Actualizar la forma en que se ofrecen las alternativas tecnológicas, para poder estar a la vanguardia en un mundo que se rige por la información y el conocimiento, donde no solo los negocios, los gobiernos, la educación, la salud, la comunicación, requieren de un andamiaje jurídico adecuado para poder encontrar respuestas a las necesidades que hoy enfrentamos, aseguró el diputado priista, Jorge Villaescusa Aguayo, quien presentó una iniciativa de reforma constitucional para promover el uso de las plataformas tecnológicas para toda la administración pública estatal, municipios y organismos autónomos.
“Hablamos de una ley marco, una categoría que podría encuadrar en llegar a ser una Constitución Digital”, agregó, “una ley superior que establezca los principios normativos y los derechos que se requieren para situar al estado de Sonora a la altura de las exigencias globales y ponerse a la vanguardia en la digitalización de su gobierno”.
Villaescusa Aguayo, mencionó que entre los beneficios que se esperan de este andamiaje jurídico, están un gobierno que ofrezca soluciones, con mayor Inter operatividad, más barato y con mayor rendimiento y que por ende también facilite la llegada de inversiones que se conviertan en un motor adicional del desarrollo estatal; así como de protección y reglamentación de los posibles ciberdelitos que pudieran presentarse en el ciberespacio.
Es importante, señaló, plantear un futuro que contemple un gran pacto digital, estableciendo la modernización de las políticas y marcos regulatorios para garantizar una competencia justa; un compromiso con la innovación, el emprendimiento y la inversión; y, un acuerdo colectivo sobre cómo asegurar la sostenibilidad de la digitalización basado en más inclusión, transparencia, responsabilidad y equidad.
Esta propuesta se basa en la realidad actual, detalló, en la que todo el mundo se vio obligado a transformar y redefinir aspectos de la vida diaria, nuevos modelos de negocio y de trabajo, al aprendizaje, el ocio y la participación democrática, ya que “el coronavirus nos aceleró los tiempos y ahora tenemos encima compromisos que habíamos tomada con relativa planeación”.
Resaltó que los beneficios de la digitalización deben llegar a todos los ciudadanos para crear una sociedad más inclusiva, por tanto, es necesario contar con la infraestructura para la conectividad, lo cual requiere de la colaboración de todas las partes implicadas: entes públicos, academia, investigadores, empresa e interesados en general para para acceder a una legislación fuerte, consensuada, aceptada y fruto de la participación.
“Hoy solicitamos a esta soberanía que nuestra constitución contempla ya, lo que en los hechos y la práctica se vive día con día y es necesario darle reconocimiento, legalidad y legitimidad a un campo y una materia como son los procesos de gobierno electrónico o digital en favor de los ciudadanos y de una mejor administración pública”, añadió, “mediante esta norma superior, se pueden ya establecer leyes secundarias y reglamentos que nos preparen a todos para llegar a la gobernanza digital, que sería la aspiración final”.
