En medio de la crisis económica que sacude al mundo por la pandemia del Sars-Cov-2, la violencia que vive Sonora es otro problema con afecciones en la producción de bienes y servicios en el estado y con impacto en el bolsillo de la sociedad.
Hasta el tercer trimestre de 2020, Sonora tuvo su peor recesión económica en 18 años, y es que el Producto Interno Bruto decreció 6.6% entre enero y septiembre. A pesar de este retroceso económico, el 1.5% del PIB estatal fue destinado para la protección de hogares y empresas contra la inseguridad.
Según las encuestas de Victimización y Seguridad Pública y Victimización Empresarial de 2020 presentadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los sonorenses gastaron 8 mil 200 millones de pesos para proteger sus hogares y 2 mil 546 millones para resguardas las empresas contra algún delito, lo que da un total de 10 mil millones 746 mil pesos.
Estas cifras coinciden con el mayor registro anual de homicidios en la historia de la entidad por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, organismo que contabilizó el asesinato intencional de mil 362 personas. Otros delitos que tuvieron su auge en 2020 y afectaron al comercio local fueron los 9 mil 225 robos. Durante este periodo, 758 negocios y 14 transportistas fueron víctimas de este delito, además de que se abrieron carpetas de investigación por el hurto de 98 cabezas de ganado, 87 máquinas de trabajo, 63 herramientas industriales o agrícolas y seis tractores.
El INEGI también dio a conocer que 35% de los negocios y empresas en Sonora sufrieron algún delito el año pasado, es decir, 42 mil comercios de 122 mil registrados fueron víctimas del crimen. Dentro de estos delitos los más comunes fueron el asalto a mercancías y la extorsión.
El académico Marco Antonio Cordóva Galvez, vicepresidente del Colegio de Economistas de Sonora, comentó que “todo clima de violencia e inseguridad está relacionado con la actividad económica. La delincuencia y la violencia pueden inhibir la actividad productiva, provocando a mediano y largo plazo una disminución del crecimiento económico”.
Marco Antonio Cordóva retomó los casi 11 mil millones de pesos gastados en seguridad para señalar que los hogares y negocios tienen que destinar menos recursos a otras cosas para protegerse de la violencia.
“Es un problema estructural a nivel nacional y de años que probablemente con el efecto pandemia se extendió un poco por la necesidad de la gente de buscar ingresos ante el desempleo”, explica el especialista sobre la relación de la desocupación laboral que trajo la pandemia y el incremento delictivo.
Ante estas cifras, el economista y analista Alejandro Romero Ayala considera que el estado ha alcanzado niveles de inseguridad alarmantes, pero cree que aún hay tiempo para evitar que la violencia tenga repercusiones graves en la economía.
“No hemos llegado a ese grado, sin embargo estamos cerca de alcanzarlo”, comentó y señaló como foco rojo a Cajeme, Guaymas y Caborca, tres de los municipios más violentos del estado y con mayor impacto en los ingresos, donde sugirió a las autoridades enfocarse en materia de seguridad, pues no descarta que se hayan aplazado o repensado inversiones en dichas entidades.
El turismo, una de las principales actividades de Sonora, es una de las más afectadas por la situación del estado. Alejandro Romero recordó que en los últimos años el gobierno de Estados Unidos de América ha recomendado por motivos de seguridad a sus ciudadanos no visitar Sonora y explicó que esto impacta a municipios como Guaymas, donde el sector hotelero informó que este año se cancelaron 90% de las bodas de turistas programadas en San Carlos, eventos que habían venido a la alza en los últimos años.
También hizo hincapié en Caborca por su importancia en la minería y recalcó que las mineras “se han visto asaltadas y afectadas por grupos delincuenciales que les roban cargamentos y afectan sus operaciones. Eso se puede convertir en un factor que bloquee inversiones”.
Pero consideró a Cajeme como la localidad que corre más peligro, pues Ciudad Obregón se está consolidando como una de las zonas más violentas del país y cree que si dicha fama continúa creciendo puede ahuyentar o aplazar las inversiones en ese municipio.
DESDE LA PERSPECTIVA EMPRESARIAL
Julio César Pablos Ruiz, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Cajeme, explicó que la ola de violencia ha golpeado a sectores como el turístico y el comercio, pero las inversiones en la entidad no se han visto afectadas, pues existen otros factores que hacen atractivo a Sonora para las empresas.
“Hay alrededor de diez parámetros que las empresas analizan, entre ellas está la seguridad pública que es importante porque a ninguna empresa le gusta estar en un ambiente tóxico, pero no es determinante porque si ese lugar tiene otros atributos iguales o más atractivos como su ubicación y los recursos, esa inversión fluye y llega”, detalló el empresario.
Prueba de ello es Cajeme, municipio que ha tenido un incremento considerable en delitos de alto impacto desde 2009 y, a pesar de ello, ha generado 25 mil 500 empleos en 11 años, según lo reportado por el líder de la Canacintra.
Reveló que los grupos empresariales han tenido reuniones con el capitán Candido Tarango Velázquez, nombrado en noviembre secretario de Seguridad Pública de Cajeme, quien les ha transmitido confianza y les ha compartido su estrategia contra el crimen. Sin embargo, considera que hasta ahora no ha visto resultados y observa a un gobierno federal poco comprometido para reducir la inseguridad.
