En conjunto con los gobiernos, las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) pueden ayudar a miles de personas, siempre y cuando se haga equipo en los mejores términos, afirmó el diputado priísta, Luis Armando Alcalá Alcaraz.
Para ello propuso hacer un llamado al Congreso de la Unión para modificar los artículos 80 y 82 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, ISR, contenidos en el dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y de Crédito Público y de Estudios Legislativos, para exentar la norma de las OSC inscritas en el Instituto Nacional de Desarrollo Social.
“Nuestra petición es que sean motivo de excepción de la aplicación de esta normatividad específicamente a las que estén inscritas en el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) por ser ésta institución un garante de las OSC cumplen con su objeto social, con sus obligaciones y fiscales y son un medio para prestar ayuda ciudadana para los ciudadanos, debiendo presumirse la buena fe, además de los controles normativos en el propio INDESOL y los diferentes marcos normativos que rigen su funcionamiento”, apuntó.
Este tipo de restricciones, dijo, si bien pudieran haberse establecido de buena fe, lo cierto es que impiden el eficiente trabajo de las OSC y no permiten que la ayuda llegue a más objetivos y beneficie a más ciudadanos.
Las OSC han demandado un marco normativo que garantice el establecimiento de un esquema fiscal propicio para la sostenibilidad financiera de las organizaciones, con estímulos fiscales para favorecer los donativos privados y ofrecer beneficios tributarios a fin de que su operación sea menos onerosa, resaltó.
Alcalá Alcaraz señaló que es falso que las OSC se hayan enriquecido de manera indebida, argumentando que, el 2018, el gobierno federal apoyó con recursos públicos sólo el 1 % de las 41 mil 692 asociaciones del país.
Detalló que esta disposición afecta de manera fundamental a las OSC, ya que no podrían obtener más del 50% de sus ingresos por una actividad diferente al objeto.
“La normatividad como lo plantea el dictamen, lejos de combatir irregularidades por parte de las organizaciones, por un lado, afectaría a la reducción de recursos que son destinados a las causas de las organizaciones y, por otro, de manera indirecta disminuiría la atención de la población más vulnerable”, puntualizó.
Las organizaciones que actualmente tienen ingresos por actividades distintas a su objeto, son contribuyentes del ISR, consideró que aprobar esta iniciativa en sus términos podría resultar una pérdida en la recaudación de este impuesto y muchas otras afectaciones más que podrían debilitar las ya desgastadas organizaciones de la sociedad civil.
