El exdirector de Televisora de Hermosillo (Telemax), Daniel Hidalgo Hurtado, fue inhabilitado 10 años años del servicio público por tener presuntamente responsabilidad en el desvío de recursos públicos en el caso de La Estafa Maestra.
La inhabilitación fue impuesta el pasado 25 de enero por la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora, de acuerdo con una nota publicada este miércoles por el portal digital Proyecto Puente, que dirige el periodista Luis Alberto Medina.
El motivo de la sanción, según consta en el documento de la Contraloría sonorense, es que Telemax firmó un convenio de colaboración con la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu) en abril de 2016 para realizarle una serie de servicios. Sin embargo, Telemax subcontrató con el 98.5% del dinero que recibió de la Sedatu a empresas terceras, lo cual supondría una violación al artículo primero de la ley federal de adquisiciones, que estipula que solo se podría subcontratar hasta el 49%.
Tras la inhabilitación, Daniel Hidalgo defendió su inocencia y dijo a Animal Político que está “en total desacuerdo” con la resolución de la Contraloría. También señaló que desde hace meses ya interpuso un recurso de impugnación ante la justicia.
Por su parte, tras la publicación de la nota en el portal Proyecto Puente, la Contraloría lamentó en una tarjeta informativa que el documento de la sanción se hiciera público, señalando que su divulgación podría causar un perjuicio u obstruir el procedimiento.
La tarjeta de la Contraloría también precisa que el exdirector de Telemax puede impugnar el proceso -como ya hizo-, y que el exfuncionario aún tendría como última instancia el derecho de acudir a ampararse ante los Tribunales Federales.
Los convenios señalados por la ASF en La Estafa Maestra
Cabe recordar que en febrero de 2018 se dio a conocer un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el que se expuso que en 2016 la Sedatu, dirigida en ese entonces por Rosario Robles -hoy en prisión preventiva por La Estafa Maestra-, desvió 1 mil 747 millones de recursos públicos utilizando universidades públicas y también a radios y televisoras estatales.
Entre los medios de comunicación estatales que habrían participado en el desvío se señaló a Telemax de Sonora, que, por ejemplo, subcontrató con el dinero de la Sedatu a empresas como Publicidad Natnit SA de CV, que no fue localizada en sus domicilios fiscales y que en 2016 presentó una declaración de impuestos sobre la renta en ceros. Es decir, declaró como si no hubiera tenido ingresos, a pesar de que tanto Telemax, como el Servicio Quintanarroense de Comunicación Social, le entregaron más de 260 millones de pesos.
Tanto Telemax como el Servicio Quintanarroense también subcontrataron en 2016 la compañía Agatha Líderes Especializados SA de CV, empresa boletinada como fantasma por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Ambos medios de comunicación le entregaron 164 millones de la Sedatu.
Posteriormente, en febrero también, pero de 2019, Animal Político publicó que el gobierno de Peña Nieto mantuvo en 2017 el mismo esquema de desvío de recursos conocido como La Estafa Maestra, y más de 351 millones de pesos de dinero público desaparecieron en la Sedatu y en la Secretaría de Agricultura.
De acuerdo con otro informe de la Auditoría relativo a la Cuenta Pública 2017, ambas dependencias utilizaron a la Universidad Politécnica de Tlaxcala, la Tecnológica de Campeche, el Instituto Tecnológico Superior de Cental, y nuevamente a Telemax.
En este informe se expuso que Telemax recibió 40 millones de pesos de la Sedatu para la “elaboración del diseño y edición de material en audio, en video y gráfico de comunicación social”, entre otros servicios.
Sin embargo, “no proporcionó documentación justificativa y comprobatoria de la supuesta ejecución de los trabajos que amparen los pagos realizados a las empresas subcontratadas, ni del remante del proyecto”.
En el caso de una de las empresas subcontratadas por Telemax, esta no se encontró en su domicilio fiscal; y en el caso de una segunda, su representante legal manifestó haber subcontratado a su vez a otra compañía, que tampoco fue localizada por los auditores.
