La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y organizaciones de las sociedad civil mexicanas expresaron su preocupación por la decisión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de suprimir a estudiantes de secundaria de la prueba del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés), lo que sumaría a México al bloque de países del continente americano que rechazaron el ejercicio, siendo estos Bolivia, Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
Al señalar que participan en el ejercicio 112 países y que desde 2000 “ningún país de la OCDE se ha retirado de la prueba PISA”, la organización internacional destacó que pese a las informaciones publicadas, no ha recibido notificación oficial sobre el retiro de México del examen a millones de estudiantes a nivel secundaria.
De acuerdo a la programación inicial, en estos días se tendría que estar sometiendo al estudiantado de nivel secundaria de todo el país al examen PISA, que mide habilidades en lectura, matemáticas y ciencias, para tener los resultados de la evaluación en 2022.
“A lo largo de los años, la prueba PISA ha arrojado información invaluable sobre la calidad y la equidad de la educación en México y quizá de manera más importante, ha enfocado la atención pública sobre la urgencia de mejorar las oportunidades educativas en las comunidades más marginadas”, indicó la OCDE en un comunicado tras reconocer que México ha sido “uno de los pioneros” en la aplicación de este monitoreo global.
La organización agregó que “la prueba PISA ha permitido realizar un seguimiento detallado sobre el progreso educativo, ha mostrado una ruta hacia la mejora de la educación y ha puesto énfasis en el costo de largo plazo de no hacer nada -en detrimento de la economía y la sociedad de México”.
Para la OCDE en el contexto de la pandemia, que “erosiona la educación y profundiza gravemente las múltiples deficiencias y desigualdades de los sistemas educativos en el mundo”, la información que proporciona la prueba PISA “se ha vuelto cada vez más crucial para asegurarse de que el futuro de las y los estudiantes y profesores no se vea comprometido, particularmente de aquellos que viven en mayor marginalidad”.
Al resaltar que “no se puede mejorar lo que no se puede medir”, la OCDE destacó que en la prueba participan no sólo los 37 integrantes de la organización, sino también otros 50 países que no son miembros y 25 que se preparan para la siguiente prueba, en tanto que “con excepción de Bolivia, Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, todos los países del continente americano participan o se preparan para participar en PISA”.
De acuerdo con el último infirme PISA 2018, México se ubicó en los últimos lugares entre los países de la OCDE, al revelarse que 45% de los estudiantes tiene deficiencias en lectura; 56% en matemáticas y 47% en ciencias.
Sobre la información dada a conocer este sábado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) de que México suspendió la aplicación de la prueba PISA, decenas de organizaciones de la sociedad civil mexicanas, indicaron que “en 2020 ya se hizo la inversión y las correspondientes transferencias internacionales para aportar al diseño de los instrumentos, las muestras y los reportes, pero lo que está en vilo ahora es la seguridad de que el operativo en el campo mexicano se realizará en tiempo y forma”.
En un pronunciamiento, emplazaron a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a la Comisión Nacional de Mejor de la Educación (MEJOREDU) “para que aclaren con precisión que México estará listo a participar en el operativo de PISA en el año 2022 y que hay un compromiso de plena transparencia para el fondeo, la educación y la difusión de los resultados”.
Para los activistas “una visión progresista de la justicia educativa es una en la que niñas, niños y jóvenes ejercen su derecho a una educación que brinde aprendizajes relevantes y fortalezca su ciudadanía, pasa por tener diagnósticos sólidos y conocidos públicamente”.
Las organizaciones aseguraron que los resultados de la prueba PISA “han permitido identificar algunas limitaciones estructurales de nuestro sistema escolar, así como propiciar prácticas efectivas, implementadas por autoridades y por los docentes mismos de educación básica y media superior”.
Según los firmantes la evaluación permite “conectar el desempeño de los estudiantes con la escolaridad de sus familias, su estado socioemocional, las opiniones de sus directivos y maestros sobre la escuela y sus procesos”, favoreciendo a los “ajustes y acciones adicionales para no dejar a nadie fuer a y no dejar a nadie atrás”.
Consideraron que ante el cierre de lo planteles educativos por la pandemia, lo que afectó “las formas de aprender y las oportunidades de cerrar brechas educativas”, se hace necesario un “diagnóstico sólido” que favorezca “la restitución efectiva del derecho a la educación de niñas, niños y jóvenes en México en los esfuerzos pos pandemia”.
Los firmantes apuntaron que los resultados de PISA han servido para generar un marco curricular común y “facilitar el tránsito entre distintos tipos de bachillerato; a la ampliación de horas dedicadas a matemáticas en el plan de estudios; a poner acento en la lectura de comprensión como meta dentro de los primeros años de primaria”, además de han servido “en el diseño y ejecución de programas de la actual administración como Educación Dual y Jóvenes Construyendo el Futuro, con acento en las habilidades concretas para la trayectoria educativa”.
Entre las organizaciones que firman el pronunciamiento están las integradas en la Coalición para la Participación Social en la Educación, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), de la Red por la Infancia y la Adolescencia (RIA), la Red de Jalisco Educado, Mexicanos Primero, así como los ocho integrantes de la sociedad civil en el Sistema de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).
También firman #Abre mi Escuela, Coordinación del Pacto por la Primera Infancia, Fundación Juconi México, Inclusión Ciudadana, Melel Xojobal, Plan Internacional, #PresencialEsEsencial, Promotora Social de México, Save the Children, Servicios a la Juventud y Vía Educación.
