Dos empresas asentadas en Sonora, que en 2019 modificaron sus estatutos internos para comenzar a prestar servicios de seguridad privada y ofrecer servicios de investigación a terceras personas, obtuvieron sus permisos de operación ante la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) apenas un mes después de que un funcionario con conflicto de interés tomara posesión de su cargo en la Dirección General de Seguridad Privada (DGSP) de la dependencia.
Los consorcios que lograron los permisos de la DGSP para prestar servicios de seguridad privada son Servicios Integrales Valbón, SA de CV, y Servicios Corporativos Gesapro, SA de CV, compañías que tienen su domicilio comercial en la misma calle de la ciudad de Hermosillo y que también han compartido apoderados legales en licitaciones y documentos del Registro Público de Comercio (RPC).
Las autorizaciones de ambas compañías coinciden con la llegada a la SSPC de Juan Mario Peña Haaz, director de Evaluación del Desempeño de Servicios Permisionados de la DGSP, funcionario que, además, es hermano de Hipólito Peña Haaz, accionista minoritario en una de las empresas.
En la otra empresa otro de los accionistas es David Peña Trujillo, su sobrino, hijo de su hermano Juan Mario Peña.
El nombramiento de Juan Mario Peña Haaz fue realizado por Gonzalo Martínez de Teresa, quien fue titular de la Dirección General de Seguridad Privada de la SSPC durante la gestión de Alfonso Durazo Montaño como secretario de Seguridad; al cierre de esta edición aún aparecía en el organigrama de la DGSP como titular de la misma área.
Martínez de Teresa fue denunciado por exempleados de la dependencia después de que se negaron a cumplir órdenes superiores de rechazar los permisos a empresas que intentaban renovarlos, al mismo tiempo que eran beneficiados nuevos competidores carentes de experiencia en el sector, como Valbón y Gesapro.
Las quejas ante el Órgano Interno de Control de la SSPC y los testimonios de exempleados de la DGSP, como Elda Longines Díaz, señalan de manera directa a Martínez de Teresa y a otros funcionarios de su equipo, incluyendo a Juan Mario Peña Haaz, de actuar por consigna para favorecer a determinadas empresas y negar los permisos a compañías con mayor experiencia en el sector.
Pese a que Martínez de Teresa renunció al cargo para sumarse a la campaña de Alfonso Durazo por la gubernatura, trabajadores de la DGSP y representantes legales de empresas privadas del ramo denuncian que la situación se mantiene.
Incluso consideran que la nueva cabeza de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez, debe realizar una revisión profunda de las decisiones tomadas en la DGSP.
Fragmento del reportaje publicado en la edición 2306 del semanario Proceso
