El exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, ordenó el desvío de recursos públicos de una docena de dependencias federales a través del mecanismo conocido como La Estafa Maestra para el financiamiento de campañas políticas, compra de votos y promoción del gobierno de Enrique Peña Nieto y su partido, el PRI, declaró Emilio Zebadúa, exoficial mayor de la Sedesol y Sedatu, ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Para conseguir el perdón legal en la investigación sobre el posible desvío de recursos públicos, Zebadúa hizo una declaración ministerial de 18 páginas, donde narra el modus operandi de La Estafa Maestra, del que se deslinda de cualquier participación, aunque él fue apoderado legal de las cuentas bancarias y encargado de administrar el presupuesto de ambas dependencias.
Además, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó a Zebadúa gastos de 205 millones de pesos junto con dos de sus hermanos, sin que ello correspondiera a sus ingresos, por lo que fueron denunciados por probable de lavado de dinero.
Animal Político obtuvo la comparecencia ministerial realizada el 19 de octubre pasado como parte de la causa penal FED/SEIDF/UNAI-CHIS/0001522/
“La secretaria Rosario Robles me comentó que en consulta con el secretario Videgaray le había propuesto contratar empresas privadas que proveerían servicios inherentes a la campaña de la Cruzada Nacional contra el Hambre, mediante la utilización de Universidades Públicas, ya que la Ley de adquisiciones lo permitía y a la vez facilitaba decidir a priori a los proveedores”.
Esto permitió el inicio del mecanismo en la Sedesol, pero también en otra docena de dependencias, como la Sagarpa, Economía, SCT, ISSSTE, Pemex, entre otras, a las que se les daba “recursos extraordinarios por la Secretaría de Hacienda para proveer de recursos permanentes durante el sexenio para la promoción publicitaria, político-electoral del presidente, su gobierno y el su partido político, sin que existieran previamente programas formalmente presupuestados para ellos. También desviar recursos públicos para el financiamiento de campañas políticas”, declaró Zebadúa.
Lo que describe es el mecanismo revelado en la investigación periodística La Estafa Maestra en septiembre de 2017 mediante el cual 11 dependencias de gobierno entregaron, sólo entre 2013 y 2014, más de 7 mil millones de pesos a ocho universidades públicas para hacer supuestos servicios, pero éstas subcontrataron a empresas que resultaron ser ilegales o fantasma y, por lo tanto, el dinero desapareció.
Aunque se trató de un mecanismo complejo en el que presuntamente intervinieron cientos de personas como secretarios de Estado, oficiales mayores, rectores y supuestos empresarios, hasta el momento sólo Rosario Robles está en prisión preventiva por supuesto riesgo de fuga en el proceso judicial que enfrenta por uso indebido de atribuciones; además, existe una orden de aprehensión en contra de 11 personas más, pero ningún alto funcionario.
Ésta es la primera vez que se involucra al extitular de Hacienda, Luis Videgaray, en una declaración judicial; y se trata de una pieza clave, pues la dependencia a su cargo permitió la entrega de recursos a cada dependencia para los convenios con universidades, pese a que la Auditoría Superior de la Federación alertó sobre un presunto desvío desde 2014.
De hecho, este esquema comenzó a la par del gobierno de Enrique Peña Nieto, afirmó Zebadúa. Desde 2012 “tuvo inicio una estrategia general, tanto social como político electoral, en la que participarían la mayor parte de las dependencias del gobierno, una de ellas fue la Cruzada Nacional contra el Hambre, por la cual se desviaron recursos públicos no presupuestados para campañas de brigadeo, medios de comunicación y organización social en los municipios estratégicos, además de actos proselitistas o compra de votos”.
“También la secretaria Robles me expresó que Luis Videgaray le expuso la necesidad de canalizar recursos de la Sedesol para el pago de deudas de compromisos de la campaña electoral presidencial que él había coordinado para el presidente Enrique Peña Nieto”, dijo Zebadúa ante la PGR.
¿Zebadúa al margen?
Emilio Zebadúa relata una supuesta conversación con su entonces jefa, Rosario Robles, a inicio de 2014, cuando ella le pidió que la acompañara a una reunión con el secretario de Hacienda Luis Videgaray en su oficina alterna en la calle Julio Verne, en Polanco.
“En dicha cita se entrevistaron en privado ambos secretarios, yo esperándolos en una sala de juntas anexa. Al salir y en tránsito de vuelta a la Sedesol, la secretaria Robles me indicó que por instrucciones del doctor Videgaray debía alguna de las subsecretarías de la Sedesol, en particular aquella a cargo de Javier Guerrero García, contratar una o varias empresas para poder cubrir un compromiso de campaña de cerca de mil millones de pesos que se les adeudaba a los dueños”.
Javier Guerrero, efectivamente suscribió convenios de colaboración con universidades, pero incluso fue desde 2013 con la Tecnológica de la Huasteca Hidalguense, la Tecnológica de Aguascalientes; o la Autónoma de Baja California Sur en 2015; en todos los casos fueron menores a 3 millones de pesos para el “servicio” de creación de comités comunitarios como parte de la Cruzada Nacional contra el Hambre, aunque ninguno fue señalado por alguna irregularidad por la Auditoría Superior de la Federación.
En cambio, Emilio Zebadúa firmó los primeros convenios que no sólo fueron señalados por la Auditoría, sino que fueron denunciados penalmente por la posible comisión de delitos.
El 1 de marzo de 2013 y el 6 de mayo de 2013, Zebadúa, como oficial mayor de la Sedesol, firmó dos convenios generales con las universidades autónomas del Estado de México y de Morelos, respectivamente.
Estos documentos, obtenidos por Animal Político vía transparencia, fueron el punto de partida para la realización de siete convenios específicos con ambas universidades para hacer supuestos servicios para la Cruzada como el reparto de medio millón de despensas, la organización de un concierto o la compra de playeras y gorras para brigadistas por 881 millones de pesos, y que presumiblemente fueron desviados, según denunció la Auditoría Superior de la Federación.
Según la declaración de Zebadúa, la secretaria Robles “ordenaba directamente a sus subordinados, los funcionarios responsables de los procesos administrativos y gestiones de pago tal como la Dirección General de Programación y de Presupuesto, Dirección de Recursos Financieros, Dirección de Ejercicio Presupuestal, Dirección de Contabilidad, Dirección de Control Presupuestal de Entidades, Dirección de Tesorería y Subdirección de Presupuesto, realizar los pagos, de acuerdo a lo establecido en los convenios celebrados”.
Pero de acuerdo al reglamento interior de la Sedatu vigente el sexenio pasado, todos los puestos mencionados no dependían de la titular Robles, sino de Emilio Zebadúa, toda vez que formaban parte de la Oficialía Mayor, dirigida por él.
Se trata del subalterno inmediato a Zebadúa tanto en Sedesol como en Sedatu, Francisco Báez Álvarez, director general de Programación y Presupuestación, quien enfrentó la acusación penal por el presunto desvío de 185 millones al haber autorizado el pago de un convenio con la Universidad Politécnica Francisco I. Madero de Hidalgo, pero ni siquiera fue vinculado a proceso, es decir, el proceso judicial fue desechado.
También Martha Lidia Montoya Santos, directora de Tesorería, que dependía de la Dirección de Programación y Presupuestación, autorizaba los trámites de salida de recursos ante la Secretaría de Hacienda.
De hecho, en la Secretaría de la Función Pública (SFP) mantiene una investigación abierta contra 25 exfuncionarios de la Sedatu, entre los que se incluye a quienes ocupaban dichos cargos en la Oficialía Mayor y, según la dependencia, dicha área permitió el desvío de más de 4 mil millones de pesos.
Zebadúa afirma que Robles impulsó la firma de convenios con universidades en la Sedesol a través de diversas áreas como la dirección general de Comunicación Social, entonces dirigida por Rocío Bolaños, Ramón Sosamontes y Gustavo Rodríguez; así como la dirección general de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios, a cargo de José Antolino Orozco Martínez y con el subsecretario de Desarrollo Comunitario, Javier Guerrero; y María de la Luz Vargas, directora de Comunicación en Sedatu.
Según Zebadúa, Robles le contaba que “ella misma se reunía constantemente con todas esas personas en el PH de la Sedesol y establecían mecanismos, diseñaban estrategias jurídicas y determinaban las empresas que se utilizarían en los esquemas de contratación. Estas reuniones se desarrollaban semanalmente. Ella y sus cercanos establecían el modus operandi de la Estafa Maestra”.
Si bien Ramón Sosamontes y Gustavo Rodríguez sí firmaron convenios en Sedatu, Zebadúa no mencionó en su declaración al resto de funcionarios que también signaron convenios en la Sedesol y que dependían jerárquicamente de él, como Humberto René Islas Cortés, entonces director general de Recursos Materiales y Servicios Generales, quien firmó siete convenios con distintas universidades en Sedesol y Sedatu, y fue denunciado penalmente por la Auditoría.
El subalterno de Islas, Enrique Prado Ordoñez, director de adquisiciones y contratos en Sedesol, también firmó con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en mayo de 2013, igual que Sonia Angélica Zaragoza, directora general de Recursos Humanos; y Wendy Gabriela Arrieta Camacho, directora general de Tecnologías de la Información, éstas últimas dependientes directas del oficial mayor.
Tampoco mencionó a Juan Carlos Lastiri Quirós, subsecretario de Prospectiva, Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional en la Sedesol, que encabezó la firma de uno de los convenios más onerosos, por 338 millones de pesos, investigado por la Auditoría y que derivó en la primera denuncia penal interpuesta por dicho organismo en octubre de 2015.
De hecho, todos los anteriores forman parte del equipo de doce funcionarios que ocuparon los mismos cargos en ambas dependencias y firmaron convenios que fueron denunciados ante la PGR por la Auditoría.
A quienes sí menciona en la declaración es al exsubsecretario de Ordenamiento Territorial, Enrique González Tiburcio, y su subaterno, Armando Saldaña, director general de Ordenamiento Territorial en la Sedatu. Ambos denunciaron ante el Órgano Interno de Control y la PGR la falsificación de su firma en dos convenios con la Universidad Politécnica Francisco I. Madero de Hidalgo por 185 millones de pesos.
Según Zebadúa, aún con los reiterados señalamientos de la Auditoría por esta forma de contratación, de 2012 a 2018, sobre la posible afectación patrimonial de ambas dependencias informados a Rosario Robles, “ello no la inhibió para dar órdenes respecto a la celebración de dichos actos jurídicos, ni la motivó a formar plenamente de los alcances y los riesgos de dicha política de contratación al titular del Ejecutivo y demás funcionarios responsables”.
Esto último es un punto central en el procedimiento penal que enfrenta Robles, pues abona a la acusación de la Fiscalía, que sostiene que ella no impidió el mecanismo pese a estar enterada de las observaciones de la Auditoría.
Además, contradice una declaración de Robles en su segunda audiencia, donde aseguró que ella sí informó al presidente Peña Nieto sobre las presuntas irregularidades en dichos convenios señalados por la Auditoría mediante tres vías: reuniones de gabinete, el teléfono rojo y giras de trabajo.
Así salían los recursos desde Hacienda
De acuerdo con la declaración de Zebadúa, la Secretaría de Hacienda entregó “recursos extraordinarios” a las dependencias que ejecutaría la Estafa Maestra.
Para que esto pudiera concretarse se requería de un procedimiento que involucraría a funcionarios de Hacienda y la Oficialía Mayor de cada dependencia, según se establece en la Ley de Contabilidad Gubernamental.
Cada cambio, solicitud de ampliación y ejercicio de los recursos deben ser registrados en el Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP), y para poder hacerlo se requiere usuario y clave. De acuerdo con fuentes de la administración pasada, los únicos que tenían acceso a ese sistema en la Sedatu eran los funcionarios de la Oficialía Mayor.
En este caso, Francisco Báez, director general de Programación y Presupuestación, revisaba el trámite de ampliación presupuestal en la dependencia y lo enviaba para su consideración a la Unidad de Política y Control Presupuestal de Hacienda, entonces a cargo de Isaac Gamboa, asesinado en Morelos en mayo pasado, y a quien la Fiscalía de Chihuahua señaló por el posible desvío de recursos del gobierno de Chihuahua hacia las campañas del PRI, junto con el exsecretario general del partido, Alejandro Gutiérrez.
Dicha solicitud de ampliación era enviada a su vez a la subsecretaría de Egresos de Hacienda, puesto ocupado por Alejandro Sibaja Ríos, subalterno directo de Videgaray. De aprobarse, turnaba la autorización a la Tesorería de la Federación para poner a disposición los recursos en el SICOP de la Sedatu.
Mientras que para ejecutar el pago a proveedores, en este caso las universidades públicas, el procedimiento comenzaba por la dirección a cargo de Francisco Báez, quien realizaba el registro del compromiso presupuestal en el Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) con los datos del contrato, el proveedor, partida de gasto, programa presupuestario.
La Tesorería de la Sedatu, encabezada por Martha Lidia Montoya, recibía el folio del compromiso presupuestal y autorizaba el trámite en el SICOP, que luego era registrado en el Sistema Integral de Administración Financiera (SIAFF).
Después debía tramitar una Cuenta por Liquidar Certificada (CLC), es decir, el documento comprobatorio para registrar toda erogación del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Finalmente, la Tesorería de la Federación revisaba, autorizaba y liberaba los recursos para pagar al proveedor y genera una CLC autorizada, con ella, el pago se hace efectivo al proveedor correspondiente, en este caso a las universidades.
