El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) anunció este miércoles que había arrestado a 128 inmigrantes en varias ciudades santuario de California, incluidas Los Ángeles, San Francisco y San Diego.
“Estamos con inmigración y tiene una orden de arresto”, se oye que le dice en español un agente de ICE a un hombre afuera de una cochera, mientras otro miembro del servicio de inmigración lo esposa.
“¿Le puedo decir a mi mamá qué es lo que está pasando?”, pregunta otro supuesto inmigrante a un agente de ICE mientras lo arrestan.
Servando Bermúdez, uno de los inmigrantes que fue detenido durante la operación ‘Rise’, describe cómo procedieron las autoridades.
“Se arrimaron dos, tres carros más y se bajaron. Me rodearon y ahí me tenían: como si yo me fuera a escapar”, dijo Bermúdez a Noticias Telemundo.
Estas detenciones se llevaron a cabo en jurisdicciones que han adoptado políticas de santuario en favor de los inmigrantes indocumentados y se producen a menos de 30 días de las elecciones presidenciales, una señal clara, según activistas, de que se trata de un mensaje político del presidente, Donald Trump.
En un comunicado de prensa ICE explicó que el objetivo de esta operación, cuya primera fase se llevó a cabo entre el 18 de septiembre y el 3 de octubre, fue detener a extranjeros que estaban sujetos a la deportación, que habían sido arrestados y luego liberados “por las agencias de aplicación de la ley locales, a pesar de que contaban con órdenes de retención por motivos de inmigración”.
En las localidades santuario los agentes de la ley locales no cooperan con el Servicio de Inmigración y Aduanas.
Entre otras medidas, los policías en estas jurisdicciones evitan preguntar por el estatus migratorio de las personas que detienen y se niegan a mantener encarcelados a indocumentados más allá de lo que dicte la ley o un juez, sin atender a las peticiones de ICE de que los retengan durante más tiempo para que puedan pasar a custodia federal.
ICE se ha lamentado en repetidas ocasiones que esta política permite poner en libertad a indocumentados acusados o condenados por crímenes, poniendo en riesgo la seguridad pública.
Alrededor del 70% de los arrestos que lleva a cabo la agencia federal suceden con la cooperación de las policías locales, cuando les avisan que un inmigrante está por salir en libertad de la cárcel de un condado o de una prisión estatal, según estadísticas oficiales.
Trump ha hecho campaña promoviendo una mano dura contra los inmigrantes indocumentados y uno de sus blancos más recurrentes han sido las llamadas ciudades santuario.
La semana pasada, dos funcionarios de Seguridad Nacional consultados de manera anónima por el diario The Washington Post, que reveló entonces la existencia del operativo, describieron el esfuerzo de ICE más como un mensaje político en tiempos electorales. Alegaron que la agencia realiza detenciones de manera rutinaria y que estas nuevas redadas no suponían un cambio real. También adelantaron que se esperaba la presencia del secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, Chad Wolf, para reforzar el mensaje del presidente.
“Los residentes deben esperar más presencia visible de ICE en California y otras entidades santuario”, dijo Wolf durante una conferencia de prensa este domingo, en la que anunció los arrestos.
“Gracias a los hombres y mujeres de ICE, la operación Rise fue un éxito rotundo. En sólo cinco días, nuestros agentes en California arrestaron a 128 extranjeros ilegales que eran buscados por los crímenes más atroces que se pueden imaginar”, tuiteó Wolf poco después.
Activistas criticaron el lenguaje de los funcionarios en el que se identifica a los inmigrantes indocumentados como criminales. Estadísticamente, señalan, los inmigrantes cometen menos crímenes violentos que la población en general. Y el único crimen de la mayoría de los inmigrantes deportados es residir en el país de manera ilegal, no un acto violento.
“Esta es una Administración que toma cualquier excusa para mover hacia adelante estos ataques en contra de nuestra comunidad”, dijo Angélica Salas, de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes.
