La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó imponer al PRI una multa de 84 millones 388 mil pesos por haber ofrecido a la venta, en el portal Mercado Libre, la “Base de datos INE 2018”.
Los millones de datos de ciudadanos correspondían al padrón electoral con corte a enero de 2015 que habían sido entregados al PRI –al igual que al resto de los partidos, sólo con fines de verificación– pero cuya confidencialidad fue negligente en resguardar, lo que permitió que se intentara su comercialización.
De acuerdo con el procedimiento sancionador desahogado por el INE, se evitó la venta o exposición de datos ciudadanos, pues en cuanto tuvo conocimiento se solicitó a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) el cateo y aseguramiento de equipo de cómputo con la información, mismos que estaban en un domicilio de Querétaro.
Según lo aprobado por unanimidad de los consejeros de la Comisión, el cobro de la multa será en reducción de 10 % a las ministraciones mensuales del tricolor, por lo que serían descuentos durante seis meses, a razón de 14 millones 64 mil pesos en cada uno.
De confirmarse la multa en próxima sesión del Consejo General del INE, sería la mayor sanción a un partido por haber puesto en riesgo los datos de más de 90 millones de ciudadanos en Lista Nominal de Electores (LNE), mismos que fueron puestos a la venta de manera irregular.
Además, sería la tercera multa al PRI por poner en riesgo los datos del padrón electoral.
En julio de 2018 fue multado con 43 millones 795 mil pesos, por el indebido resguardo del listado de electores de Sinaloa, lo que hizo posible que este apareciera en el sitio web digitalocean.
En 2019, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó una nueva multa por 16 millones 423 mil pesos al PRI, por negligencia en el resguardo de la LNE de Baja California de 2013, lo que permitió su difusión en el portal people-search, en 2016.
Previamente, en 2017 y 2018, Movimiento Ciudadano ha sido castigado dos veces, con 31.3 y 34.1 millones de pesos, por negligencia que permitió la filtración de millones de datos en internet. La primera sanción era originalmente de 76 millones, pero tuvo un “descuento” de casi la mitad, gracias al TEPJF.
