La Administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, solicitó al Tribunal Supremo que retire de su calendario la presentación de los argumentos del Gobierno sobre la financiación del muro fronterizo y un programa que obliga a los solicitantes de asilo a esperar por su proceso en México.
La exposición de los argumentos en estos casos estaba prevista para el 22 de febrero y el 1 de marzo, respectivamente, pero en escritos la procuradora general interina de Estados Unidos, Elizabeth Prelogar, pidió su retiro de la agenda.
La solicitud se interpuso después de que Biden congeló el pasado 20 de enero, en su primer día en la Casa Blanca, la construcción del muro en la frontera con México y suspendió las nuevas inscripciones en el programa Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, en inglés), también conocido como “Permanezca en México“.
Bajo ese programa, unas 68 mil 700 personas han sido devueltas a México para aguardar por sus citas ante las cortes estadounidenses, detalla en su documento Prelogar.
“La Administración ha pedido a la Corte retirar el caso de su calendario del mes de febrero mientras evalúa ‘la legalidad de los métodos de financiación y obtención de contratos usados en la construcción del muro’”, señaló en un comunicado la organización medioambiental El Sierra Club, que junto a la Coalición de Comunidades Fronterizas del Sur demandó la iniciativa del ahora expresidente Donald Trump.
La nota indicó que en 2019 una corte de distrito y un año más tarde la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito tipificaron como ilegal el intento de Trump de transferir 2 mil 500 millones de dólares procedentes de salarios y fondos de retiro de militares a la construcción de la valla fronteriza.
El traslado de fondos estaba amparado en una emergencia nacional que el entonces mandatario declaró en febrero de 2019 y la cual le otorgaba un poder especial para hacer frente a un problema cuando el país está “amenazado por una crisis, exigencia o circunstancias de emergencia” que no sean guerras o desastres naturales.
Pese a las decisiones de las cortes menores, una suspensión por parte del Supremo permitió que Trump siguiera destinando esos fondos a su proyecto bandera.
“Nos complace ver una pausa en la construcción del muro mientras la Administración Biden decide si defender la desastrosa e ilegal declaración de emergencia nacional”, dijo Gloria Smith, abogada de Sierra Club.
También el pasado 20 de enero el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que un día después dejaría “de agregar individuos al programa” a la espera de “una nueva revisión” del MPP.
La procuradora general interina pidió este lunes al Supremo que en este caso se suspendan las sesiones informativas y que mantenga en suspenso otros procedimientos “para permitir la finalización de esa revisión.
Prelogar señaló al Supremo que la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que representa a los demandantes en las dos causas, estuvo de acuerdo con la solicitud.
