Jessica Molina tenía previsto viajar a Ciudad de México a finales de mes. Entre los días 23 y 27 de noviembre estaban programadas sesiones con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la Fiscalía General de la República (FGR) para revisar el expediente de la desaparición de su esposo, Daniel Trejo, capturado por marinos cuando estaba en su domicilio en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en marzo de 2018.
Finalmente, la visita no podrá tener lugar. Un funcionario de la CEAV escribió a Molina y al resto de compañeras del colectivo el martes 10 de noviembre explicando que, por la entrada en vigor del decreto que ordena la desaparición de 109 fideicomisos entre los que se encuentra el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a víctimas, no hay dinero disponible para pagar el viaje.
“Las comparecencias que habían agendadas en Fiscalía se podrán llevar a cabo solo en caso de que ustedes vengan con sus propios recursos”, les dijo.
Consciente de que muchas de las afectadas no cuentan con fondos para desplazarse, el funcionario les planteó que trataría de agendar reuniones por videollamada. “No es lo mismo. No vamos a poder seguir la investigación. No podremos ojear la carpeta y cuestionar”, se queja Molina. Su esposo es una de las 47 víctimas de desaparición forzada registradas en Nuevo Laredo entre enero y junio de 2018. La FGR investiga los hechos en 34 carpetas en las que ya han sido señalados nueve integrantes de la Unidad de Operaciones Especiales de la Marina.
La suspensión de viajes para revisar expedientes es una de las primeras consecuencias de la extinción del fondo, que tenía un monto de 574 millones 511 mil 883,86 pesos y su objetivo era “brindar los recursos de ayuda y la reparación integral de las víctimas de delito y las víctimas de violaciones a los derechos humanos, siguiendo criterios de transparencia, oportunidad, eficiencia y rendición de cuentas”. Entre las ayudas: pago de despensas básicas y rentas a víctimas de delito, y apoyo para búsquedas o viajes como el que Molina y sus compañeras tenían previsto en dos semanas.
“Tenemos mucho tiempo esperando, una está ilusionada por poder ver el expediente y lo suspenden. En mi caso, era para ver las copias de la investigación, tengo pidiéndolas desde que desaparecieron a mi hermano. Ahora que nos aceptan para ir y no hay viáticos”, se queja Fabiola Reyes Lima, hermana de Simeón Reyes Lima, desaparecido y asesinado en mayo de 2018, presuntamente por efectivos de la Marina.
La CEAV confirmó que los fondos de los que disponía el fideicomiso ya han sido traspasados a la Tesorería General, siguiendo la orden firmada el 6 de noviembre por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Según la institución, el objetivo es seguir dando estos apoyos y, para ello, aseguran que han mantenido reuniones durante toda la semana con representantes de la secretaría de Hacienda. A día de hoy no hay certeza sobre cuándo se podrá retomar el sistema de ayudas económicas a víctimas.
A mediados de octubre, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, hizo públicos varios videos a través de Twitter en los que aseguró que “la desaparición de los fideicomisos no va a poner en riesgo ni un solo peso” de los beneficiarios. En la grabación, en la que defiende las extinciones por no ser herramientas transparentes y resultar ineficientes en la gestión de los recursos, afirma que se garantizará que el dinero llegue.
En el caso de las víctimas, dijo el secretario que más de 430 millones de pesos ya se operaban a través del presupuesto a pesar de que la transferencia final se realizaba desde el fideicomiso.
El gobierno de López Obrador justificó la suspensión de los fideicomisos como mecanismo contra la corrupción. Sin embargo, está previsto que buena parte de los fondos centralizados sean destinados a la compra de vacunas contra la COVID-19 y otras apuestas estratégicas como los megaproyectos y los programas sociales.
Mientras CEAV y Hacienda hablan sobre cómo organizar la dispersión de los fondos, víctimas como Jessica Molina se ven obligadas a suspender su viaje para revisar el expediente. La última vez que pudieron ver la carpeta y los avances en la investigación fue en diciembre de 2019, hace casi un año.
Otra de las consecuencias de la eliminación del fideicomiso es que ya no se están pagando los apoyos mensuales que percibían las víctimas para despensas o rentas. El 30 de septiembre recibió un email de la CEAV en el que aseguraba que se adelantarían los pagos de octubre, noviembre y diciembre para poder hacer frente a la contingencia provocada por la COVID-19, pero nunca recibió ningún depósito. “Supongo que ya no lo van a hacer, si se ha extinguido el fondo”, explica. Su preocupación es para compañeras como Erika Arredondo, madre de Julio César Viramontes Arredondo, desaparecido por marinos en febrero de 2018. En su caso, según denuncia, no ha recibido recursos durante todo el año.
“¿Cómo voy a pagar la renta? ¿Cómo sigo pagando?”, se pregunta Fabiola Reyes. Explica que dejó la vivienda en la que residía por recomendación de sus asesores legales, ya que existía el riesgo de que tomaran represalias contra ella. Desde que fue reconocida como víctima, el fondo se hacía cargo de su renta. “Me fui por miedo, porque nos recomendaron que saliéramos, que nos iban a ayudar”, dice.
Cuando los diputados debatieron la extinción de los fideicomisos a primeros de octubre, un grupo de víctimas se manifestó ante la cámara para exigirles que reconsiderasen. Su principal temor era exactamente lo que está ocurriendo: que el trasvase de dinero de la CEAV a Hacienda afectase a los damnificados por la violencia. Entre las manifestantes se encontraba Delia Quiroa. Su madre y su hermano fueron secuestrados en 2013. Dos de los implicados en la captura de la mamá ya fallecieron, por lo que la CEAV debe hacerse cargo de la indemnización de forma subsidiaria. Asegura que estaba previsto que el pago se efectuase el 15 de noviembre, pero recientemente recibió el aviso de que no se abonaría la compensación hasta que Hacienda emita sus lineamientos. Además, Quiroa también tiene pendiente recibir la compensación derivada de la recomendación 39/2020 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y que señala a varios miembros de la CEAV por violentarla a ella y a otras siete personas más durante el plantón que realizaron en las oficinas de la institución en febrero de este año.
“Por eso convocamos a las protestas en la cámara de diputados y el Senado. Porque sabíamos que esto iba a ocurrir”, asegura.
Nadie sabe con exactitud cuántas personas están siendo afectadas. Pero son cientos las víctimas que mensualmente reciben las ayudas económicas o que dependen del dinero de la CEAV para buscar a sus seres queridos, o para poder revisar las carpetas de investigación. Desde ahora tampoco saben cuándo podrán volver a recibir estos apoyos.
