En México hay poco más de 131 mil policías estatales en activo, desplegados y la mayoría armados. Pero cerca de la mitad de todos ellos, 61 mil en total, carecen de la certificación que avala que están plenamente preparados para hacer este trabajo, y hay más de 8 mil que no tienen, siquiera, la formación inicial completa.
Detrás de la falta de capacitación y evaluación están las deficiencias en infraestructura. Hay cinco estados que carecen de campos de tiro para sus policías; otros cinco no cuentan con aulas de computo equipadas, y nueve que no cuentan con salas para entrenarlos si necesitan testificar en algún juicio.
A ello se suma la falta de apoyo y prestaciones. Hay una decena de entidades federativas en donde no hay programas de ascensos para sus elementos en todo el año. En otras los policías no tienen ningún programa de créditos para obtener una vivienda, o no hay beneficios como becas para sus hijos, ni fondos de ahorro para el retiro.
Estos son algunos de los resultados que arroja un informe oficial publicado la semana pasada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, denominado Modelo Óptimo de la Función Policial, el cual mide a través de mas de 35 indicadores el avance de los estados en el fortalecimiento de sus fuerzas de seguridad públicas estatales.
El análisis, con fecha de corte al cierre del primer semestre del año, establece que en el país hay 131 mil 189 policías estatales desplegados. De todos ellos, 69 mil 732 ya cuentan con su certificado único policial, que avala que han superado todas las capacitaciones y evaluaciones que contempla la ley. Se trata de poco más de la mitad de los policías en las calles.
En el universo de los que no cuentan con el certificado hay casos críticos. Por ejemplo, existen 8 mil 362 policías, el 6.3 por ciento de todos los agentes desplegados, que no cuenta con el curso de formación inicial terminado. Dicho de otra forma: 1 de cada 16 policías en el país no tienen ni la preparación básica para hacer ese trabajo.
En este apartado es llamativo el caso de Jalisco, que reporta a 1 mil 150 elementos pendientes de formación inicial, que equivalen casi a la cuarta parte de todos sus efectivos desplegados. En Veracruz, cerca del 15 por ciento de los policías estatales tampoco tienen el curso básico completo. En contraste, en Ciudad de México solo el 1.7 por ciento de toda la fuerza policial se encuentra en dicha situación.
Otra situación preocupante es la de 7 mil 70 policías estatales que reprobaron las evaluaciones de control de confianza y por tanto, por ley, no deberían siquiera estar trabajando. Equivale al 5.3 por ciento de todos los agentes estatales desplegados en el país.
En este apartado hay casos graves como el de Zacatecas, donde el 28.4 por ciento de todos sus policías reprobaron las evaluaciones, pero no han sido despedidos; mientras que en Guerrero el 19.5 por ciento de sus uniformados resultaron no aprobados, que en proporción es 1 de cada 5 policías estatales.
Le siguen Hidalgo con un 17.7 por ciento de policías reprobados; Michoacán con un 16.3 por ciento; seguidos de Tabasco, Tlaxcala, Jalisco y Nayarit con el 12 por ciento de sus policías calificados como no aptos.
En contraste a ello, hay estados como Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Estado de México, Oaxaca y Querétaro, donde menos del 2 por ciento de sus elementos en activo reprobaron las evaluaciones.
Faltan campos, aulas, salas de juicios…
Un dato positivo que arroja el informe publicado es que todas las entidades federativas del país tienen al menos una academia o instituto para la formación de sus policías estatales, y hay casos como el del Estado de México que reporta contar con tres academias en total.
Pese a lo anterior, los datos también muestran algunas carencias importantes en diversas secretarías de Seguridad estatales.
Por ejemplo, los indicadores muestran que hay cinco estados que no cuentan con campos de entrenamiento de tiro funcionales para armas largas. De ellos Baja California Sur, Colima, Coahuila y Tamaulipas carecen por completo de dicha instalación, mientras que Tabasco sí reporta tener uno, pero fuera de servicio.
De las entidades mencionadas la situación de Baja California Sur, Colima y Tabasco es aun mas crítica pues también carecen de campos de tiro para armas cortas. Es decir, en esos estados los policías estatales no tienen ningún espacio propio para practicar el uso de sus armas de cargo.
La situación de Colima es especialmente grave pues desde 2018 es la entidad federativa con la mayor tasa de violencia homicida del país.
En Coahuila, Nayarit, Puebla, Tabasco y Zacatecas, los policías no cuentan con espacios apropiados para entrenarse en el manejo de vehículos, que es un entrenamiento vital debido a la alta posibilidad de que un policía requiera moverse rápido con su patrulla, o participar en una persecución.
Y a ello se suma el caso de Guerrero, Jalisco, Nayarit, Puebla, Tlaxcala y Zacatecas que no tienen pistas para entrenamiento físico de sus elementos.
Por otro lado, hay cinco estados que reportan carecer de aulas de computo para sus policías. Se trata de Baja California Sur, Coahuila, Yucatán, Tabasco, Colima y Nay
Un aspecto importante en la preparación actual de los policías es el aprendizaje del nuevo sistema penal. Ello tanto para saber cómo preservar una escena del crimen, llenar un informe o hacer una detención y, de ser necesario, dar cuenta de ello ante un juzgado en caso de que sean requeridos en una audiencia.
Por ello cobra relevancia que en nueve estados reporten carecer de salas de entrenamiento de juicios orales para sus agentes. Se trata de Baja California Sur, Coahuila, Colima, Nayarit, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. Un décimo estado, San Luis Potosí, dice estar en proceso de contar con una sala de juicios.
Y también faltan ascensos, apoyos y prestaciones
El informe del Modelo Óptimo de la Función Policial también mide diversos apoyos y prestaciones con las que deberían de contar – sin excepción -los elementos de las secretarías de Seguridad estatales. Ello como parte de una adecuada profesionalización y dignificación de su trabajo.
Hay indicadores positivos como el de los seguros de vida, en donde las 32 entidades reportan contar con ellos para sus policías. Pero al profundizar en algunas otras prestaciones aparecen las carencias.
Por ejemplo, en contraste con 22 estados que sí lo hacen hay 11 entidades que no contemplan créditos para la vivienda de sus elementos. Se trata de Chiapas, Chihuahua, Durango, estado de México, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz.
Hay seis estados del país que a diferencia de los demás no tienen programas de fondo de ahorro para el retiro de sus policías. Se trata de Baja California, Campeche, Chiapas, estado de México, Tamaulipas y Zacatecas.
Otra prestación complementaria es la de otorgar becas a los hijos de los policías. En este caso hay 19 estados que sí contemplan estos beneficios mientras que 13 entidades – entre ellas Ciudad de México – no lo contemplan.
Y uno de los aspectos más preocupantes que arrojan los indicadores es que hay diez estados del país (Baja California Sur, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora y Tlaxcala) que no han establecido convocatorias anuales de ascensos para sus efectivos.
Diversos especialistas y organizaciones expertas en temas de seguridad han identificado que sin procedimientos claros y periódicos de ascensos, se precariza el desarrollo de los policías y se abre la puerta a la discrecionalidad y corrupción en la promoción de los elementos.
Al cierre del primer semestre de 2020 solamente Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México y Guanajuato habían reportado policías ascendidos.
Desarrollan nuevo modelo, pero lo dejan sin dinero
En julio del año pasado el Consejo Nacional de Seguridad Pública (integrado por todos los estados y el gobierno federal) aprobó la puesta en marcha del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, a través del cual se busca transformar de fondo el funcionamiento de los cuerpos de policía del país, teniendo como ejes la profesionalización de la carrera de policía, mejoras salariales homologadas, entre otros.
Con motivo de su aprobación se planteó la necesidad de contar con al menos 40 mil millones de pesos al año, para la implementación del modelo. Dicho monto se conseguiría con un reenfoque en la utilización de los fondos federales que reciben los municipios (FORTAMUN) para que al menos un 50 por ciento se destine al rubro de los policías, en vez del 20 por ciento que es la proporción que se destina ahora.
Sin embargo, nada de eso ha ocurrido. En el presupuesto de 2020 no se hicieron las adecuaciones necesarias para reenfocar dichos recursos, y en el proyecto del presupuesto para 2021 tampoco está contemplado.
Pero incluso se prevén nuevos recortes. Por ejemplo, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) tendrá una disminución en términos reales del 0.02 por ciento; mientras que denominado FORTASEG, otro fondo que sí se destinaba solo para temas de seguridad y que se repartía entre los municipios de mayor incidencia delictiva, sería eliminado por completo. Esto luego de que en 2020 se le asignaron más de 3 mil 200 millones de pesos.
Aunque han crecido los reclamos de diversas organizaciones y expertos en la materia, autoridades federales indicaron a Animal Político que se prevé mantener estas reducciones en el próximo año.
