Con un ‘récord’ de una agresión a un periodista cada 13 horas, el segundo año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue el año con más ataques a la prensa en México en más de una década.
Así lo documentó Artículo 19, organización de la sociedad civil que en 2009 comenzó a llevar un registro de las agresiones a la libertad de expresión en el país.
De acuerdo con su último informe ‘Distorsión: el discurso contra la realidad’, que presentó este martes 22, Artículo 19 registró el año pasado 692 agresiones a periodistas y medios de comunicación; un incremento del 13.62% en comparación con el primer año de administración ‘lópezobradorista’ que ostentaba el récord con 609 agresiones.
Del total de agresiones a la prensa en 2020, 3 de cada 10 fueron en contra de mujeres periodistas. Y casi la mitad del total fueron cometidas por los propios agentes del Estado mexicano, principalmente por funcionarios públicos (188 casos), fuerzas de seguridad civiles (144), y fuerzas armadas (11), siendo la Ciudad de México, Puebla, Quintana Roo, Veracruz y Oaxaca, el top 5 de las entidades donde más ataques se perpetraron.
Además de las agresiones, en 2020 se cometieron los asesinatos de seis periodistas, por lo que suman 17 en total en el nuevo sexenio. Sin embargo, la impunidad continúa manteniendo niveles muy altos: hasta en el 98% de los casos denunciados ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), la agresión a un periodista quedó impune y los agresores en libertad.
“Fantoches, pasquín inmundo, hipócritas…”
A pesar del aumento de la violencia en contra de la prensa, Leopoldo Maldonado, director de la oficina de Artículo 19 en México, destacó en entrevista que el Gobierno Federal ha debilitado presupuestalmente a instituciones como el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, o la Comisión Especial de Atención a Víctimas (CEAPP). Y por el contrario ha fomentado, especialmente desde la tribuna de las ‘mañaneras’, una estrategia de ataques verbales y descalificaciones continuas hacia la prensa crítica.
“Fantoches, conservadores, pasquín inmundo, hipócritas, doble cara, prensa ‘fifí’, neoliberales, mafia del poder”, son tan solo algunos de los adjetivos que el presidente dedica prácticamente a diario a los medios de comunicación y periodistas que entiende que son contrarios a su gestión, provocando, de acuerdo con Maldonado, dos cosas: una, que se desvíe la atención de lo documentado en las notas periodísticas, “convirtiendo su discurso, y no sus acciones, en la nota”. Y dos, pintar ante la ciudadanía “una imagen negativa de la prensa crítica, que justifica la violencia en su contra”.
Se trata “de una estrategia de división y de estigmatización, que convirtió las conferencias mañaneras en el escenario clave para discriminar entre la supuesta única fuente de información confiable (el gobierno) y los adversarios (la crítica)”, subrayó Artículo 19.
Esta estrategia de división y estigmatización, además, ya es replicada por mandatarios de otros estados. Por poner un ejemplo: en Baja California, donde también gobierna el partido del presidente, Morena, la estigmatización oficial y las campañas de desprestigio contra la prensa representan hasta el 22.34% de las agresiones perpetradas por personas funcionarias públicas.
“Vemos con preocupación que hay un discurso permisivo de agredir a la prensa desde la propia mañanera del presidente, que está siendo tomado por otros actores políticos como un permiso para agredir, insultar, denostar, y estigmatizar continuamente a la prensa. Creemos que esto va a seguir generando un efecto cascada en las agresiones a la prensa”, recalcó Maldonado, que planteó que ese clima de permisión también ha generado el incremento de los ataques a la prensa en Internet y redes sociales: de las 692 agresiones documentadas en 2020, 191 fueron digitales (el 27.6%).
Sobre este punto, Artículo 19 señaló los casos de medios de comunicación digitales, como Animal Político, Ríodoce, o la versión digital del diario Noroeste, que sufrieron ataques informáticos para inhabilitar su sistema de suscripciones o para ‘tirar’ sus páginas web.
“Ante este tipo de ataques digitales, las autoridades muestran una total inoperancia e incapacidad para prevenirlos, o en su caso identificar y sancionar a los responsables”, expuso la organización civil.
Publicidad oficial, discrecional y concentrada en unos pocos
Por otra parte, Leopoldo Maldonado dijo que, si bien se ha reducido hasta en un 80% el el dinero que se gasta desde el Ejecutivo en publicidad oficial y comunicación social en comparación con el último año de Peña Nieto, la asignación del gasto continúa siendo discrecional, sin reglas claras, y concentrado en unos pocos medios, tal y como sucedía en sexenios anteriores.
“El nido de la víbora, en términos de censura sutil, o censura indirecta, no ha sido destruido en México porque no se quiere regular la publicidad oficial, ni establecer criterios claros y transparentes de asignación de recursos”, planteó Maldonado.
Sobre esto, otro dato: hasta el 54% del total ejercido en publicidad oficial se repartió únicamente entre 10 medios, que recibieron 1 mil 248 millones de pesos. Las empresas que más dinero recibieron fueron Estudios Azteca (148 millones 505 mil pesos), La Jornada (137), y Grupo Televisa (114).
El 46% restante del dinero en publicidad gubernamental se repartió entre 387 medios.
Además, durante prácticamente todo el 2020 hubo un subejercicio en el presupuesto asignado y no fue hasta diciembre que se erogó el 44.3% de los recursos, lo cual, según Artículo 19, es “inadecuado” si se toma en cuenta que parte de ese dinero público debió de haberse destinado, por ejemplo, a realizar campañas informativas sobre la pandemia de Covid 19 durante todo 2020, y no solo al final del año, cuando ya se había superado ampliamente la barrera de los 100 mil decesos por la enfermedad.
Sobre este punto, Artículo 19 también resaltó que la Secretaría de Salud únicamente utilizó alrededor de 14 millones de pesos en 2020, a pesar de la pandemia, ocupando el lugar 11 de las instituciones gubernamentales por gasto en comunicación social.
La dependencia que más gastó fue el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con 331 millones, seguido del ISSSTE, con 144 millones, y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con 81 millones.
Continuando con el tema de la pandemia, la organización defensora de la libertad de expresión también criticó que, además del asedio de las instituciones y los ataques del crimen organizado, la prensa enfrenta otro enemigo: la precariedad laboral en sus empresas.
Desde que inició la emergencia sanitaria en marzo de 2020, un total de 99 periodistas fallecieron víctimas de la COVID- 19.
“Ello da cuenta de la falta de medidas mínimas para garantizar los derechos laborales y de seguridad social que enfrentan miles de comunicadores en este país”, señaló Artículo 19.
En conclusión, Lepoldo Maldonado aseguró que, a pesar del discurso gubernamental que insiste en que en México “ya no se violan los derechos humanos”, la situación “continúa siendo muy precaria”.
“Sigue sin haber las condiciones de seguridad para ejercer de manera robusta, libre, crítica y segura, el periodismo en México”, concluyó el activista.
