Por: Arturo Ángel | Animal Político
En 2019 las fiscalías del país reportaron la resolución de más de un millón de carpetas de investigación abiertas por denuncias de víctimas de algún delito, desde robos o extorsiones, hasta homicidios. Pero, en promedio, solo 1 de cada 10 de esos casos fue enviado ante un juez para proceder contra el probable responsable.
A las denuncias restantes, los agentes del Ministerio Público les dieron carpetazo sin esclarecer lo sucedido, la mayor parte de ellas enviándolas a un archivo “temporal” hasta que pase algo que permita retomarlas. En otros casos se concluyó que no había indicios para proceder en contra de alguien, o se decidió simplemente no continuar con las indagatorias.
Así lo revela el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2020 realizado por INEGI, que además muestra que solo la tercera parte de las carpetas que sí fueron enviadas a un juez terminó sosteniéndose hasta la fase de juicio.
El censo (al que le faltan datos de seis estados que no entregaron su información a tiempo) detalla que a lo largo de 2019 las distintas agencias del Ministerio Público del país reportaron 1 millón 67 mil 972 carpetas de investigación “determinadas”, es decir, carpetas en donde fue posible tomar alguna resolución para que no siguieran abiertas.
Pero de ese total solo en 114 mil 53 casos, que equivalen al 10.7 por ciento, la determinación consistió en enviarlas ante un juez con evidencia inicial suficiente para proceder en contra de algún probable o probables responsables del delito denunciado. Se trata, apenas, de 1 de cada 10 casos.
Hay otros 91 mil 899 casos donde los fiscales cerraron el expediente sin enviarlo al juez ni seguir con la investigación, pero consiguiendo un arreglo entre las partes.
En cambio, las 862 mil 20 carpetas restantes fueron cerradas por las agencias del MP sin beneficio alguno para quien presentó la denuncia, pues el delito no fue esclarecido ni hubo reparación del daño. De ellas 477 mil 456, que equivalen a casi el 45 por ciento de total de carpetas determinadas, fueron enviadas al “archivo temporal”, como se le denomina a la opción de no cerrarlas de manera definitiva, pero dejarlas congeladas y sin investigar hasta que haya nuevos elementos.
Hay 236 mil 811 carpetas que las fiscalías resolvieron con la determinación de no proceder en contra de nadie; 59 mil 74 casos donde se declararon incompetentes para realizar una investigación; y en 46 mil 654 casos simplemente decidieron ejercer su facultad de no investigar lo denunciado.
Los datos del censo de INEGI también revelan que en 2019 las fiscalías reportaron la resolución de 152 mil 582 averiguaciones previas que corresponden a denuncias por delitos presentadas cuando aun estaba vigente el viejo sistema penal, es decir, antes de 2016. El 98 por ciento de los casos fue resuelto archivándolos o congelándolos de manera definitiva, y solo en el 2 por ciento de estas averiguaciones se procedió penalmente en contra de un probable responsables.
Por otro lado, las fiscalías reportaron al cierre del año pasado 1 millón 528 mil 168 averiguaciones previas y carpetas de investigación que seguían abiertas y pendientes de alguna resolución. A ellas se sumarian los nuevos casos que han sido denunciados a lo largo de 2020.
Ni con el juez, garantía de éxito
El que las carpetas de investigación lleguen ante un juez (casos judicializados) tampoco es garantía de que los probables responsables terminarán procesados o que se reparará el daño. Y es que, bajo las reglas del sistema penal acusatorio, las fiscalías deben desarrollar una fase de investigación complementaria en la que reúnan elementos que permitan formular una acusación formal e ir a juicio.
Los datos del censo de INEGI revelan que el 37.6 por ciento de dichos casos concluyó con una acusación formal en contra de los probables responsables, luego de la fase de investigación complementaria. En promedio es 1 de cada 3 carpetas que fueron originalmente judicializadas.
¿Qué pasa con el resto de los casos que llegaron al juez? Pues que en el 10 por ciento de ellos los fiscales terminan declarándose incompetentes para seguir con la investigación (de forma similar como ocurre con los que no son enviados nunca al juez); en el 8.5 por ciento se ordena la suspensión del proceso; el 7 por ciento se cierra por orden de un juez de amparo; entre otros.
Más fiscales, menos forenses
Los datos del censo de INEGI también abordan los recursos humanos y materiales con los que contaban las instituciones de procuración de justicia del país al cierre de 2019, y en general se advierten pocos cambios respecto a años anteriores.
En el lado positivo hay un ligero incremento respecto a la cifra de fiscales y agentes del Ministerio Público con los que se cuenta. La cifra pasó de 12 mil 36 servidores públicos en esta función en 2018 a 12 mil 714 en 2019, un incremento del 5.6 por ciento.
También creció la cifra de policías de investigación adscritos a las agencias del Ministerio Público al pasar de 10 mil 237 a 11 mil 844.
En cuanto a servicios periciales, el censo arroja que en 2019 había 6 mil 242 peritos de todas las especialidades en las distintas fiscalías, un cinco por ciento más de los que había en el 2018. Sin embargo, la cifra de médicos forenses disminuyó al pasar de 1 mil 173 en 2018 a 1 mil 120 el año pasado. También se redujo el número de químicos forenses de 520 a 456, una reducción del 12 por ciento.
De acuerdo con el censo, en el país existen 281 unidades de servicios periciales y 146 unidades del servicio médico forense. A ellos se suman 338 laboratorios fijos y móviles.
En términos de recursos económicos, las fiscalías reportaron a INEGI que en el 2019 ejercieron un presupuesto total de 44 mil 400 millones de pesos. Los presupuestos mas altos se ejercieron en Ciudad de México, por mucho, con 7 mil 32 millones de pesos, seguido del estado de México con 4 mil 359 millones, y Chihuahua con 3 mil 663 millones. En cambio, los montos mas bajos se ejercieron en Baja California Sur, Hidalgo y Tlaxcala.
Datos incompletos, otra vez
A igual que sucedió con el Censo de Gobierno, Seguridad y Sistemas Penitenciarios estatales 2020, en los datos del Censo de Procuración de Justicia Estatal 2020 falta información de varios estados. En esta ocasión, fueron los estados de Aguascalientes, Coahuila, Morelos, Yucatán, Estado de México y Sinaloa quienes no reportaron sus datos de carpetas de investigación iniciadas y resueltas.
Consultados sobre ello, en el INEGI indicaron que dicha situación obedece a complicaciones que han tenido los estados para culminar con el llenado de formularios, debido a la pandemia de COVID, y a que no consideraron esto como una actividad prioritaria.
No obstante, en el Instituto indicaron que los datos del censo se actualizarán conforme llegue y verifique la información faltante.
