Un juez federal desechó un juicio de amparo de Felipa Guadalupe Obrador Olán, prima del presidente Andrés Manuel López Obrador, por consideralo “notoriamente improcedente”, con el que buscaba seguir participando en licitaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex).
En el amparo promovido señala que el memorándum 016/06/13/19, del 13 de junio de 2019, emitido por el presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, dirigido a los secretarios del Gobierno Federal, directores de empresas u organismos paraestatales y a los servidores públicos en general (al provocar, según aduce la promovente, vulneración a su derecho al trabajo, por vetarla y no poder realizar contratos con empresas públicas y privadas, al ser la apoderada de la sociedad quejosa, prima del presidente).
Felipa Guadalupe Obrador se refiere concretamente a la resolución dictada el 10 de diciembre de 2019, por el coordinador de Abastecimiento para Explotación y Producción, residente en Villahermosa, Tabasco, en el que se determinó la rescisión del contrato de servicios número 688220805, por incumplimiento del proveedor.
El pasado 16 de diciembre de 2020, Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que rescindió cuatro contratos por un monto global de 312 millones de pesos a las empresas relacionadas con Litoral Laboratorios Industriales -propiedad de la prima del presidente-, además de relevar de su cargo a diversos funcionarios de la petrolera estatal empresa, después una amplia revisión de su relación comercial.
Las empresas a las que se les canceló su contrato son Marinsa de México, Química Apolo, Maren Marine Energy, Movilab, Mensurada, Laboratorios ABC Química, Investigación y Análisis y Gamatek.
La decisión, según comentó la petrolera, tiene que ver con la contravención a la instrucción del presidente de México, consistente en evitar que “se lleven a cabo negocios de miembros de su familia con el gobierno”.
Como consecuencia fue relevado de su encargo el gerente de contrataciones de la Coordinación de Abastecimiento para Pemex Exploración y Producción, Alejandro Flores Torres.
Para determinar su grado de omisión, se encuentran en proceso de investigación laboral los servidores públicos Claudia Angélica Velarde Torres y José de Jesús Corrales Arroniz, quienes participaron representando a las áreas jurídica y técnica, respectivamente.
La suma de las partidas asignadas a estas empresas podría ascender a 312 millones de pesos para los cuatro contratos rescindidos. A Litoral Laboratorios Industriales, propiedad de la prima del presidente, le habría correspondido un monto máximo de 77 millones 700 mil pesos.
