Organizaciones de la sociedad civil, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Secretaría de Gobernación (Segob) alertaron sobre las consecuencias de la desaparición el Fideicomiso para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas, así como el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.
Lo anterior, luego de que la Cámara de Diputados discutió eliminar de 109 fideicomisos, como parte de los proyectos de combate a la corrupción y austeridad republicana.
“El Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, de 2018 a 2019 ha tenido un incremento de gastos para la atención a víctimas, mientras que la dotación de recursos al Fondo ha disminuido en 2019, 2020 y lo proyectado a 2021”, remarcaron organizaciones civiles.
Ángel Ruiz Tovar, investigador del Programa de Derechos Humanos de Fundar, aceptó que estos instrumentos financieros requieren de modificaciones y un fortalecimiento para asegurar su transparencia, pero descartó que la desaparición de los mismos sea el camino adecuado.
Indicó que los fideicomisos tienen reglas de operación y el objetivo es para que sean usados con fines establecidos, por lo que si llegaran a desaparecer, las dependencias continuarían con el financiamiento pero sin estar sujetas a reglas para el ejercicio del dinero.
“Los proceso de extinción de fideicomisos no son claros, lo sabemos que en los momento en que los fideicomisos se extingan pasan a la tesorería de la federación, no garantía ni de cómo ni cuándo ni si va a ser posible que estos recursos se reasignan a las dependencias específicas, en este caso a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), o bien la Secretaría de Gobernación”, subrayó.
Nancy López Pérez, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, apuntó que esta propuesta legislativa elimina todo rastro de ayuda inmediata, reparación y asistencia a víctimas.
Abundó que ante el panorama propuesto, las víctimas tendrán que presentar una solicitud de ayuda y asistencia, la cual deberá ser dictaminada por la CEAV y sujeta a disponibilidad presupuestaria.
“La CEAV operaba un fondo que por la ley no podía ser disminuido para brindará el acceso a medias de ayuda de alimentación o alojamiento para quienes se encontraban en situación extrema vulnerabilidad”.
“Eliminar el fondo es una medida torpe, absurda, que implicaría una regresión muy importante en derechos a víctimas y que lejos de fortalecer, entorpecería su atención”, acotó.
En ese sentido, López Pérez llamó a la permanencia de esta estructura presupuestal, así como a fortalecer y reestructurar el sistema de atención a víctimas para que cumpla con sus objetivos.
La Segob por su parte, indicó que entiende la importancia sobre la transparencia de los recursos públicos, sin embargo garantizó establecer mecanismos necesarios para su supervisión.
De acuerdo con un análisis de la Junta de Gobierno del Mecanismo Federal, esta figura económica es la más adecuada para una gestión rigurosa, transparente y flexible en los fondos para las medidas de protección a defensores de derechos humanos y periodistas.
Gobernación acotó que hoy en día este mecanismo protege a mil 304 personas, de los cuales 418 son periodistas y 886 son defensoras de derechos humanos.
En tanto, la CNDH alertó que si desaparece este sistema de financiamiento, se podrían generar obstáculos administrativos y burocráticos para ejercer con inmediatez los recursos pertinentes.
A pesar de ello, remarcó que no se debe perder la importancia de transparentar el ejercicio del presupuesto público, evitar la opacidad en su manejo, promover su eficiente uso, así como impedir su desvío de los fines para el que está destinado.
La comisión apuntó que México atraviesa por altos índices de violencia en contra de activistas de derechos humanos, periodistas y comunicadores, quienes se ven en una situación de vulnerabilidad por la inseguridad, corrupción y la presencia del crimen organizado.
“Este Organismo Autónomo demanda a las autoridades, la impostergable creación de una política integral de prevención, protección y procuración de justicia, en la cual, el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas juegue un papel fundamental, además de condiciones políticas, jurídicas y presupuestarias para su óptimo funcionamiento”, agregó.
