Por Sandra Romandía y Santiago Alamilla
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha comprado bienes o servicios por más de 280 millones de pesos a 18 proveedores que aparecen en lista de “empresas fantasma” elaborada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Una revisión de los contratos gubernamentales otorgados entre 2019 y 2020 revela que una veintena de dependencias federales –entre las que se encuentran el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y Fiscalía General de la República (FGR)– han beneficiado a empresas que en el pasado realizaron “operaciones simuladas o inexistentes”.
EMEEQUIS detectó que Source Toner de México fue notificada desde 2019 debido a que “estaba emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad”, pero, aún así, aparece en los archivos de Compranet –la página de contratos del gobierno– con seis convenios firmados entre 2019 y 2020.
La información oficial muestra que esta compañía ha sido proveedora del IMSS y Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), obteniendo contratos por 110 millones 840 mil 259 pesos. La empresa vendió tóners a un precio casi cuatro veces superior a su valor comercial.
En la base de datos gubernamental aparece incluso con un contrato activo, otorgado por Ruth Alejandra Trejo Vázquez, coordinadora de Abastecimiento y Equipamiento de la Delegación Sur de la Ciudad de México del IMSS, otorgado el 24 de febrero de este año y con fecha de vencimiento hasta el 31 de diciembre próximo.
En la descripción de los artículos se refiere “tóner para impresora láser monocromática o tecnología similar”, con un costo unitario de 4 mil 790 pesos. En una revisión a proveedores en internet se encontró que el precio en realidad ronda entre mil 200 y mil 500 pesos. Además, se adquirieron cartuchos para “impresora multifuncional láser” en 7 mil 90 pesos por pieza. Esta empresa ya había sido inhabilitada en 2014 por la Secretaría de la Función Pública (SFP).
En el listado más reciente del SAT, actualizado a octubre de 2020, Source Toner de México está clasificada por presuntamente haber realizado “operaciones inexistentes”.
EMPRESA LIGADA A LÍDER SINDICAL, SIN PAGAR IMPUESTOS
Otra compañía que está señalada como “fantasma” por el SAT, que no pagó impuestos y que continúa como proveedora del gobierno federal, es Limpieza y Mantenimiento Xielsa, cuyo representante legal es Erik Reyes Saldívar, hermano del líder sindical del PRI, Marco Reyes. Esta compañía aparece con contratos vigentes por un monto de 6 millones 375 mil 452 pesos en este año, por servicios de limpieza a Conapesca, pero en total, entre 2019 y 2020, ha recibido 15 contratos por 19 millones 857 mil 678 pesos.
Marco Reyes ha sido señalado por sus nexos con empresas que, a pesar de sus anomalías, tienen contratos con el gobierno de López Obrador.
La compañía Construcción, Instrumentación y Servicios SA de CV también aparece desde 2016 en el listado de empresas “fantasma” elaborada por el SAT, pero, en 2019, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) le asigna más de 92 millones de pesos en dos contratos, ambos otorgados por la delegación con sede en Sonora. En uno de los casos, a pesar de tener al menos cinco propuestas más económicas, le fue adjudicado un contrato por más de 85 millones de pesos.
Interacción Biomédica SA obtuvo nueve contratos en 2019, principalmente del ISSSTE y del IMSS, por 14 millones 517 mil pesos. Esta empresa se encuentra desde enero de 2017 con el estatus de suspensión “definitiva”. Las reglas de operación del SAT colocan en esta categoría a las compañías que no pueden prestar servicios o vender bienes por carecer de la infraestructura necesaria. A pesar de ello, continúa facturando al Gobierno federal sin problemas. Sus socios son familiares entre ellos y tienen otras empresas relacionadas, ya sea por parentesco o por compartir la dirección en la que se supone se asientan las oficinas del negocio. Estas empresas son: Vangolfa, Grupo Preventivo Namo, Activo Empresarial Azteca, Entretenimientos Sociales y Ejecutivos y Diversiones Chikisnak.
Movimientos Terrestres MEGSA recibió del IMSS Oaxaca la adjudicación directa de un contrato de 13 millones 581 mil pesos para el traslado de pacientes, a pesar de que desde agosto de 2019 está en la lista de empresas que realizaron “operaciones simuladas”.
También en Oaxaca, la SCT otorgó contratos a Caminos Terrestres y Renta de Equipo del Norte, por 8 millones 28 mil pesos, y a Edificaciones Hala Ken por 3 millones 183 mil pesos, ambas reportadas y enlistadas oficialmente como empresas que realizan operaciones simuladas. Para el caso de la empresa Caminos Terrestres, una de sus socias, Casimira Matías Valencia, aparecía apenas hace unos años como beneficiaria del Instituto Nacional de Educación para Adultos (INEA). La otra socia, Esmeralda Méndez Juárez, recibió de manos del presidente municipal de Oaxaca las escrituras de su lote ubicado en una colonia popular en el año 2011.
¿QUÉ DICE EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN?
El Artículo 69-B, primer y segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación (CFF) estipula: “Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes”.
EN VERACRUZ, OAXACA…
En Veracruz, la delegación de la SCT contrató a Infraestructura en Construcción SA de CV, que aparece en la lista del SAT como “empresa fantasma” o de operaciones simuladas desde 2016, para realizar obras en el camino de Tuxtepec a Palomares por un monto de 4 millones 585 mil pesos. Una de las socias, Hilzi Ávila Domínguez, fungió anteriormente como servidora pública en concursos donde participó su propia empresa.
Nuevamente el IMSS de Oaxaca contrató, mediante un proceso de invitación a tres empresas, a Proyectos y Construcciones Roxi SA de CV, la cual no aparece inscrita en el Registro Público del Comercio, asignándole una obra por 4 millones 5 mil pesos, sin embargo, después de la investigación llevada a cabo por el SAT se detectó que no cuenta con la infraestructura para prestar servicios, por lo que la enlista como presumiblemente “fantasma”. Esta empresa también ha recibido cuatro contratos del gobierno de Oaxaca durante 2019, por un importe de más de 3 millones de pesos. Su apoderado legal, Gregorio González Piña, funge como servidor público en el gobierno de Oaxaca.
Electro Riegos SA obtuvo una adjudicación directa por casi 3 millones de pesos. Conagua le encomendó rehabilitar la obra electromecánica y civil de la presa José López Portillo en Sinaloa. Para que esta empresa pudiera hacerse del contrato se desecharon nueve propuestas más económicas que competían con ella. Esta compañía aparece en el listado del SAT por haber incurrido en “operaciones simuladas” desde marzo de 2019.
En total, esta administración federal ha otorgado 70 contratos a 18 “empresas fantasmas”, con el estatus de “presuntas” o “definitivas”, por un monto de 280 millones 479 mil 169 pesos. Las compañías han vendido sus productos o servicios al ISSSTE, IMSS, SCT, API-Progreso, Comisión Nacional Forestal (Conafor), Conagua, Exportadora de Sal (ESSA), Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional (Fidena), Colegio de la Frontera Norte (Colef), Becas Benito Juárez, Diconsa, Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Instituto Mexicano del Transporte (IMT), Sepomex, Centros de Integración Juvenil (CIJ), Colpost, FGR e Inapesca.
OTRAS EMPRESAS QUE APARECEN EN LA LISTA DEL SAT
POSICIÓN DE SOURCE TONER DE MÉXICO:
RESPUESTA DE LOS REPORTEROS:
En relación a la nota “Gobierno de AMLO otorga contratos millonarios a 18 ‘empresas fantasma’”, comentamos que la información se basa en documentos oficiales obtenidos a través de las obligaciones de transparencia gubernamental y de las bases de datos abiertos de Compranet, además de los listados del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Diario Oficial de la Federación (DOF).
En dicho análisis se consideran las fuentes mencionadas como oficiales. Cualquier asunto en trámite, como refiere la empresa, aún no ha surtido efectos legales, por lo que el estatus que el SAT le otorga se mantiene vigente.
