La Corte Suprema de los Estados Unidos revisará la política del presidente Donald Trump que dicta que los solicitantes de asilo permanezcan en México a la espera de las resoluciones de audiencias en tribunales estadounidenses.
Los jueces escucharán una apelación realizada por un tribunal local que señaló que la política, probablemente, violaba la Ley Federal de Migración.
El programa, llamado Protocolo de Protección al Migrante, está vigente desde enero de 2019 cuando se convirtió en una forma de parar con el incremento de familias solicitantes de asilo.
El presidente Donald Trump ha asegurado que la política, también conocida como “permanecer en México”, ha reducido de manera considerable el flujo de migrantes de Centroamérica hacia Estados Unidos.
Debido a que el calendario de la Corte ya está lleno hasta fin de año, los jueces revisarán el caso hasta 2021.
Los jueces escucharán los argumentos de una apelación del Gobierno de Trump contra la decisión de tribunales inferiores que declararon ilegal la transferencia de fondos para la construcción del muro, así como el caso de las personas que llegan a la frontera sur del país solicitando asilo y son enviadas de retorno a México y América Central a la espera de las audiencias sobre sus casos.
La demanda sobre el muro fue una iniciativa de la Coalición de Comunidades de la Frontera y el grupo ambientalista Sierra Club, quienes alegaron que la obra agravará el problema de inundaciones en la región y perjudicará la fauna y la flora silvestres.
En mayo de 2019, un juez federal en California dictaminó que la transferencia para la construcción del muro de fondos asignados por el Congreso para gastos del Pentágono era ilegal, y ordenó la suspensión de esos pagos.
En julio de ese año, en un voto de 5-4, el Tribunal Supremo canceló la orden de suspensión de pagos y autorizó la continuación de trabajos mientras seguía el litigio.
En junio pasado un tribunal de apelaciones, también en California, calificó de ilegal la decisión de Trump porque el presidente no tiene autoridad constitucional para cambiar el destino de las asignaciones de dinero del Congreso.
El otro caso por el cual el Supremo celebrará audiencias se refiere al Protocolo de Protección de Migrantes, una política adoptada a comienzos de 2019 por el gobierno de Trump y que niega a las personas que llegan a la frontera y piden asilo el trámite normal que estipula la ley: libertad provisional a la espera de una audiencia sobre sus casos ante un tribunal de inmigración.
Desde entonces, decenas de miles de personas han sido enviadas a México.
Tribunales federales en California han dictaminado que esta política viola la ley de asilo de Estados Unidos y las leyes internacionales que amparan a quienes piden asilo.
