En el mes de octubre del 2018 se inauguró “La Latina International”, una tienda que se convirtió en una celebración de muchos inmigrantes en Oxford. Aquel evento incluyó arna asada, música y juegos para los niños. Miguel Morales, quien era el nuevo dueño inauguró el establecimiento cortando un listón rojo con una sonrisa.
A simple vista esto es lo que se anunció del evento en la pagina de Facebook del negocio. Sin embargo, pocos sabían lo que había detrás de esto. Morales se dedicaba a proveer mano de obra a varias granjas de hongos en el Condado de Chester, también en otros sitios.
Asimismo, tenía la responsabilidad de cuidar a sus trabajadores, quienes dormían en 11 propiedades suyas. Él los transportaba, les ayudaba a cambiar sus cheques y a enviar dinero a sus familias en sus países, todo lo anterior desde su tienda ‘La Latina International’
El acaudalado Morales fue investigado por más de dos años. De hecho, la investigación dejó en evidencia que le cobraba alquiler a sus trabajadores y también cobraba por cada viaje o recorrido que hacían en sus camioneras.
Las condiciones en que los mantenía incluso los impedía pedir ayuda. De hecho este hombre abusó laboralmente de cientos de indocumentados. Entre sus victimas se hallaron seis guatemalteco que hablaban dialecto.
De acuerdo con su declaración, ellos viajaron a EE.UU. para trabajar con la agencia de Morales.
Esta agencia, venía operando así desde hace 4 años hasta el 14 de abril de este año, cuando Morales fue arrestado. Ya que todo este sistema es ilegal.
Desde 2018 y hasta su arresto el pasado miércoles, Morales operó este sistema ilegal, según los fiscales.
Sumado a esto, “Morales Contractor” no pago sus impuestos por varios años. De hecho cometió fraude al fisco, con lo cual quedó a deber más de 2 millones de dólares entre el año 2015 y 2018. Para 2020 tenía un cargo de 920 mil dólares por los 3.6 millones de dólares en salarios que recibieron sus empleados.
Lo trabajadores declararon al Departamento de Justicia (DOJ) ganar un sueldo de 10 dólares la hora el año 2020.
El empleador fraudulento de 48 años ha sido acusado por el gobierno estadounidense de transportar indocumentados, declarar falsamente y por fraude fiscal. Aunque sigue en juicio, si la corte lo declara culpable su condena sería de 250 años de prisión. Además Morales tendría que pagar una multa de 8.7 millones de dólares. Lo anterior según la Fiscalía.
El gobierno acusa a Morales, de 48 años, de conspiración para transportar indocumentados, realizar declaraciones falsas a las autoridades y fraude fiscal. Si es declarado culpable recibiría una condena de hasta 250 años de prisión y una multa de 8.7 millones de dólares, advierte la Fiscalía en un comunicado.
Las más necesitados, víctimas de Morales
Las autoridades federales detuvieron a cuatro presuntos cómplices, acusados de apoyar a transportar a los indocumentados y al fraude fiscal. Actualmente la sentencia de estos presuntos culpables van de 5 a 85 años en la cárcel. También pagaran una multa de 2.2 millones de dólares.
“Este caso trata sobre explotar a los menos afortunados por codicia. Este tipo de fraude no será tolerado en este distrito y estos acusados ahora tendrán que responder a estos cargos”, comentó la fiscal Jennifer Arbittier Williams en un comunicado.
Las granjas a las que Morales proveía de trabajadores son independientes, ellos pagaban a su agencia y éste daba el sueldo a sus trabajadores. Sin embargo, debido a su estatus legal nunca presentó un formulario de declaraciones salariales (W-2), tampoco pagó el gravamen acorde a lo anterior, declararon los fiscales.
Los choferes de Morales transportaron varias veces a migrantes indocumentados. El 3 de enero de 2019 uno de sus cómplices, Santiago García Ramírez, condujo hasta Maryland para recoger a un agricultor identificado como H.H.
Luego de 4 meses, otro cómplice, Oscar Carrillo Pérez se trasladó a Alabama en una camioneta SUV para traer al estado de Pennsylvania a varios indocumentados. Todos los vehículos estaban a nombre de Morales.
“Según la acusación, Miguel Morales y los otros acusados sabían que estaban empleando a trabajadores indocumentados como parte de un plan de varios años para evitar pagar su parte justa de impuestos a Estados Unidos”, dijo la fiscal Williams.
El Servicio de Recaudación de Impuestos (IRS), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la oficina del Inspector General del Departamento del Trabajo y alguaciles del condado Chester en Pennsylvania se hicieron cargo del caso.
