A dos años de iniciar el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, autoproclamado como de la Cuarta Transformación del país, al menos una decena de personajes políticos de alto perfil tienen procesos abiertos por actos de corrupción, pero ninguno cuenta con sentencia.
Uno de los primeros en ser acusado y detenido fue el abogado Juan Collado, quien era el defensor del expresidente Enrique Peña Nieto y del exlíder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, entre otros políticos.
Collado se encuentra preso desde el 10 de julio de 2019, se le sigue un proceso por delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.
El 13 de agosto de 2019, Rosario Robles, ex titular de las secretarías de Desarrollo Social y Desarrollo Territorial y Urbano, fue detenida tras una audiencia en la Ciudad de México.
La encargada de implementar programas insignia del pasado sexenio como la Cruzada contra el Hambre y las acciones de reconstrucción tras los sismos de 2017, permanece en prisión preventiva, acusada de ejercicio indebido del servicio público, delincuencia organizada y lavado de dinero, estas dos últimas acusaciones formalizadas cuando ya estaba en la cárcel.
Hace unos días, la ex funcionaria anunció que se acogería al criterio de oportunidad, con lo cual, obtendría beneficios judiciales por aportar pruebas de personajes políticos de mayor rango involucrados en los delitos que se le imputan, en particular, por el caso de la Estafa Maestra, con cuyo esquema de desviaron al menos cinco mil millones de pesos.
A través de sus abogados, Robles adelantó que tiene pruebas de que los recursos públicos desviados a través de la Estafa Maestra se utilizaron para fondear campañas políticas y señaló a Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda, como el promotor de esos hechos ilícitos.
Emilio Zebadúa, exoficial Mayor de la Sedatu y Sedesol, es otro de los exfuncionarios que trabajaron con Robles y están implicados en la Estafa Maestra, por lo que cuenta con orden de aprehensión por lavado de dinero.
Mucho ruido…
Uno de los casos más mediáticos fue la detención de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), en España el pasado 12 de febrero de 2020 y extraditado el 16 de julio de este año.
Lozoya fue vinculado a proceso por los delitos de operación con recursos de procedencia ilícita, recibió como medida cautelar la portación de un brazalete electrónico, y además, se acogió al criterio de oportunidad, con el objetivo de obtener beneficios judiciales.
Los casos por los que es juzgado el ex director de Pemex, son los de Odebrecht, donde se le acusa de recibir sobornos de la constructora brasileña, mismos que terminaron en la compra de propiedades y triangulaciones de recursos a diversos paraísos fiscales.
El otro caso es Agronitrogenados, donde también se acusa a Lozoya de recibir sobornos a cambio de que Pemex comprará a Altos Hornos de México (AHMSA) una planta de fertilizantes en Veracruz, que fue pagada como nueva cuando se encontraba en estado de chatarra.
Para recibir beneficios judiciales, el exfuncionario petrolero presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), donde acusa que Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto lo instruyeron “para configurar una asociación de corte delictivo, dirigida a enriquecerse no solo del erario público, sino a través de la extorsión de personas físicas y jurídicas, el fraude y el engaño”.
Hasta ahora, ni Videgaray ni Peña Nieto cuentan con alguna orden de aprehensión o proceso abierto por la Secretaría de la Función Pública.
Sin embargo, el empresario Alonso Ancira, principal accionista de AHMSA y operador de la venta de Agronitrogenados, fue detenido en España y está a la espera de su extradición.
Sólo acusados
Existen otros exfuncionarios que tienen orden de aprehensión pero no han sido detenidos: Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit; César Duarte, exmandatario de Chihuahua; Eduardo León Trauwitz, ex encargado de la seguridad de Pemex y acusado de robo de combustible, así como Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, principal implicado en la construcción de la llamada “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
