Un juez federal vinculó a proceso a los políticos panistas Sergio Salazar Salazar y Carla Rochin Nieto, por su presunta responsabilidad en los delitos de lesiones y homicidio culposo, a quienes se les decretó prisión preventiva justificada por el caso del incendio en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, en 2009.
Carla Rochín se desempeñaba actualmente como titular de la ONG Guanajuato Patrimonio de la Humanidad A.C y hace un par de meses fue designada coordinadora de estrategias para el proceso electoral del próximo año, por la comisión organizadora electoral del PAN.
Mientras que el empresario y político tamaulipeco Sergio Salazar fue director de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y responsable de otorgar los permisos a los propietarios de la Guardería ABC, Gildardo Francisco Urquides Serrano, Sandra Lucía Téllez Nieves y Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, familiar de Margarita Zavala, esposa del ex presidente Felipe Calderón.
El 5 de noviembre, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a un juez una orden de aprehensión contra los funcionarios, la cual fue cumplimentada cuatro días después. Ambos políticos quedaron a disposición del juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Hermosillo, Sonora.
Las audiencias se celebraron 13 y 18 de noviembre. El juzgador resolvió vincular a proceso a los imputados, por su probable responsabilidad en los delitos de lesiones y homicidio culposos, en su modalidad de comisión por omisión, reiterándoles la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
El 25 de febrero de este año, el IMSS presentó denuncia de hechos involucrando a funcionarios de alto nivel de ese organismo. El Ministerio Público Federal determinó ejercitar acción penal contra Sergio Salazar y Carla Rochin, director de Prestaciones Económicas y Sociales y coordinadora Nacional de Guarderías, respectivamente, cargos directivos que tuvieron al interior del IMSS.
El 5 de junio de 2009, se suscitó un incendio en la Guardería ABC, donde perdieron la vida 49 menores de edad y 43 menores y adultos más resultaron heridos.
La entonces Procuraduría General de la República, ejercitó acción penal contra 22 personas, entre ellas, servidores públicos del IMSS, del gobierno de Sonora, del gobierno municipal de Hermosillo e integrantes de la estancia infantil.
El juez Primero de Distrito en el estado de Sonora dictó sentencia condenatoria el 13 de mayo de 2016 contra 19 de los involucrados, entre servidores públicos de los tres niveles de gobierno, quienes no tenían cargos relevantes o de alto nivel dentro de las dependencias a las que pertenecían, así como de la representante legal y un miembro del consejo de administración de la guardería de referencia.
El fallo fue impugnado y el asunto escaló hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde aún están por resolverse los amparos.
