Los acuerdos firmados entre el gobierno de México y tres de las farmacéuticas que proveerán al país de vacunas contra la COVID-19 (Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-Oxford y CanSino) están clasificados como información confidencial y no se puede hacer público ningún dato sobre los mismos, incluyendo lo relativo a las negociaciones previas a que se firmaran los convenios.
Así lo determinó recientemente la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que alega que incumplir la cláusula que exige discreción “podrá causar daño en la obtención de la vacuna para atender a la población de la República Mexicana”.
Animal Político quiso conocer el contenido de los convenios anunciados en octubre pasado por el canciller Marcelo Ebrard. Sin embargo, todos los documentos fueron declarados como “confidenciales”.
Este es un modelo que funciona en la industria farmacéutica antes de que la pandemia convirtiese a la vacuna en el bien más preciado por la humanidad. En todo el mundo, incluido México, se están firmando cláusulas de confidencialidad que impiden conocer detalles como el precio que se paga por la vacuna, si existen contraprestaciones exigidas por las farmacéuticas a cambio de priorizar un país u otro como quién se haría responsable en caso de que un fármaco no funcione.
Por este motivo, Amnistía Internacional y Médicos Sin Fronteras (MSF) han reclamado transparencia como mecanismo para un acceso justo a la vacuna y evitar, por ejemplo, que los países más ricos paguen menos por cada dosis y encima puedan acaparar el mercado.
“El convenio celebrado entre el Gobierno Mexicano y la farmacéutica establece, que las partes se encuentran obligadas a mantener en discreción toda la información que se genere al respecto”, dice la respuesta a la petición sobre el acuerdo con Pfizer, cuyo contenido fue clasificado el 12 de noviembre, al igual que el convenio con AstraZeneca.
“La omisión de cumplimiento por parte del Gobierno Mexicano a un convenio de confidencialidad podrá causar daño en la obtención de la vacuna para atender a la población de la República Mexicana”, explica la SRE.
La exigencia de confidencialidad llega hasta el punto de que, en la clasificación del convenio con CanSino, que tuvo lugar el 21 de septiembre, se especifica que los acuerdos señalan que “no podrá divulgarse ningún tipo de información escrita, verbal, gráfica o visual, generada directa o indirectamente por cualquier medio entre las partes, por lo que será “confidencial” toda la información no pública relacionada con el proyecto y la farmacéutica, aún aquella generada antes de la firma del acuerdo”.
Animal Político solicitó entrevistas con las tres compañías para conocer su punto de vista, pero al cierre de la edición no había recibido respuesta.
Organizaciones piden transparencia
La opacidad en el manejo de los convenios suscita críticas desde organizaciones de Derechos Humanos. Su principal temor: que las farmacéuticas utilicen su posición de ventaja en un contexto de emergencia y haya poblaciones que queden fuera del reparto.
“Deben transparentarse los acuerdos, ya que las empresas tienen tratos diferenciales con los países”, explicó Tania Reneaum, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, en entrevista con Animal Político.
La organización reclama que se hagan públicos los convenios para que para que “el precio por dosis, el costo de desarrollar las vacunas y la tecnología usada en la producción sea conocimiento público”.
“Sin una acción decisiva de los gobiernos exigiendo más transparencia a las empresas, el acceso equitativo a las vacunas COVID-19 está en peligro. La opinión pública tiene derecho a saber qué hay en estos acuerdos: no hay lugar para los secretos durante una pandemia, hay demasiado en juego”, dijo Miriam Alía, referente en Vacunación de Médicos Sin Fronteras (MSF), en un comunicado difundido en noviembre.
En aquel momento se hizo público el contrato firmado por AstraZeneca con el organismo público de investigación brasileño Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), quienes pactaron la producción de 100 millones de dosis de la vacuna. En este documento se incluye una cláusula por la que la farmacéutica se otorga el derecho a decir que la pandemia ha concluido en julio de 2021 e incrementar los precios a los que entregue el fármaco a los gobiernos.
MSF denunció que, a pesar de la fuerte inversión pública con la que contaron las farmacéuticas para sus investigaciones, estas sigan manteniendo estas cláusulas de confidencialidad que pueden incluir términos preocupantes para un acceso “asequible y equitativo” a las vacunas. Su propuesta: apoyar la iniciativa de India y Sudáfrica para que no apliquen las patentes de vacunas y medicamentos hasta que la población esté inmunizada.
En este punto hay que destacar que la mayor parte de la financiación para desarrollar las vacunas llegó de los gobiernos y de donaciones.
Según datos de la empresa de análisis de datos científicos Airfinity citados por la BBC, los gobiernos aportaron 8 mil 600 millones de dólares (algo menos de 172 mil millones de pesos), las organizaciones sin ánimo de lucro 1 mil 900 millones de dólares (algo menos de 48 mil millones de pesos) y las empresas invirtieron 3 mil 400 millones de dólares (unos 68 mil millones de pesos). Sin embargo, luego son las empresas las que mantienen el control de la vacuna y marcan pautas como la secrecía de los convenios con los gobiernos.
Un desliz hizo públicos precios en Europa
En otros lugares del mundo la obligación de no revelar los acuerdos ha generado controversia.
La Comisión Europea, por ejemplo, también se ha negado a dar detalles sobre las cláusulas de confidencialidad firmadas con las farmacéuticas.
“Las cláusulas de no divulgación son una característica estándar de los acuerdos que los desarrolladores de vacunas cierran con otros países. Es necesario para proteger unas negociaciones que son sensibles e información de empresas como datos financieros o planes de desarrollo y producción”, dijo en noviembre Stella Kyriakides, comisaria de Salud.
Los países europeos negociaron como uno solo la compra de vacunas, por lo que las adquisiciones fueron centralizadas desde instituciones comunes.
El secretismo, sin embargo, se rompió a mediados de diciembre por la indiscreción de la ministra belga de Presupuestos, Eva De Bleeker, quien publicó en su cuenta de Twitter los precios de cada una de las vacunas.
Para Europa, cada dosis de la vacuna de AstraZeneca tiene un costo de 1.78 euros (43.54 pesos), mientras que la de Pfizer cuesta 12 euros (293.80 pesos).
En México no se ha hecho público el precio de cada una de las dosis ni cuánto les cuesta a las farmacéuticas producirlos. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hablado de un presupuesto de 32 mil millones de pesos para poder hacer frente a la emergencia y adquirir vacunas para los más de 127 millones de mexicanos.
La vacunación en México
El gobierno mexicano desplegó un gran esfuerzo diplomático desde el inicio de la pandemia de COVID-19 para garantizar el acceso a las vacunas. Por el momento, Ebrard anunció acuerdos de precompra con Pfizer (EU-Alemania), AstraZeneca (Gran Bretaña) y CanSino (China). Sin embargo, también suscribió convenios con otras farmacéuticas, como la china Walvax Biotecnology.
Pfizer deberá entregar 34 millones de dosis y los primeros cargamentos ya están siendo distribuidos desde el 24 de diciembre, cuando se aplicó la primera vacuna después de que la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) dio su visto bueno.
De la segunda está previsto que lleguen 77 millones de dosis entre marzo y agosto, una vez lograda la aprobación de las autoridades sanitarias el lunes 4. La última farmacéutica que falta por recibir el aval de Cofepris es CanSino, que deberá surtir al país con 35 millones de dosis.
Además, México forma parte del mecanismo internacional COVAX, una iniciativa impulsada entre otros por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el que están presentes más de 100 países, con las ausencias de EU y Rusia y que está pensado para que los estados con mayor capacidad puedan apoyar a quienes disponen de menos recursos.
Para lograr existencias que cubran de forma gratuita a toda la población mexicana, el gobierno tuvo que firmar sus acuerdos de confidencialidad con las farmacéuticas. Hay dos elementos que han podido dar ventaja a México en la obtención de vacunas: por un lado, la participación de voluntarios en pruebas de vacunas que se han desarrollado en el país. Por el otro, el convenio firmado junto a Argentina, AstraZeneca y la Fundación Slim para que ambos estados sean los productores de los fármacos para todo América Latina, exceptuando a Brasil. Sobre esto tampoco hay detalles, ya que el documento es también confidencial.
Desde el inicio de la vacunación, el 24 de diciembre, poco más de 43 mil dosis han sido aplicadas en México. Es decir, que el 0.03% de los mexicanos (todos ellos trabajadores del sector salud) ya han recibido la inmunidad. El objetivo del gobierno es que en marzo estén vacunadas todas las personas mayores de 60 años, aproximadamente 12 millones y medio de mexicanos.
En casi 10 meses de pandemia, más de 128 mil personas han muerto y casi un millón y medio se han contagiado según las cifras oficiales.
