César suspira al otro lado del teléfono y deja escapar un sonoro ufffff, que redondea con una risita nerviosa, incómoda, para a continuación repetir en voz alta la pregunta que le plantea el reportero: “¿Qué haría si sintiera síntomas de Covid? ¿Se lo diría o no a mi empresa?”
“Honestamente, es muy difícil responderte a eso”, responde al fin al otro lado de la llamada telefónica. “Porque si yo dijera que me siento mal, de lo que sea, lo que va a pasar en automático es que mandan a mi casa mínimo dos semanas sin goce de sueldo”.
“Pero… por otra parte… -vuelve a titubear durante unos segundos-. También soy consciente de que si no lo dijera estaría exponiendo a muchas personas que son mis compañeros. Así que es un dilema muy fuerte”.
César no se llama César. Pide que se le llame así porque teme represalias de la empresa para la que aún está trabajando: la maquiladora Eaton Cooper Bussman, compañía dedicada a la fabricación de fusibles que tiene una fábrica en Ciudad Juárez, Chihuahua, en la frontera con Estados Unidos.
A continuación, el hombre se apresura a decir que sabe que lo mandarían a casa sin nada en los bolsillos porque, precisamente, eso fue lo que le sucedió hace un par de meses, cuando llegó a la enfermería de la compañía con los síntomas de lo que más tarde se confirmó que era una alergia.
“Me mandaron para mi casa una semana y dos días, y no me pagaron nada. Tenía cuatro días de vacaciones y los tomaron, y el resto de días también los tomaron como si yo hubiera pedido permiso sin goce de sueldo”, denuncia.
Y su situación, subraya el juarense, no es desde luego la única. “A mucha gente la están regresando así”, insiste. Y ahora que Chihuahua ha vuelto al semáforo rojo por el nuevo disparo de los contagios, agrega, el temor entre sus compañeros y compañeras es que los regresen con el argumento de protegerlos, pero sin un centavo de un salario que, de por sí, es escaso: 198 pesos la jornada.
“Hay mucho miedo entre los trabajadores, y por eso nadie quiere dar un paso al frente”, asegura César, que explica que ese temor está fundamentado con lo que pasó en abril pasado. En ese entonces, los 500 empleados que laboran aproximadamente en esta maquila hicieron protestas denunciando que no había las medidas sanitarias necesarias para trabajar en pandemia. Por lo que pararon labores el 9 de abril exigiendo que los mandaran a casa con el 100% de su salario, hasta que las condiciones fueran las óptimas.
Pero la protesta fue contraproducente: “A muchos de los que levantaron la voz, los mandaron para recursos humanos y de ahí… para afuera. Luego, al tiempo, les hablaron para ofrecerle un poco de dinero para que no pusieran una demanda, presionándolos con que las demandas laborales se pueden tardar años en proceder, y eso fue todo. La mayoría aceptó el acuerdo porque no les quedó de otra”.
Y por eso, por el temor a alzar la voz y quedarse sin trabajo, César opina que muchos como él también se enfrentan al mismo dilema de avisar o no al patrón en caso de que su salud empeore en estos días de pandemia.
“La empresa no nos da esa seguridad, esa confianza. ¡Al contrario! -exclama, enojado-. Nos obligan a escondernos. A estar enfermos y no decirlo e ir a trabajar como sea. Porque sabemos que si decimos que estamos enfermos, de lo que sea, nos van a regresar y no nos van a pagar los días”.
Y ahora menos que nunca, recalca, pueden estar sin un sueldo, por mínimo que sea. Y menos aun pueden permitirse perder el seguro médico del IMSS; el único salvavidas al que millones de trabajadores se aferran para acceder a la salud pública en esta pandemia.
Se disparan las quejas en pandemia
Como expuso César, su caso no es único.
Al contrario, además de miles de pérdidas de vidas humanas -más de 97 mil en México hasta el 13 de noviembre-, la pandemia ha generado también una oleada de quejas y de denuncias por conflictos laborales.
Así se aprecia en las cifras oficiales de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajador (Profedet), un órgano desconcentrado de la Secretaría del Trabajo que, hasta octubre pasado, ha recibido 191 mil solicitudes de asesoría por quejas de trabajadores, un 25% más en comparación con todo 2019.
Y, de ese total, al menos 82 mil casos, el 42%, tuvieron lugar solo durante la pandemia, entre abril y octubre, cuando los trabajadores denunciaron principalmente casos de despidos injustificados, recortes arbitrarios de salario, impagos de indemnizaciones, entre otros motivos.
La avalancha de quejas y de solicitudes de asesoría legal ha sido tal que la Profedet tuvo que abrir en abril pasado una ‘Procuraduría Digital’, donde otros 11 mil 600 trabajadores reportaron a través de Internet conflictos laborales, también por despidos injustificados, recortes, etcétera.
Ante estas cifras, la Profedet explica que está privilegiando la conciliación amistosa entre empleados y patrones: hasta el momento, lleva más de 6 mil 100 conciliaciones, en las que sus abogados han logrado recuperar 385 millones de pesos para los trabajadores quejosos.
“En la Profedet, lo primero que vamos a hacer es tratar de llegar a un acuerdo amistoso entre las partes, porque si bien es cierto que hay patrones que están abusando, también hay empresarios que están teniendo problemas de liquidez muy graves, porque también ellos se han visto muy afectados por la pandemia”, plantea en entrevista Carolina Ortiz, titular de la Profedet.
Ahora bien, el otro gran objetivo de privilegiar la conciliación es no llegar a los tribunales, a la justicia laboral, donde el tamaño del cuello de botella es enorme: al millón de demandas no resueltas previo a la contingencia sanitaria -algunas con 25 años de antigüedad-, hay que sumar otras 3 mil 375 demandas interpuestas por la Profedet este 2020.
Carolina Ortiz dice que espera que, a partir del próximo 18 de noviembre, cuando entre en vigor el nuevo modelo de justicia laboral, que en su etapa inicial cambiará en ocho entidades del país las juntas de Conciliación por tribunales en los que se privilegiará audiencias rápidas de conciliación, sin llegar a juicio, la justicia acelere el paso.
Pero, mientras eso sucede, este cuello de botella es el ariete al que se están agarrando múltiples empresas en esta pandemia, denuncia Susana Prieto, defensora de obreros y obreras de la industria maquiladora en Chihuahua y Tamaulipas, en la frontera norte de México.
Es decir, explica la abogada laboralista, hay empresas que están utilizando el argumento de ‘pues denúnciame, tu juicio se va a tardar años’ para que los empleados acepten, por ejemplo, recortes de salario de hasta el 60%, o para que acepten irse a casa varias semanas sin goce de sueldo, o para despedirlos.
“Te corren sin darte ni un peso. Y, si vas con abogados, como a los dos meses te buscan y te ofrecen un acuerdo amistoso por muy poco dinero diciéndote que, o aceptas y firmas eso, o tu caso se va a atorar años”, dice César, el empleado de una maquila en Ciudad Juárez.
“Las empresas te agarran en un momento de tremenda inestabilidad emocional y económica, y te dicen: firma aquí, y si no, pues no te damos nada”, añade Rosa Andrea Montero, cuya pareja, el veracruzano César Augusto Fernández, murió víctima de la Covid 19 tras contagiarse en la embarcación petrolera en la que trabajaba.
Cuando se le plantea esta situación a Carolina Ortíz, titular de la Profedet, la respuesta inmediata es que, según la ley federal del trabajo, “no hay justificación legal alguna” para que esto suceda.
Y así lo ha reiterado también la secretaria de Trabajo, Luisa Alcalde, quien desde abril pasado ha advertido en múltiples foros que los patrones no pueden despedir a sus trabajadores o modificar unilateralmente las condiciones de sus contratos con el pretexto de la pandemia. Ya que hacerlo es una “ilegalidad”.
No obstante, la abogada Susana Prieto critica que “fue un error desde el minuto uno” no incluir estas advertencias por escrito en el decreto de emergencia sanitiaria emitido el pasado 30 de marzo. Porque esto, asegura, está siendo la puerta de entrada para que casos como el de César se repitan en las maquilas de Chihuahua y Tamaulipas, y en buena parte de país.
Y no es la única rendija legal, agrega Prieto. Por ejemplo, que la Covid 19 no sea considerada como una enfermedad de trabajo, sino como un padecimiento común, está eximiendo a los patrones de cualquier responsabilidad por arriesgar a sus empleados a trabajar en pandemia, aun y cuando no sean consideradas empresas esenciales. Y esto, a su vez, les da toda la ventaja legal para no pagar indemnizaciones en casos de muertes de empleados que se contagiaron de Covid durante el ejercicio de sus labores.
Así lo explica la abogada: “Al inicio de la pandemia, sí se estaba considerando como una enfermedad de trabajo, y por eso se logró que ante las primeras muertes de empleados les pagaran a los familiares el 100% de la indemnización. Pero, desde julio, cuando por presión de empresarios ya dejó de considerarse como enfermedad de trabajo, esta situación cambió. Y ahora, los empresarios están mucho más protegidos porque ya no los puedes culpar de arriesgar a sus empleados”.
Pero el riesgo laboral existe, hace hincapié César. Por ejemplo, en su caso asegura que no hay sana distancia en los autobuses llenos de empleados que los transportan desde varios puntos de la ciudad a la fábrica. Y, aunque a diario les dan un cubrebocas de tela, y una careta de protección, dice que evitar un contagio en un lugar donde trabajan al menos 500 personas “es prácticamente imposible”.
Animal Político buscó a la empresa Eaton Cooper Bussman para solicitarle una entrevista o postura. Pero al momento de publicar este reportaje no había ofrecido respuesta.
“A las tres faltas… pierdes el trabajo”
María tiene 47 años y también es de Ciudad Juárez, Chihuahua. Ella no trabaja para la maquila, pero también se ha visto afectada la pandemia.
En entrevista telefónica, la mujer cuenta que tiene dos hijos, uno de 19 y otro de 14 años. Y que su esposo Eduardo Navarro, un duranguense al que conoció hace 21 años, trabajaba como vigilante para una empresa de seguridad que da servicios en una unidad deportiva en Juárez.
María no acierta a decir con exactitud cuánto tiempo llevaba Eduardo trabajando en la unidad. Tras pensarlo en voz alta dice que “muchos años”, aunque admite que, sobre el papel, solo llevaba dos, “porque a cada rato lo despedían y lo volvían a contratar para que no hiciera antigüedad”.
Aun así, la mujer asegura que su marido era feliz en su trabajo: “No ganaba mucho, pero le fascinaba”.
Para el 9 de mayo pasado, Eduardo comenzó a sentirse mal. Tenía temperatura alta, fuerte dolor de huesos, y las primeras dificultades para respirar. “Se me hace que traigo el Covid”, le dijo a su esposa.
Aun así, Eduardo se presentó al trabajo, como siempre. Allí también avisó que no se sentía bien, que creía que era portador de ese coronavirus del que tanto hablaban en la televisión. “Pero su supervisor no hizo nada”, lamenta María. “No le dieron ni un triste cubrebocas. Y tampoco le dijeron que se regresara para la casa dos o tres días a descansar”.
Al día siguiente, Eduardo volvió a presentarse, a pesar de los reclamos de María. “Yo le decía que para qué iba si se sentía mal, que nadie se lo iba a agradecer. Al contrario, si te pasa algo nada más te reemplazan por otro, y ya”. Pero Eduardo negaba con la cabeza y, tozudo, insistía en que era su obligación cumplir con su trabajo, además de que, obvio, necesitaban el salario. “Si no se presentaba, no le pagaban el día”.
Muy poco después, los síntomas se agravaron. A Eduardo no le quedó más remedio que llamar por teléfono a su supervisor, para avisar que ese día no podía ir a la unidad deportiva. La respuesta que le dieron, cuenta María, fue que tenía que llevar en persona un papel en el que constara que realmente estaba enfermo. “O de lo contrario, a las tres faltas perdía el trabajo”.
Pero los hospitales del seguro donde le tenían que expedir ese documento ya estaban saturados para ese entonces. “Ya no recibían a nadie, o te decían que sí, pero que volvieras en cinco días”, cuenta María, aún con agonía en su voz.
Así pasaron varios días, buscando dónde atenderse. Hasta que el 26 de mayo, cuando ya grave lo estaban trasladando a una clínica, Eduardo falleció a bordo de una ambulancia.
“La empresa tampoco se hizo cargo de nada en ese momento. Ni del funeral, ni de nada”, asegura María, que incluso señala que la empresa tampoco le pagó a su marido las dos semanas que no fue a trabajar.
Tras la tragedia, María recurrió a la abogada laboralista Susana Prieto para defender los derechos de su esposo. Cuando se le pregunta qué le exige a la compañía, la mujer dice que solo quiere lo justo. Que mínimo reconozcan el trato indigno que le dieron a Eduardo y que le paguen esas dos semanas que estuvo incapacitado y lo que le correspondía por los años de trabajo.
“No pedimos tanto. Nada más lo justo, lo que es”, dice la mujer, que, no obstante, recalca que su principal dolor es el trato que le dieron a su esposo.
“Los hospitales estaban saturados, es cierto. Pero muchos en sus casas se están aliviando. A lo mejor, si la empresa le hubiera dado chance desde un inicio de venir para la casa a atenderse bien, tal vez hubiera mejorado. Y tal vez, aún estaría aquí conmigo, con sus hijos, con nosotros”.
