En la demanda ingresada en la Corte del distrito oeste de Dakota del Norte a finales de julio, que 25 miembros de la familia LeBarón presentaron en contra del cártel de Juárez, este fin de semana comenzó a correr el plazo de 21 días dado por el juez Daniel M. Traynor, toda vez que se cumplieron las seis semanas de edictos que a partir del 20 de agosto se publicaron en español y en diarios de circulación nacional en México, para que representantes del Cártel de Juárez respondan a las peticiones de restitución planteadas por la parte acusadora.
En caso de desacato, se les podría “dictar una sentencia en rebeldía por no atender la reparación solicitada”. Los familiares de Christina Langford, Dawna Ray, Maria Rhonita LeBarón y seis de sus niños, muertos en una emboscada que, según el documento, fue un “acto de terrorismo internacional, agresión con lesiones y homicidio culposo”, alegan que la misma les provocó daños patrimoniales y mentales entre los familiares sobrevivientes como son sufrimiento psicológico, sufrimiento mental, angustia emocional y pérdida del compañerismo, entre otros.
Por eso mismo, quienes acusan a la organización también conocida como Vicente Carrillo Fuentes y a su brazo ejecutor, La Línea, son esposos, padres y hermanos de los fallecidos. Ellos reclaman una restitución monetaria de alivio para paliar “los daños triples bajo la ley, más intereses, costo y honorarios de reparación”. Y aunque dejar el monto de la compensación monetaria al tribunal, al menos en la queja cuatro de las 6 presentadas, dicen que debe ser “de no menos de la cantidad establecida de 75 mil dólares”.
El pasado 4 de noviembre del 2019, “en una serie de ataques coordinados”, a decir de la acusación, gatilleros de la organización criminal mencionada “emboscaron y asesinaron a tres mujeres y seis de sus hijos en la Sierra Alta de Sonora, México”, población ubicada a sólo 70 millas de la frontera sur de los Estados Unidos. Todas las víctimas asesinadas o heridas cumplían con el estatus de la doble nacionalidad mexicano- estadunidense.
Explica la demanda que ese “ataque orquestado” tuvo la intención de intimidar a miembros de la familia que, como Julián LeBarón, ha tenido un papel de vocero, “criticado públicamente al Cártel de Juárez contra el cual se ha manifestado en marchas y plantones”. Recuerda que Julián, quien no firmó la demanda, ha acudido a los más altos niveles del gobierno de México para quejarse “del maltrato a la sociedad civil de parte de los cárteles” pero también ha señalado “la corrupción gubernamental y su negligencia para terminar con la criminalidad y violencia”.
Tres semanas después de ese ataque que conmocionó a la opinión pública, la familia LeBarón solicitó al gobierno de los Estados Unidos que catalogara a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, según informó en ese momento la Casa Blanca a través de su página oficial. A esa petición de nombrar como terroristas a grupos del crimen organizado mexicano se unieron prominentes figuras como los senadores Tom Cotton y Lindsay Graham, incluso el ex candidato presidencial, Mitt Romney. La demanda dice que se hallan justificadas las razones para hacerlo como el que dicho grupo se ha visto envuelto en “actos de violencia que ponen en peligro la vida humana”, “intimidación y coerción de la población civil”, “influir en las políticas de gobierno con actos de intimidación y coerción de las autoridades” o “afectar la conducta de los gobernados con actos de destrucción masiva, asesinatos y secuestros”, entre otros.
El documento, del cual MILENIO tiene copia, asegura que, debido al activismo de los LeBarón, “dos miembros de la familia fueron secuestrados y asesinados por miembros del cártel de Juárez”. Y al describir paso a pasó lo sucedido el 4 de noviembre del 2016, la acusación acepta que los ataques se dieron en el contexto de una pelea entre La Línea que buscaban atacar a miembros del cártel de agua Prieta, para ganar el control sobre esa población sonorense.
Dicen que luego de la artera incursión contra miembros de la familia LeBarón, el Cártel de Juárez han seguido perpetrando “actos de terrorismo” como el de enero del 2020 cuando 150 de sus miembros invadieron Las Pomas, en Maderas, Chihuahua, donde quemaron 72 casas y siete vehículos además de secuestrar a miembros de esa comunidad.
Aceptan los demandantes que el gobierno mexicano anunció el arresto de al menos nueve miembros del Cártel de Juárez / La Línea, ligados a los ataques de La Mora a los que acusó de crimen organizado, posesión de estupefacientes y de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas.
La acusación elaborada en conjunto por los despachos Motley Rice Inc, Mitchell & Mitchell y O´Keefe O´Brien Lyson Foss Attorneys, divide los actos de restitución en seis que son secuestro, lesiones, muerte injusta, imposición negligente de angustia emocional, acción de supervivencia y pérdida de patrimonio.
