En 2020, y por primera vez desde que se tiene registro, los recursos públicos destinados a adjudicaciones directas hechas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, fueron mayores a aquellos contratados mediante licitaciones públicas.
Según datos de Compranet, el gobierno realizó adjudicaciones directas que alcanzaron los más de 205 mil 195 millones de pesos, lo cual representó el 43% del monto contratado en todo el 2020.
Mientras que en el mismo periodo, las compras realizadas por licitación pública apenas alcanzaron el 40%.
Antes, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) había documentado, a través de un análisis de más de 350 mil contratos, que en el primer año del gobierno de López Obrador el porcentaje del monto adjudicado fue cuatro puntos mayores al de 2018.
Se pasó de 35% a 39%, y en el segundo año de administración, la cifra rompió el récord, superando cualquier otro tipo de contratación.
Según el IMCO, la tendencia creciente de las adjudicaciones directas significa un foco rojo para la competencia, ya que su contraparte, la licitación pública, se basa en concursos con convocatorias abiertas que dan apertura a más participantes del mercado.
En contraste, los proceso directos limitan el número de participantes, lo cual dificulta la oportunidad de encontrar, entre otras cosas, precios más bajos.
Otra consecuencia del aumento de adjudicaciones directas es que puede representar un riesgo de corrupción, ya que la decisión de contratación puede estar influenciada por acuerdos ilícitos, señaló el IMCO.
La misma Constitución, en su artículo 134, establece que las compras públicas deben de ser realizadas mediante licitaciones públicas, salvo casos excepcionales.
Incluso, la administración de Andrés Manuel López Obrador, definió en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 que como parte de su estrategia para erradicar la corrupción se comprometía a ‘prohibir las adjudicaciones directas’.
“Tal es el propósito de tipificar la corrupción como delito grave, prohibir las adjudicaciones directas, establecer la obligatoriedad de las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses de todos los servidores públicos, eliminar el fuero de los altos funcionarios, fomentar la colaboración internacional tendiente a erradicar los paraísos fiscales, monitorear en línea y en tiempo real el dinero para adquisiciones y realizar verificaciones obligatorias de los precios de mercado antes de cualquier adquisición”, se lee en el documento.
Sin embargo, a pesar de esto, en 2020 casi 1 de cada 2 pesos gastados por el Gobierno federal fue contratado mediante adjudicaciones directas e invitaciones restringidas.
“Los procedimientos establecidos como la excepción se han convertido en la regla de contratación del Gobierno federal”, aseveró el IMCO a través de un boletín.
Ya desde antes los contratos por adjudicación directa estaban en cifras altas y constantes, en específico de 2013 a 2020. Tanto en el gobierno de Enrique Peña Nieto, como en el de Andrés Manuel López Obrador, el porcentaje de contratos por este tipo de adjudicación fue mayor al 70%. Y de 2015 a 2019, en cinco años, el porcentaje fue mayor al 80%.
A su vez, a partir de 2019, hubo un cambio importante en las adjudicaciones directas e invitaciones restringidas de las dependencias federales: no solo 8 de cada 10 contratos fueron realizados de esta forma, sino que también representan una mayor cantidad de recursos.
De contrataciones y adjudicaciones
Cabe recordar, como lo hizo Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, en su trabajo “Adjudicaciones Directas: la realidad del ayer y hoy”, que cuando el gobierno contrata o compra un bien, un servicio o una obra pública tiene tres alternativas.
La primera es hacer una licitación pública, que según el propio gobierno federal es un procedimiento de contratación por el que, a través de una convocatoria pública, el Estado se obliga a celebrar un contrato de adquisición con aquel interesado que cumpla los requisitos de tal convocatoria y que ofrezca las mejores condiciones de contratación.
“Dicho procedimiento se encuentra abierto a todos aquellos interesados que reúnan los requisitos previstos, de ahí que la licitación pública sea un procedimiento cuya esencia se encuentra en la competencia”, relata el gobierno en su página web.
La segunda alternativa es invitar por lo menos a tres participantes para contratar al que ofrezca las mejores condiciones.
Según la Contraloría es un “proceso administrativo para adquirir, arrendar o contratar, invitando a por lo menos tres oferentes a presentar propuestas, estos actos tienen en esencia las mismas formalidades de una licitación pública, a excepción de que no son procedimientos públicos en los que pudiera participar cualquier interesado”.
Y por último, está la adjudicación directa, con la cual se contrata sin que haya un procedimiento de competencia y de la que esta nota ya hizo referencia.
