Los avances en el Plan de Justicia para los Pueblos Indígenas donde se contempla la construcción de un nuevo acueducto para resolver la demanda histórica del suministro de agua para las comunidades yaquis, pone en riesgo la continuidad del Acueducto Independencia que abastece a los habitantes del Sur de la capital de Sonora, porque el Gobierno federal revivió el conflicto por el agua entre Ciudad Obregón y Hermosillo, al comprometerse a realizar nuevamente la consulta para el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) de una obra que lleva ocho años en operación.
El Acueducto Yaqui requerirá una inversión de mil 800 millones de pesos, con un costo de aproximadamente dos pesos por metro cúbico, además de un costo anual para su operación de 7.5 millones de pesos; con una capacidad de 3.8 millones de metros cúbicos con 150 kilómetros de longitud, funcionará con gravedad desde la presa el Oviachic (Álvaro Obregón), e incluye una planta potabilizadora para beneficiar a más de 35 mil habitantes de los Ocho Pueblos.
Fue el pasado viernes, cuando el Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas anunció la construcción del tercer acueducto en Sonora que se deriva de la Cuenca del Río Yaqui (junto al Acueducto Independencia/Acueducto Yaqui-Guaymas-Empalme); pero al hacer la presentación ante la Guardia Tradicional que integran los Gobernadores de los Ocho Pueblos, la Comisión Presidencial de Justicia para el Pueblo Yaqui se comprometió a volver a realizar la consulta para el MIA del Acueducto Independencia que de acuerdo al Convenio Núm. 169 de la Oficina Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, su resultado es vinculante y en caso de que los yaquis rechacen la obra su operación tendrá que cancelarse.
Información de Daniel Sánchez Dorame
