La Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral (INE) dictó medidas cautelares por una presunta violación a la legalidad tras las declaraciones hechas por el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los partidos políticos que participarán en las elecciones de 2021.
En su gira del pasado fin de semana, en el estado de Baja California, el mandatario habló del proceso electoral en dicha entidad para elegir un nuevo gobernador.
También lo hizo en su conferencia matutina del 30 de noviembre, al criticar una posible alianza entre el PRI y el PAN e invitó a la población a reflexionar sobre su voto y a mantener el proyecto del gobierno en turno.
Las declaraciones del presidente en Baja California fueron:
“Aquí en Baja California tengo noticias, y no porque se lleve a cabo alguna actividad de espionaje, sino por los periódicos, por la prensa, por las redes sociales, que están buscando una alianza el PRI y el PAN. Imagínense eso, realmente estamos viviendo un momento estelar en la historia de nuestro país.
Tenemos una elección el año próximo, no sólo va a haber elecciones en 15 estados para gobernadores, sino se va a renovar también la Cámara de Diputados, que es fundamental en lo que corresponde a las facultades del Poder Legislativo”.
Mientras que en su conferencia matutina declaró:
“Ahora que estuve en Baja California me dio mucho gusto, lo celebré porque no deja de ser un timbre de orgullo el haber dicho hace muchos años que eran lo mismo el PRI y el PAN, que era el PRIAN; y todavía muchos pensaban que era una exageración de mi parte, que estaba yo inventando. Ahora que voy me informo que se van a aliar el PRI y el PAN en Baja California, ya van juntos en contra de nuestro proyecto. Imagínense la dicha enorme que me produce el tener la razón histórica”.
Ante esto, 12 diputadas y diputados federales así como los partidos PRD y PAN presentaron diversas solicitudes a la Comisión de Quejas del INE, argumentando que el presidente había violado los artículos 41 y 134 de la Constitución.
Los denunciantes pidieron al órgano dictar medidas cautelares por el uso indebido de recursos públicos, promoción personalizada y llamado indebido al voto.
Tras revisar el caso, la Comisión determinó que existen elementos suficientes para presumir una violación a la legalidad en las expresiones de López Obrador y emitió las medidas.
La Comisión recordó que “existe la prohibición constitucional para que los servidores públicos afecten la equidad de la contienda electoral e influyan en las preferencias electorales de la ciudadanía”.
Las declaraciones del presidente “se dieron ya dentro del desarrollo del Proceso Electoral Federal 2020-2021 e incluyeron elementos e información de índole electoral que pueden afectar la equidad o influir en las preferencias de la ciudadanía en los comicios federales y locales de 2021”, refirió la Comisión.
Sobre la acusación de promoción personalizada, la Comisión del INE dictaminó que no existen elementos para determinarla, pues resulta razonable y lógico que el presidente presente los avances de las obras en la entidad federativa y su imagen en la conferencia de prensa matutina.
Y sobre el uso indebido de recursos públicos, se declaró la improcedencia porque “es un tópico del que esta autoridad no puede pronunciarse en sede cautelar, ya que requiere un análisis de fondo por parte de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”.
La queja fue resuelta por unanimidad de votos de las Consejeras Claudia Zavala y Adriana Favela y del Consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias.
Con las medidas cautelares emitidas, el presidente López Obrador deberá abstenerse “de realizar expresiones que resulten ilegales al constituir actos de intromisión electoral y de proselitismo en favor o en contra de una fuerza política, en desacato a los principios de imparcialidad y equidad en la contienda”.
En un comunicado, el órgano añadió que la queja fue resuelta por unanimidad de votos y que los integrantes de la Comisión señalaron que el caso no debe de verse como un hecho aislado, pues no es la primera vez que ocurre.
En junio pasado, la Comisión resolvió el proyecto ACQyD-INE-6/2020, relacionado con las obligaciones y prohibiciones del presidente para garantizar los derechos constitucionales en los procesos electorales de Coahuila e Hidalgo.
En aquella resolución, la Comisión advirtió la posibilidad de dictar medidas preventivas ante conductas reiteradas cometidas por el mandatario.
La determinación adoptada no prejuzga sobre el fondo de asunto, en virtud de que ello corresponde a la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Por cuanto a la promoción personalizada, la Comisión determinó que, a partir de un análisis preliminar, no existen elementos para determinarla, pues resulta razonable y lógico que el Titular del Ejecutivo aparezca presentando los avances de las obras en la entidad federativa y su imagen en la conferencia de prensa matutina.
Respecto a que los hechos denunciados actualizan un uso indebido de recursos públicos, se declaró la improcedencia pues es un tópico del que esta autoridad no puede pronunciarse en sede cautelar, ya que requiere un análisis de fondo por parte de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
