En carta enviada a los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS), la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) reconoció que el agua de consumo humano en los siete municipios del Río Sonora sigue contaminada masivamente con metales pesados, principalmente arsénico y plomo.
Tras nuevos muestreos realizados este 2020, Cofepris advirtió que esa contaminación “representa un riesgo a la salud de la población” de la región, donde hace seis años ocurrió el derrame tóxico de Grupo México y cuya remediación sigue pendiente.
Sin embargo, los Comités de Cuencia denuncian que, a pesar de la evidencia, ni Cofepris ni las demás dependencias responsables —la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Sonora (Coesprisson), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y las autoridades de los siete municipios— han alertado a la población ni solucionado esta emergencia sanitaria.
“Mientras hacen planes y nuevos muestreos, mientras se lavan las manos entre instituciones, se nos va la vida. El gobierno nos está dejando morir envenenados”, dice José Manuel López, habitante de San José de Baviácora.
Fechada el 11 de noviembre de 2020 y firmada por su titular, José Alonso Novelo Baeza, la carta de Cofepris es la respuesta a otra que los CCRS enviaron al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, el pasado 19 de octubre. En ella, pedían “respuestas consistentes y sin más demoras” ante las evidencias de pozos contaminados que salió a la luz en 2019.
La carta de la Cofepris habla de nuevos muestreos en 2020, con resultados aún más alarmantes sobre la contaminación del agua en la región.
De acuerdo con el muestreo de marzo, 98.28% de los 59 pozos y domicilios particulares estudiados rebasa los límites de arsénico y 35.42% excede los de plomo, establecidos en la Norma Oficial Mexicana (NOM-127-SSA1-1994, modif. 2000). En el muestreo de julio, de 69 muestras de pozos y domicilios particulares —incluyendo dos en Hermosillo—, 89.85% excede los niveles de arsénico y 57.81% los de plomo permitidos por la NOM.
“Si tomamos en cuenta los resultados del muestreo de agosto de 2019, en el que el 89.28% de los pozos rebasaba la NOM por concentración de arsénico y el 64.28% de plomo, tenemos un panorama desolador en el que el agua de uso y consumo humano está permanente y masivamente contaminada en la región”, afirma Fernanda Hopenhaym, codirectora ejecutiva de Poder.
Un riesgo para la salud
“De acuerdo con las Guías de Calidad del agua de la Organización Mundial de la Salud (4ed ed) (sic), la exposición a algunos agentes patógenos y elementos químicos a través del uso y consumo de agua de consumo humano puede producir enfermedades graves. Por lo cual la presencia de contaminantes en el agua de uso y consumo humano en concentraciones mayores a los límites máximos permisibles establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 (modif.2000) representan un riesgo a la salud de la población”, menciona el titular de Cofepris en la carta.
De acuerdo a la Constitución y a las atribuciones de los tres niveles de gobierno, se ha notificado a las autoridades municipales y a la Conagua “para que lleven a cabo las acciones necesarias”, refiere.
También menciona que están trabajando en una agenda “para dar soluciones” ante el riesgo que esto representa, pero nuevamente, como lo han hecho el subsecretario López-Gatell, antes otras autoridades federales y el mismo Andrés Manuel López Obrador, sin fechas ni plazos claros.
“Desde los Comités de Cuenca exigimos soluciones inmediatas. Que las autoridades federales y de Sonora hagan la parte que les corresponde y dejen de pasarse la bolita; que reubiquen los pozos y que instalen plantas potabilizadoras, siempre y cuando filtren metales pesados, tengan mantenimiento y funcionen adecuadamente. Y lo repetimos: que todo esto se haga con la participación de las personas afectadas. Nunca más un plan o una agenda sin nosotros”, dice Francisca García, habitante de La Estancia (Aconchi).
También señala la falta de apoyo a los afectados por parte de los municipios del Río Sonora, incluyendo a Hermosillo, los cuales “deben cumplir mínimamente con avisarnos sobre la contaminación y con gestionar todos los procesos que nos garanticen vivir sin arsénico, plomo, y quien sabe cuántas otras cosas”.
Los CCRS y Poder, a través de solicitudes de acceso a la información, ya habían pedido a la Cofepris los datos de nuevos muestreos realizados en 2020, y las autoridades de la misma Comisión negaron tener información al respecto.
“¿Qué tiene que pasar para que las autoridades hagan algo? Ahí están los datos, desde hace más de un año, desde hace seis años, tras el cochinero que dejó Grupo México, y ahora los datos nuevos que vienen a decirnos lo que ya sabemos: el agua que tomamos nos está envenenando y las autoridades no hacen nada concreto para evitarlo. La indiferencia de los tres niveles de Gobierno es la que nos va a matar”, concluye Ramón Miranda, integrante de los CCRS y habitante de Aconchi.
El derrame de tóxicos al Rio Sonora
El 6 de agost0 de 2014, una laguna de la mina Buenavista del Cobre, de Grupo México con alrededor de 20 kilómetros a la redonda de lixiviados, sufrió una rotura en una de las piletas de almacenamiento.
Se vertieron a los cauces de los ríos Bacanuchi y Sonora, 40 millones de litros de acidulados de cobre y otros metales venenosos como cobre, arsénico, aluminio, cadmio, cromo, fierro, manganeso y plomo, cuyos niveles fueron determinados fuera de las normas ecológicas.
Atravesaron desde Cananea, los municipios de Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Baviácora, Aconchi y Ures, hasta llegar a la zona rural de Hermosillo.
Los tóxicos recorrieron 17.6 kilómetros del arroyo Las Tinajas, 64 kilómetros del Río Bacanuchi y 190 kilómetros del Río Sonora, y se contuvieron en la Presa El Molinito que abastece de agua potable a miles de hermosillenses.
A su paso, inundó la región de enfermedades y miseria. Se contaminaron los pozos abastecedores de agua potable, los cultivos y el ganado.