El Senado aprobó este miércoles reformas a la Ley de Instituciones de Crédito con las que se busca fortalecer a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, para agilizar casos y bloquear cuentas bancarias cuando existan indicios de terrorismo o lavado de dinero.
El titular de la UIF, Santiago Nieto, ya celebró la aprobación en el Senado, afirmando que la nueva norma permitirá cumplir con estándares internacionales.
Agradezco al Senado mexicano por la aprobación de la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito. Nos permite cumplir los estándares internacionales. @armentaconmigo @RicardoMonrealA pic.twitter.com/9EfJ3cFkLl
— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) November 18, 2020
¿Qué se aprobó?
Las reformas aprobadas por el Senado han sido nombradas “Ley Nieto”, por las facultades que otorgan a la UIF para incluir en la Lista de Personas Bloqueadas a individuos ligados con los delitos mencionados, sin la necesidad de una orden judicial.
“La Secretaría (de Hacienda), en ejercicio de sus atribuciones, podrá introducir a una persona a la Lista de Personas Bloqueadas cuando cuente con indicios suficientes de que se encuentra relacionada con con los delitos de financiamiento al terrorismo (u) operaciones con recursos de procedencia ilícita”, dice la minuta.
También se reformó para dar garantía de audiencia a las personas indiciadas por presuntamente haber realizado operaciones con recursos de procedencia ilícita. A la ley incluso se agregó un capítulo al respecto.
Además, el Senado acordó realizar dos modificaciones al documento que fue enviado por los diputados:
1. Que sean los bancos y no la UIF los que notifiquen a sus clientes cuando sus cuentas sean bloqueadas.
2. Que esta notificación se pueda hacer por varios medios, no solo por escrito.
La discusión del dictamen
El senador Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda, consideró que los cambios van de la mano con un conjunto de disposiciones legales que el actual gobierno ha impulsado para separar al poder económico del poder político.
Agregó que la minuta plantea el respeto a los derechos procesales y se garantiza el derecho de audiencia.
Ana Lilia Rivera, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, dijo que el dictamen establece una obligación derivada de los compromisos internacionales que México tiene como integrante del Grupo de Acción Financiera Internacional.
Además, señaló que con ello se atiende la observación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el sentido de que se establece que el motivo que genere el bloqueo deba tener un origen estrictamente nacional.
En contraste, el panista Damián Zepeda acusó que la propuesta busca dar facultades a Hacienda para tener “propiedades de una persona sin control judicial”. Asimismo, consideró que la UIF actuará solo en favor del Ejecutivo.
“El Poder Ejecutivo no es juez y no le corresponde decir que hay culpabilidad. Se está dando una facultad discrecional de meterse con cualquier ciudadano por el solo hecho de que así se determine. Cuando ya se intentó hacer esto en el pasado, la Suprema Corte de Justicia lo declaró inconstitucional”, argumentó.
