El programa migratorio ‘Quédate en México’, que expulsó a más de 70.000 migrantes y refugiados de EE.UU., generó un desastre humanitario sin precedentes en la frontera, ya que derivó en secuestros, torturas, extorsiones, desapariciones forzadas, explotación sexual, falta de atención sanitaria en plena pandemia y abusos sistemáticos por parte de instituciones del Estado mexicano.
Así lo denunció el informe ‘En la boca del lobo‘ que fue elaborado por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, y en coordinación con el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), Asylum Access México y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
En el documento, las organizaciones analizan los resultados de un programa que entró en vigencia el 29 de enero de 2019 por iniciativa del expresidente de EE.UU. Donald Trump y que su sucesor, Joe Biden, ya suspendió como parte de los cambios que aplicará en materia de política migratoria.
“Pero los daños realizados por el programa han sido profundos”, aseguró el informe, que cuestiona el papel que jugaron tanto el Gobierno estadounidense como el mexicano en la desprotección de ciudadanos que enfrentan altos grados de vulnerabilidad.
“El título del informe fue tomado del testimonio de una migrante que afirmó que los mandaban a “la boca del lobo”, ya que la frontera norte mexicana es uno de los lugares más hostiles de la región
“Más de 70.000 personas fueron devueltas de EE.UU. a ciudades fronterizas mexicanas en espera por sus audiencias judiciales de asilo. Aunque el Gobierno mexicano aceptó el programa, no ha cumplido con su compromiso de brindarles trabajo, acceso a la salud, a la vivienda y a educación y de garantizar su seguridad”, afirmó.
Las y los afectados, agregó, enfrentaron una multiplicidad de situaciones de riesgo social que se agravaron aún más por la pandemia de coronavirus, que provocó la suspensión de las audiencias en las que debían resolverse sus trámites migratorios.
“Este contexto ha contribuido a graves violaciones de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiados, que han huido de la violencia física y estructural en sus países de origen y aún siguen siendo sumamente vulnerables. Los Gobiernos de México y Estados Unidos tienen la obligación de colaborar entre ellos para proteger a estas personas, y revertir por completo ‘Quédate en México'”, advirtió.
Tragedia interminable
A lo largo de 91 páginas, el informe narra los abusos de las autoridades mexicanas a las personas migrantes, en particular por parte del Instituto Nacional de Migración, la Policía Federal, y la Guardia Nacional.
También subraya los nulos esfuerzos del Gobierno mexicano por garantizar la seguridad, la integridad y la vida de las y los solicitantes de asilo en EE.UU. y que han sido obligados a permanecer en las ciudades fronterizas del norte de México.
Enfatiza, además, que la militarización de las políticas migratorias en México conlleva a una sistemática persecución y uso desproporcionado de la fuerza contra las personas migrantes y con necesidades de protección internacional.
De hecho, el título del informe fue tomado del testimonio de una migrante que afirmó que los mandaban a “la boca del lobo”, ya que la frontera norte mexicana es uno de los lugares más hostiles de la región y alberga a tres de las ciudades más peligrosas del mundo: Ciudad Victoria, Tijuana y Ciudad Juárez, las cuales son controladas por el crimen organizado, a lo que se suma la corrupción estatal.
El 68 % de los refugiados y migrantes beneficiarios de sus programas de atención fueron víctimas de múltiples formas de violencia, entre las que se cuenta la violencia sexual
Las cifras documentadas en el informe dan cuenta de la tragedia permanente: en 2018, la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes atendió a 36.190 personas que denunciaron 3.777 agresiones. De ellas, 881 personas fueron víctimas de grupos armados y 542 identificaron a los perpetradores como integrantes de las fuerzas de seguridad estatales.
Médicos Sin Fronteras reveló que el 68 % de los refugiados y migrantes beneficiarios de sus programas de atención fueron víctimas de múltiples formas de violencia, entre las que se cuenta la violencia sexual reportada por un tercio de las entrevistadas.
La organización Human Rights First (HRF), por su parte, ha registrado más de 800 ataques violentos contra personas que buscan asilo, incluidos casos de asesinato, violación. En el caso del delito de secuestro a cambio de rescate, fueron afectados por lo menos 200 de menores de edad.
Los secuestros ocurren con mayor frecuencia en centrales de autobuses, calles, carreteras, hoteles, albergues y en las adyacencias de los módulos del Instituto Nacional de Migración luego de que las personas son devueltas a México. Tan solo entre noviembre de 2019 y enero de 2020 se documentaron 80 secuestros y 19 intentos de secuestro de solicitantes de asilo incorporados al programa ‘Quédate en México.
Mujeres y menores
De acuerdo con el informe, la situación de las mujeres, adolescentes y niñas secuestradas por las organizaciones criminales es aún más preocupante, porque además de las “labores” que les son encomendadas, son esclavizadas sexualmente, forzadas a ejercer la prostitución o ejecutadas si se niegan a obedecer las órdenes de sus captores.
Los testimonios de mujeres rescatadas han demostrado la existencia de “narcocampamentos” en donde los abusos sexuales son sistemáticos. A fines de 2019, las fuerzas militares estatales liberaron a 467 migrantes que se encontraban secuestradas en estas condiciones en Tamaulipas.
En este sentido, Médicos Sin Fronteras reveló que, según datos recabados en sus servicios de atención, la violencia sexual contra las migrantes en México aumentó en un 143 % entre 2018 y 2019.
Por otra parte, el documento destaca la invisibilización de los femicidios de migrantes, ya que en múltiples casos no se han esclarecido las verdaderas causas de muerte.
Además, señaló, las personas con necesidades especiales o en vulnerabilidad, como las mujeres, personas con discapacidad motora y/o cognoscitiva, indígenas, afrodescendientes, no hablantes del castellano, LGTBIQ, niños, niñas, adolescentes y mujeres embarazadas, viven un doble riesgo.
Otra faceta del desastre humanitario se traduce en la detención de menores de edad, ya que entre 2018 y 2019 casi se duplicó al pasar de 8.525 a 14.279
“Su condición como migrantes –al interceptarse con diversas formas de opresión históricas y sociales como el racismo, la xenofobia, el machismo y la discriminación– aumenta los peligros que corren durante su tránsito, estadía y devolución a contextos tan letales como los de las fronteras norte y sur de México, agravados por la pandemia”, explicó.
Otra faceta del desastre humanitario se traduce en la detención de menores de edad, ya que entre 2018 y 2019 casi se duplicó al pasar de 8.525 a 14.279. La tendencia siguió: entre enero y agosto de 2020 fueron detenidos en estaciones migratorias 7.442 niñas, niños y adolescentes en tránsito por México.
Con respecto al Covid, hasta el pasado 29 de noviembre se habían registrado 3.078 casos de migrantes contagiados, la mayoría de ellos en Ciudad de México, Nuevo León y Chihuahua, y 40 fallecimientos.
Recomendaciones
El 20 de enero, el mismo día que Biden asumió como presidente, el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. anunció la suspensión de nuevos registros en el Programa de Protocolos de Protección a Migrantes, lo que implica un freno a ‘Quédate en México’.
Sin embargo, advirtió que todos los participantes actuales del programa deben permanecer donde se encuentren, “a la espera de información oficial adicional”.
En esa situación se encuentran alrededor de 28.455 personas que siguen esperando la resolución de sus casos de asilo en las ciudades fronterizas mexicanas, entre las que se incluyen familias con niños que ya tienen audiencias programadas en los Estados Unidos.
Por eso, el informe advierte que el Gobierno de Biden debe permitir que esta población ingrese a EE.UU. de manera controlada y monitoreada, para que puedan esperar sus audiencias de asilo acompañadas de sus familias que ya residen allá o de otras redes de apoyo, en lugar de permanecer en situaciones de riesgo en la frontera.
“Adicionalmente, se han cerrado los casos de aproximadamente otras 41.000 personas; esta población merece la oportunidad de volver a solicitar asilo en cualquier embajada o consulado de EE.UU. Si viajan por México, el Gobierno mexicano debe brindarles un documento migratorio para asegurar su estancia legal en el país para que puedan viajar con seguridad hacia la frontera norte”, señala.
El informe culmina con una serie de recomendaciones al Gobierno mexicano para enfrentar la crisis migratoria que es, a su vez, una grave crisis humanitaria.
La primera es construir una política migratoria autónoma de EE.UU., respetuosa de sus mandatos constitucionales, con base en los estándares internacionales de protección de los derechos humanos, migrantes y personas refugiadas.
Enfatiza, también, la necesidad de derogar el acuerdo migratorio entre México y EE.UU., tanto por su ilegalidad como por generar condiciones que atentan contra la vida y dignidad de las personas migrantes y solicitantes de asilo que se ven magnificadas por la pandemia, y de responder de manera adecuada y suficiente para evitar los contagios en la población migrante.
“El desmantelamiento del Programa ‘Quédate en México’ por parte del gobierno de Biden debe realizarse en coordinación con el gobierno mexicano, organizaciones de la sociedad civil, albergues para personas migrantes y otros actores para asegurar que existan las mejores condiciones en ambos lados de la frontera para atender a esta población de forma oportuna, digna y en respeto a sus derechos humanos”, propone.
