estará pendiente de su respuesta y, de ser aceptadas, dará seguimiento puntual a su implementación y cumplimiento, vigilando que se respeten sus derechos humanos”.