El INE resolvió este viernes que los partidos tendrán que reservar 45 de las 500 candidaturas para el próximo proceso electoral del Congreso para comunidades vulnerables como la población indígena, con discapacidad, afromexicana y comunidad LGBT+.
El acuerdo se aprobó por unanimidad de los 11 consejeros, tras una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), luego de que el acuerdo original fuera impugnado por el PAN, el PRD, el PVEM el PT y el PES.
En su sesión de este viernes, el instituto resolvió que se tendrán que postular candidaturas que se autoadscriban como población indígena en al menos 21 de los 28 distritos del país con más de 40% de población indígena para elección de mayoría relativa (MR), mientras que tendrán que reservar al menos 9 candidaturas de representación proporcional (RP) para las 5 circunscripciones del país.
El reparto de candidaturas indígenas por circunscripciones es de 1 para la primera, segunda y quinta, 4 para la tercera y 2 para la cuarta.
De las candidaturas en estos distritos de mayor proporción de población indígena, de los 21 al menos en 11 las fórmulas tienen que ser conformadas por mujeres.
El acuerdo plantea además que se deberán de presentar 8 fórmulas para personas con discapacidad permanente (6 de MR y 2 de RP); 4 para población afromexicana (3 de MR y 1 de RP) y 3 para la comunidad de la diversidad sexual (2 de MR y 1 de RP).
Aunado a ello, se establece que las todas estas postulaciones de RP tendrán que estar entre los primeros 10 lugares de cada una de las listas para las 5 circunscripciones en que se divide el país.
En la Primera Circunscripción se encuentran Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nayarit y Jalisco; en la Segunda, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro.
La Tercera incluye a Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; la Cuarta contempla a CDMX, Puebla, Tlaxcala, Morelos y Guerrero; en la Quinta están Estado de México, Hidalgo, Michoacán y Colima.
En su argumentación, el representante del PAN ante el organismo, Víctor Sondón, criticó que esta medida interfiere con los procesos internos de los partidos y su autodeterminación, además de que atenta contra el trabajo político de los militantes de los partidos.
En el mismo sentido, el consejero Ciro Murayama advirtió que con esta medida se estaría limitando el derecho a ser votados de al menos 3.7 millones de ciudadanos, lo cual podría representar un problema en el futuro.
En tanto que para el consejero Uuk-kib Espadas, esta medida difícilmente combate las desigualdades económicas y políticas que limitan el acceso a los grupos vulnerables a la representación de la ciudadanía, a la par que la delimitación de distritos considerados indígenas no tiene correspondencia en la realidad por la dispersión de estos grupos étnicos.
