Grupo México se deslindó una vez más de los metales pesados que fueron hallados por expertos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en siete municipios del estado de Sonora.
En un comunicado, la empresa negó que el plomo y arsénico localizados en pozos y domicilios particulares tengan relación con los 40 millones de litros de lixiviados de sulfato de cobre acidulado que la mina Buenavista del Cobre derramó sobre el caudal de los ríos Bacanuchi y Sonora, el 6 de agosto de 2014.
Ayer, los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) hicieron público un oficio fechado el 11 de noviembre, donde la Cofepris confirmó la presencia de exceso de metales pesados en agua de consumo humano, lo que representan un grave riesgo para la población.
De acuerdo con un muestreo realizado en marzo pasado por el organismo, 98.28% de los 59 pozos y domicilios estudiados rebasó los límites de arsénico y 35.42% excedió los de plomo de la NOM-127-SSA1-1994, mientras otro muestreo realizado en julio reveló que, de 69 muestras en pozos y domicilios, incluidos dos en Hermosillo, 89.85% y 57.81% excedió las cantidades permitidas en la NOM de arsénico y plomo, respectivamente.
Luego de difundirse esta información, Grupo México alegó que el Río Sonora contiene metales pesados ancestralmente debido a la geología de la zona y que, de acuerdo con geólogos y especialistas, la mineralización del afluente inició hace al menos 12 millones de años, además de que las aguas de lluvia que recibe de las montañas acarrean partículas de roca con minerales.
Sobre el desastre ecológico ocurrido hace seis años, aseguró que los metales fueron recuperados en su totalidad en los meses posteriores al evento, y los metales, contaminantes y microorganismos observados en los monitoreos de la Cofepris –subrayó– no están relacionados con la actividad minera que realiza en la región.
Y consideró que “carece de todo fundamento” relacionar a Grupo México con los resultados de los monitoreos de calidad del agua presentados en el oficio de la Cofepris.
Por su parte, los Comités exigieron a las autoridades federales y de Sonora que cumplan con sus obligaciones e informen a la población sobre la contaminación del agua, reubiquen los pozos e instalen plantas potabilizadoras que filtren metales pesados.
Ramón Miranda, integrante de los CCRS y habitante de Aconchi, reclamó: “¿Qué tiene que pasar para que las autoridades hagan algo? Ahí están los datos desde hace más de un año, desde hace seis años, tras el cochinero que dejó Grupo México, y ahora los datos nuevos que vienen a decirnos lo que ya sabemos: el agua que tomamos nos está envenenando y las autoridades no hacen nada concreto para evitarlo. La indiferencia de los tres niveles de gobierno es la que nos va a matar”.
