El manejo de los dólares en efectivo en México ha abierto un nuevo frente de discrepancias entre el Banco de México y el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El banco central ha cuestionado la aprobación de una reforma que permite a los bancos mexicanos recibir dólares estadounidenses en efectivo y que a su vez obliga al Banco de México a adquirir los remanentes de esas transacciones para incorporarlos a las reservas internacionales del país. La entidad ha explicado, en un comunicado, que esta medida pone en riesgo al sistema financiero al abrir la puerta al dinero de procedencia ilícita, algo que los grupos del crimen organizado podrían aprovechar.
El Senado mexicano aprobó la noche del miércoles la reforma a la Ley del Banco de México, en sus artículos 20 y 24, después de que el senador Ricardo Monreal, del partido Morena y cercano al presidente, presentara la iniciativa en noviembre. La reforma, según el senador, busca beneficiar a la población que gasta en moneda extranjera en México: migrantes mexicanos que visitan el país o envían remesas, turistas extranjeros y trabajadores del sector turístico. El Banco de México apunta que las ventajas para esta población es mínima, ya que solo el 1% de las remesas que se reciben en México son en efectivo.
Desde que Monreal –líder de la bancada de su partido en el Senado y asiduo visitante a Palacio Nacional para desayunar con el presidente– presentó la iniciativa, las voces desde el Banco de México comenzaron a señalar las debilidades de la reforma y las afectaciones que podría traer al sistema financiero mexicano. El Banco de México presentó incluso una contrapropuesta que fue ignorada por los legisladores. “Las autoridades competentes en materia de prevención del lavado de dinero coinciden en las afectaciones que el proyecto ocasionaría en los estándares que el sistema financiero debe establecer al operar con billetes y monedas extranjeros, que son considerados de alto riesgo, así como el contagio de dicho riesgo al banco central”, apunta la entidad en un comunicado.
El banco central también ha señalado que su independencia podría verse trastocada, ya que los cambios en la ley están “imponiendo al Banco de México la obligación de comprar esos billetes”. Desde 1994, el Banco de México mantiene una autonomía dictada desde la Constitución y que le permite tomar decisiones de la política monetaria lejos de los deseos del Gobierno en curso. Esa independencia estableció el futuro económico de México después de la crisis de 1994, conocida como el Efecto Tequila. López Obrador ha buscado en los últimos dos años influir en las decisiones de la junta de Gobierno de la institución con mensajes en su conferencia diaria sobre el manejo de la política monetaria. El banco central ha ignorado los mensajes.
“Lamentable que se hayan aprobado en el Senado reformas a la Ley del Banco de México que ponen en riesgo a las reservas internacionales y que atentan contra la autonomía del Banco de México. Espero que en la Cámara de Diputados se corrija esta situación”, escribió en la noche del miércoles el subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, en su cuenta de Twitter. Esquivel fue designado por López Obrador en su cargo en el banco central y ha promovido las políticas con enfoque social de su Gobierno. Su último mensaje también muestra las grietas que comienzan a notarse entre los simpatizantes del presidente en los últimos meses.
Los temores sobre que organizaciones criminales logren acceder al sistema financiero de México no son infundados. Casos como el de HSBC, que en 2012 fue señalado por realizar operaciones de lavado de dinero con fondos procedentes de cárteles de la droga; o el fraude millonario de la compañía Oceanografía a Banamex en 2013, son algunos de los antecedentes más recientes sobre cómo el sistema bancario aún puede ser utilizado para operaciones ilegales. En el caso que ha sido aprobado por el Senado, y que está pendiente de ratificación por parte de la Cámara de Diputados, los fondos ilícitos podrían llegar hasta las arcas del Banco de México.
La Asociación de Bancos de México (ABM), que agrupa a todas las entidades financieras del país, ha respaldado la iniciativa del Gobierno porque “coincide con los objetivos sociales” que propone. Los banqueros mexicanos han asegurado que el sistema financiero será capaz de asumir la captación de dólares y minimizar los riesgos ante las transacciones de dinero ilícito. “Los bancos que ofrecen servicios de recepción de moneda extranjera en efectivo cumplen con las leyes y regulaciones mexicanas, los estándares internacionales y los procesos de control para mitigar los riesgos de manejar recursos de procedencia ilícita”, señalaron en un comunicado. La ABM –liderada por Luis Niño de Rivera, presidente de Banco Azteca– al mismo tiempo apuntó que los cambios en la Ley del Banco de México no deben afectar su autonomía.
El senador independiente Emilio Álvarez Icaza señaló en la sesión legislativa que la iniciativa empuja al banco central a convertirse en “una lavadora de dinero” y acusó al Grupo Salinas –al que pertenece Banco Azteca y es propiedad del tercer hombre más rico en México, Ricardo Salinas Pliego– de hacer cabildeo entre los legisladores para aprobar la reforma. “¿Está esta reforma dedicada a uno de los principales aliados del presidente?”, cuestionó. Banco Azteca es la institución bancaria que administra los recursos públicos para su distribución entre la población que recibe ayudas gubernamentales en efectivo. En julio, López Obrador presumió en la Casa Blanca ante altos funcionarios de la Administración Trump que las sucursales de Banco Azteca propiedad de Salinas Pliego reciben el 45% de las remesas que envían los mexicanos en Estados Unidos a su país.
