La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó medidas de protección para la familia del ambientalista José de Jesús Robledo Cruz –asesinado el 29 de abril– y para habitantes del ejido El Bajío, del municipio de Caborca, Sonora.
Asimismo, requirió que en la investigación sobre el caso se tome en cuenta la labor de defensa del activista.
Las medidas cautelares fueron dadas a conocer ocho días después de que Robledo Cruz y su esposa fueron asesinados en Puerto Peñasco. La pareja se dedicaba a la defensa del medio ambiente, “ante el impacto causado por la operación de la industria minera en la región”, explicó el organismo en un comunicado.
Para ejecutar las medidas, la CNDH solicitó la colaboración de la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, así como del responsable de la Comisaría General de la Guardia Nacional en la entidad, los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía General de Justicia, así como de la presidencia municipal de Caborca.
El organismo pidió de manera particular a la Fiscalía estatal “iniciar la investigación de los hechos tomando en consideración la labor de defensa de la naturaleza que llevaban a cabo las víctimas”, en su oposición a la industria extractiva.
A la misma dependencia, la CNDH pidió “dictar las medidas pertinentes para proteger a su familia, además de proporcionarle la contención emocional que requiera”.
A través de las medidas cautelares, requirió a las autoridades “poner en marcha protocolos para proteger a los habitantes de El Bajío, con el fin de evitar daños irreparables a los derechos humanos, a la vida, a la seguridad e integridad personal”.
En su comunicado, la CNDH reconoció la labor de “promoción y protección de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y ambientales que llevan a cabo las y los defensores civiles, por lo que reitera su llamado a las autoridades para que generen condiciones que les permitan desempeñar su trabajo con seguridad y reduzcan al mínimo los riesgos a su integridad”.
