Las comisiones unidas de Gobernación y de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados aprobó con 30 votos a favor, nueve en contra y seis abstenciones el proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Nacional para regular la actuación de los agentes extranjeros en México.
Las juntas directivas de las comisiones turnaron el dictamen a la Mesa Directiva en el Palacio de San Lázaro con la intención de discutirlo y votarlo mañana en el pleno cameral, pese al llamado de los diputados Marco Antonio Adame, del PAN, y Martha Tagle, de Movimiento Ciudadano, a diferir el debate y analizar a fondo la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Las reformas y adiciones a la Ley de Seguridad Nacional establecen que los agentes extranjeros podrán ser autorizados para internarse temporalmente en territorio nacional para fines de intercambio de información, en el marco de los convenios y programas de cooperación bilateral suscritos por el Estado mexicano.
Los agentes extranjeros deberán poner en conocimiento de las autoridades mexicanas la información de que se alleguen en el ejercicio de sus funciones. Asimismo deberán presentar ante las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) un informe mensual de sus actividades y gestiones ante las diversas autoridades federales, entidades federativas y de los municipios, y en todo caso deberán mantener la confidencialidad de la información que obtengan derivado de la aplicación de los convenios de cooperación bilateral.
El dictamen subraya que los agentes extranjeros en México solo podrán portar las armas de fuego que, en su caso, les autorice la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y tendrán prohibido realizar o inducir a terceras personas a realizar detenciones o acciones tendientes a la privación de la libertad, a allanar la propiedad privada o cualquiera otra conducta que resulte violatoria de la Constitución.
“Los agentes extranjeros no tendrán ninguna inmunidad en caso de incurrir en la comisión de delitos o infracciones o por infringir las disposiciones normativas que prohíben a los extranjeros el ejercicio de funciones reservadas a las autoridades mexicanas”, puntualiza.
En ese contexto, el gobierno de México supervisará, en todo momento, el cumplimiento por parte de los agentes extranjeros de las obligaciones legales y de aquellas que deriven de los convenios bilaterales suscritos por el Estado mexicano en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la seguridad nacional.
“Cuando a juicio de las autoridades mexicanas un agente extranjero incumpla con las disposiciones generales y específicas que le resulten aplicables, el gobierno de México solicitará su retiro al gobierno del Estado acreditante y quedará sujeto a las sanciones que resulten aplicables en términos de las leyes mexicanas”, remarca el articulado.
