El acoso judicial contra periodistas de México y Colombia ha crecido de forma “alarmante” en los últimos años, reveló este lunes el informe “Leyes del silencio” de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y la organización Artículo 19.
En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, este 3 de mayo, la FLIP informó de 36 casos de acoso judicial en Colombia en 2020 frente a los 14 de 2017, mientras que en México, Artículo 19 registró 39 casos en 2020 frente a solo uno en 2015.
“Es alarmante que en Colombia y México el aparato judicial sirve al interés privado en lugar de al público. El acoso judicial castiga al mensajero y daña el derecho del público a recibir información”, declaró Maria Ordzhonikidze, directora de la Fundación Justicia para Periodistas (JFJ, en inglés).
EN VIVO: Hoy @FLIP_org y ARTICLE 19 publicamos el informe: “Leyes del silencio, acoso judicial contra periodistas y personas defensoras de DDHH en México y Colombia” 🇲🇽🇨🇴.
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— ARTICLE 19 MX-CA (@article19mex) May 3, 2021
El reporte se publica cuando México llega al Día Mundial de la Libertad de Prensa como el país más peligroso para ejercer el periodismo del hemisferio occidental, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, en inglés).
Artículo 19 contabiliza 17 periodistas asesinados en los poco más de 2 años de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, además de 692 agresiones en 2020, de las que 49.5 por ciento fueron cometidas por funcionarios públicos.
A las agresiones físicas se suma el acoso judicial en México, cuyos estados contemplan “los delitos contra el honor”, como la calumnia o la injuria, además de legislación civil que permite demandar por difamación, apuntó Silvia Ruiz, investigadora de Artículo 19.
Los funcionarios públicos y las personas que trabajan en el sector privado pero con proyección pública recurren a estas figuras legales “para desincentivar y censurar la crítica”, advirtió la experta.
“En este contexto donde va en aumento la violación a los derechos humanos de personas defensoras y periodistas es sumamente preocupante que este tipo de delitos se mantengan tipificados en la mayoría de las entidades federativas”, sostuvo.
Juan Pablo Madrid-Malo, coordinador del Centro de Estudios de Libertad de Expresión en la FLIP, describió un contexto similar en Colombia.
“El abuso de las herramientas judiciales para intimidar periodistas va en aumento y no cesa, también es importante mencionar que puede ser que estas cifras cuenten con un subregistro porque hay casos que no se hacen públicos”, aseveró.
En la presentación, el periodista mexicano Sergio Aguayo expuso su caso al narrar la demanda por “daño moral” que le interpuso Humberto Moreira, exgobernador del norteño estado de Coahuila, quien le exige un pago de 10 millones de pesos.
El también académico del Colegio de México (Colmex) aseguró que el exgobernador tiene vínculos con un magistrado de la capital.
En tanto, la periodista colombiana Mariángela Urbina habló del acoso diferenciado por género, pues incluso dentro del gremio las mujeres afrontan escepticismo.
“Normalmente cuando las mujeres periodistas decimos estas cosas, también se nos juzga y se nos señala, entonces es importante que ustedes como hombres periodistas ingresen a esta conversación”, comentó.
