El programa “Permanecer en México” (Remain in Mexico) del gobierno de Estados Unidos somete a niños, niñas y adultos a daños graves continuos, como el secuestro y la violación, y debería concluir rápida y definitivamente, dijo Human Rights Watch en un informe publicado hoy. El presidente electo Joe Biden debería tomar medidas inmediatas para cumplir su promesa como candidato y anular el programa de dos años.
El informe de 103 páginas, “‘Como si me estuviera ahogando’: el programa estadounidense ‘Permanecer en México’ perjudica a niños, niñas y familias”, es una investigación conjunta de Human Rights Watch, el Programa de Derechos Humanos y Trauma de Salud Mental de la Universidad de Stanford y la Clínica de Defensa Familiar e Infantil de la Universidad de Willamette. Los niños y adultos entrevistados describieron haber sido agredidos sexualmente, secuestrados a cambio de un rescate, extorsionados, robados a punta de pistola y sometidos a otros delitos bajo los Protocolos de Protección de Migrantes de Estados Unidos (MPP, por sus siglas en inglés), conocido como el programa “Permanecer en México”. En muchos casos, dijeron que estos ataques ocurrieron inmediatamente después de que las autoridades estadounidenses los enviaran a México para esperar las audiencias de los tribunales de inmigración estadounidenses sobre sus solicitudes de asilo, o cuando regresaban de las audiencias. Testigos aseguraron que agentes de inmigración o policías mexicanos cometieron algunos de estos delitos.
“El programa ‘Permanecer en México’ ha expuesto innecesaria y previsiblemente a menores y adultos a un alto riesgo de violencia y otros daños”, dijo Michael García Bochenek, asesor jurídico principal de la división de derechos del niño de Human Rights Watch y autor del informe. “Reparar este daño llevará tiempo, pero el gobierno de Biden debería comenzar inmediatamente a permitir que las personas en el programa regresen a EE.UU. mientras sus casos de asilo estén pendientes”.
El equipo de investigación entrevistó a 52 personas colocadas en el MPP. El equipo también revisó los archivos de los casos, incluidos los documentos emitidos por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y el tribunal de inmigración y, en caso de disponibilidad, los historiales médicos y los informes policiales relacionados con los daños sufridos en México por la mayoría de los entrevistados, y habló con más de 40 abogados, profesionales sanitarios, personal y voluntarios de los refugios, y otras personas que trabajan con familias inmigrantes.
Las autoridades estadounidenses han enviado bajo el programa a más de 69.000 solicitantes de asilo a algunas de las ciudades más peligrosas de México, incluidos bebés y niños de todas las edades, algunos de ellos con discapacidades.
Los criterios para otorgar los permisos del programa a personas especialmente vulnerables son casi imposibles de cumplir, concluyeron los grupos. “La idea general que parecen tener los funcionarios estadounidenses es que es de esperar que [los inmigrantes] sean secuestrados, violados o extorsionados”, dijo un abogado de inmigración.
Al enviar a decenas de miles de personas a ciudades fronterizas mexicanas que de otro modo habrían sido dispersadas por todo EE.UU., el programa ha puesto a prueba la disponibilidad de viviendas, servicios de salud y apoyo. Los refugios para inmigrantes en Ciudad Juárez, Tijuana y otras ciudades fronterizas se llenaron rápidamente. Las condiciones son particularmente terribles en Matamoros, donde entre 1.000 y 2.600 personas o más han vivido en tiendas de campaña sin acceso adecuado a agua potable ni saneamiento.
Las enfermedades se han extendido rápidamente en los espacios reducidos. Las personas entrevistadas describieron sus apuros diarios por mantener condiciones higiénicas para sí mismas y sus hijos. Las enfermedades dermatológicas, la varicela y las infecciones respiratorias e intestinales eran particularmente comunes, dijeron funcionarios sanitarios y proveedores de salud voluntarios.
La violencia y las dificultades en México afectan el bienestar mental. Tanto adultos como niños y niñas dijeron haber experimentado un aumento de la ansiedad, estrés o desesperación; cambios de humor; una sensación de estar siempre en estado de alerta; o cambios en su comportamiento. Los padres dijeron que sus hijos sufrían pesadillas, habían comenzado a mojar la cama, se habían vuelto problemáticos o desafiantes, o tenían otras dificultades para interactuar con los demás. “Ahora se enoja fácilmente, se irrita más, se enfada fácilmente”, dijo el padre de un niño de 5 años. “Hemos visto un cambio completo en el niño”.
Los niños y niñas mostraron niveles significativos de ansiedad, miedo intenso y otros cambios en su comportamiento a medida que se acercaban las citas en la corte de inmigración, cambios que los padres relacionaron con la angustia que sus hijos sufrieron durante el tiempo que pasaron en las celdas de detención de inmigrantes después de las audiencias judiciales, a menudo de un día para otro. Estos padres dijeron haberse sentido obligados a elegir entre someter a sus hijos a un trauma o perderse las audiencias de la corte de inmigración.
“La amenaza constante de peligro, los abusos persistentes y el acoso, así como la falta de claridad en las vías de protección y en el acceso al apoyo, se combinan para crear y exacerbar el trauma”, dijo el Dr. Ryan Matlow, profesor clínico asociado de psiquiatría en la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford y miembro del equipo de investigación. “Para muchas familias, el resultado es una angustia aguda grave con el potencial de consecuencias psicológicas y de salud duraderas”.
Los repetidos aplazamientos de las audiencias de asilo desde marzo implican que la mayoría de las personas pasarán al menos un año, y en muchos casos más, en México antes de que los tribunales de inmigración de EE.UU. evalúen sus casos.
El programa se enfrenta a varios desafíos legales. En un caso, un tribunal federal de apelaciones de San Francisco determinó en febrero que el programa violaba la ley federal y los tratados internacionales y causaba “daños extremos e irreversibles”. La Corte Suprema acordó revisar la sentencia a finales de este año.
La administración de Biden debería tomar medidas inmediatas para anular el programa de manera justa y ordenada, dijo Human Rights Watch. Los Departamentos de Seguridad Nacional, Justicia y Estado deberían desarrollar planes para que las personas en el programa se presenten en un cruce fronterizo de EE.UU. y se les permita volver a entrar en EE.UU. hasta que se resuelvan sus solicitudes de asilo.
El gobierno de EE. UU. debería proteger el derecho de los solicitantes de asilo a una audiencia justa y oportuna, incluso mediante el establecimiento de un sistema judicial de inmigración independiente y con los recursos adecuados, y proporcionando representación legal designada por el tribunal a los solicitantes de asilo, al menos para aquellos que pertenecen a grupos vulnerables.
“El MPP fue diseñado y llevado a cabo por funcionarios del gobierno de EE.UU. que sabían o deberían haber sabido que estaban poniendo en peligro a los niños y niñas”, dijo Warren Binford, profesora de derecho de la Universidad de Willamette y miembro del equipo de investigación. “Sería inconcebible que la administración de Biden lo defendiese en los tribunales”.
