Rosario Robles Berlanga, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) dio a conocer en una carta que sus abogados solicitaron por diversos motivos el sobreseimiento de la causa legal que se rige en su contra el pasado 21 de octubre.
De acuerdo con información de El Universal, la defensa de la ex funcionaria pública presentó un escrito en el Centro de Justicia Federal Reclusorio Sur, en el que se indica que el delito del ejercicio indebido del servicio público, situación por la que Rosario Robles está vinculada a proceso, fue derogado desde el 2006. Pidió que se declare el sobreseimiento de su causa penal, es decir, que se declare que el juicio en contra no puede continuar tramitándose.
En la misiva de Rosario Robles también refiere que existe opacidad en la forma en la que la fiscalía ha llevado su caso, lleva un año en la cárcel. “La prueba más contundente es la confesión del propio Fiscal General, de que prácticamente me tiene como rehén, ‘porque no he querido colaborar’ para que obtengan la información que ellos quieren (no importa que no se verdad”.
Este lunes 26 de octubre, Robles Berlanga tendrá una audiencia intermedia de su causa penal, que será por videoconferencias.
Robles Berlanga mencionó que las autoridades quieren completar un hecho que ellos han fabricado sin que tenga relación con la verdad y que cuenta con información en la que la fiscalía en la que le han ofrecido a ex colaboradores “les han ofrecido impunidad a cambio de que declaren lo que ellos necesitan”.
También sé que pretende que obtenga mi libertad (como en otros casos) señalando como responsables a ex colegas míos, de mayor jerarquía en el gabinete del sexenio pasado, con el objetivo de dirigir ahí sus baterías […] Yo no mentiré para obtener mi libertad. No quiero salir por la puerta de atrás”.
Habrá que recordar que el 21 de agosto, la FGR solicitó una pena de 21 años de prisión contra la ex titular de la Sedesol y Sedatu por presunta omisión ante los desvíos de 5,073 millones de pesos en el caso de la Estafa Maestra, lo cual sucedió durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y en la que fiscales indicaron a la es servidora pública por no hacer nada para evitar el desvío de los recursos públicos.
El esquema usado fue otorgar contratos a universidades públicas que, a su vez subcontratan a empresas fantasmas para llevar a cabo diversas obras y servicios de programas sociales.
La fiscalía ofreció el testimonio de 56 servidores y ex funcionarios de la ASF, Sedesol, Sedatu, para declarar en contra de la ex secretaria de estado y diversos documentos. Por su parte, Robles Berlanga se declaró inocente y ofreció como testimonio a Emilio Zabadúa, quien está prófugo y que se desempeñó como oficial mayor en Sedesol y Sedatu, además de otros 10 ex funcionarios.
Rosario Robles buscó demostrar que ordenó frenar el desvío de más de 1,000 millones de pesos, bajo el mecanismo conocido como la Estafa Maestra.
La ex funcionaria ha negado las imputaciones que pesan en su contra y está presa porque la Fiscalía General de la República (FGR) ha argumentado que, de seguir su proceso en libertad, podría sustraerse de la justicia.
El periódico Milenio dio a conocer que dicha instrucción consta en el oficio I.100.A/OS/2017, fechado el 26 de enero de 2017 y dirigido a sus subsecretarios y al Oficial Mayor, Emilio Zebadúa. Se indica que aunque no es ilegal que la Sedatu suscriba contrato con entes públicos, “se adopten las medidas necesarias para que se evite”.
Aunque es un oficio que se elaboró después de que la ASF detectó irregularidades por 1,747 millones de pesos por el uso de dicho mecanismo.
“No quiero que se abran estas pesadas puertas con la mentira y la falsa delación disfrazada de testigo colaborador. Aspiro a que sea con la verdad y demostrando mi inocencia, lo que seguro se logrará si prevalece el Estado de Derecho”, abunda la ex titular de Sedesol.