Por: Rolando Herrera | Reforma
De cada 10 pesos que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador gastó en compras públicas durante 2019, 4 pesos fueron para contratos adjudicados directamente, reveló el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
En una revisión de todos los contratos disponibles en Compranet, el instituto encontró que, en su primer año, la administración obradorista ejerció en compras públicas 323 mil 782 millones de pesos, de los cuales 38.9 por ciento, equivalentes a 125 mil 951.2 millones de pesos, los gastó adjudicando directamente el contrato.
Esa proporción es superior en cuatro puntos porcentuales al 34.9 por ciento registrado en 2018, en el último año de Enrique Peña Nieto, y está por encima del 38.2 por ciento que se registró en 2015, el año con más adjudicaciones durante el sexenio pasado.
En su estudio “Compras públicas en México. Competencia: la gran ausente”, el IMCO advierte que las adjudicaciones directas representan un riesgo de corrupción, ya que la ausencia de criterios objetivos para seleccionar contratistas abre espacios a que la decisión pudiera estar influenciada por acuerdos ilícitos.
“La tendencia creciente de adjudicaciones directas es un foco rojo para la competencia, ya que este tipo de procesos permiten la asignación de contratos a proveedores sin asegurar, mediante un concurso, que estos pueden proveer las mejores condiciones de calidad y precio disponibles en el mercado”, alerta.
El aumento en la discrecionalidad del gasto también está reflejado en la diminución de las licitaciones públicas.
En 2019, del total de recursos gastados, el 46.1 por ciento se ejerció mediante licitaciones, lo que representa una disminución de 11 puntos porcentuales respecto del 57.7 por ciento registrado en 2018.
En todo el sexenio de Peña, en ningún momento las licitaciones alcanzaron un nivel tan bajo.
En 2015 hubo 54.6 por ciento de licitaciones mientras que en 2017 hubo 65.2 por ciento.
“La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) sostiene que las adjudicaciones directas pueden reducir los costos administrativos, ya que el proceso requiere de menos tiempo y recursos”, reconoce el IMCO.
“Sin embargo, adjudicar directamente no asegura que el Estado esté comprando en las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y oportunidad”, advierte.
Y aunque la ley establece que debe existir una justificación cuando no se opta por la licitación pública, en muchos de los casos estos documentos no son subidos a Compranet, por lo que no pueden conocerse razones de la excepción y si son procedentes.
En la actual administración un número relevante de compras gubernamentales no se registran en Compranet, por lo que la cifra de 40 por ciento de licitaciones directas podría ser aún mayor.
