Redacción El País
Estados Unidos ha sacudido México con la detención del que fuera el jefe máximo del Ejército mexicano durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, de 2012 a 2018. El general Salvador Cienfuegos ha sido arrestado este jueves por la noche en el aeropuerto de Los Ángeles a petición de la Agencia de Drogas Estadounidense (DEA), según han confirmado las autoridades mexicanas a este diario. El exsecretario, de 72 años, fue capturado mientras viajaba con su familia. Cienfuegos está siendo investigado, supuestamente por vínculos con el crimen organizado, por la misma corte de Nueva York que lleva el caso de Gerardo García Luna, exsecretario de Seguridad con Felipe Calderón y que sentenció a Joaquín El Chapo Guzmán. Se trata del golpe más importante al Ejército mexicano desde la detención de Jesús Gutiérrez Rebollo en 1997, considerado el zar antidrogas del Gobierno del expresidente Ernesto Zedillo, condenado en 2007 a 40 años de prisión por vínculos con el crimen organizado.
“He sido informado por el Embajador Christopher Landau de los Estados Unidos que el exsecretario de la Defensa Nacional, Gral. Salvador Cienfuegos Zepeda, ha sido detenido”, ha informado el canciller Marcelo Ebrard en Twitter el jueves por la noche. Las autoridades mexicanas aseguran a este diario que no tenían constancia de ninguna investigación y ha sido el canciller el que ha informado al presidente Andrés Manuel López Obrador. No se han hecho públicos todavía los cargos de los que se le acusan, pero la orden emitida por la DEA apunta a que su captura tenga alguna relación con el narcotráfico.
La detención de Cienfuegos supone un terremoto para la política mexicana y vuelve a poner en jaque a las fuerzas de seguridad del Estado por sus posibles vínculos con el crimen organizando. La captura en diciembre, también en Estados Unidos, de Genaro García Luna, evidenció las primeras grietas por las que se introdujo el narco en los anteriores gobiernos. El que fuera secretario de Seguridad Pública en la Administración de Calderón (de 2006 a 2012) está acusado de colaborar con el Cartel de Sinaloa durante los años de la guerra que emprendió el entonces presidente mexicano tras su llegada al poder. Aunque en la última audiencia de la semana pasada se declaró inocente, la justicia estadounidense lo señala como el brazo del Gobierno que permitió al cartel más poderoso del mundo, a cambio de sobornos millonarios, operar con total impunidad en México.
Cienfuegos fue titular de Defensa entre 2012 y 2018, una cartera clave en la continuación de la guerra contra el narcotráfico que siguió Peña Nieto hasta el fin de su mandato y unos años antes de abandonar el cargo se mostró crítico con la militarización del país. Antes de su nombramiento en 2012, entre la terna de generales que se debatía el puesto, Cienfuegos destacaba como un general considerado uno de los militares más influyentes del Ejército y el más experimentado en la diplomacia militar internacional. Nació en Ciudad de México en 1948 y comenzó su carrera en 1964. Fue también inspector y contador general del Ejército y la Fuerza Aérea y comandante de las cuatro regiones militares más azotadas por el narcotráfico.
Cuando se cumplían 10 años de violencia de la guerra que comenzó Felipe Calderón en 2006 y las cifras de asesinados escalaban a más de 100.000 —además de cerca de 30.000 desaparecidos y 35.000 desplazados— Cienfuegos dijo estar en favor de que el Ejército deje las calles. “¿Quieren que estemos en los cuarteles? Adelante. Yo sería el primero en levantar no una, las dos manos para que nos vayamos a hacer nuestras tareas constitucionales”, dijo el general en 2016 al recordar que el ministerio que encabezaba fue creado para la seguridad exterior y que la seguridad interior estaba a cargo de la Secretaría de Gobernación.
El general Cienfuegos habló entonces con franqueza sobre la incertidumbre en la que se mueven los soldados mexicanos, comisionados por el presidente Felipe Calderón para combatir a los cárteles desde el 11 de diciembre de 2006. Desde entonces, los operativos castrenses han sido señalados por el alto índice de letalidad que producen por el uso excesivo de la fuerza y por reiteradas violaciones de derechos humanos. “¿Qué queremos? Que las fuerzas armadas tengan un marco [legal] que los respalde cuando tengan que actuar, que no seamos señalados por cuestiones que son propias de las operaciones que realizamos… Nos encantaría que la policía hiciera su tarea para lo que está”, afirmó.
Estas palabras resuenan ahora tras los mandatos del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la militarización del país. La creación de la Guardia Nacional, un cuerpo que defendió desde poco después de tomar el poder en 2018, está compuesto en su mayoría por soldados y también agentes de la policía federal, y las organizaciones de derechos humanos han criticado que su papel deja en manos del Ejército la seguridad pública de un país con las cifras más homicidas de la historia.
