En medio de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19 y de la atención que la epidemia ha puesto sobre los problemas de salud de los mexicanos, las propuestas legislativas para restringir la comercialización de bebidas azucaradas embotelladas y de alimentos procesados a niños han cobrado fuerza.
“El surgimiento de reformas de ley en Oaxaca y otras entidades federativas para prohibir la venta de comida chatarra y bebidas azucaradas a niñas, niños y adolescentes es una respuesta de emergencia frente a las evidencias que nos deja la pandemia sobre el impacto de las enfermedades crónico-degenerativas que han incrementado la letalidad del COVID-19 en personas jóvenes”, dijo Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), en un foro virtual organizado este lunes por la Alianza por la Salud Alimentaria .
De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el 73% de la población mexicana padece de sobrepeso y México tiene una de las tasas más altas de obesidad de los países miembros. Además, el 34% de las personas obesas sufre obesidad mórbida.
“De acuerdo con nuestras proyecciones, las enfermedades relacionadas con el sobrepeso reducirán la esperanza de vida en México en más de cuatro años durante los próximos 30 años. Se trata de la mayor reducción proyectada entre los países de la OCDE. Pero lo más trágico es el crecimiento de la obesidad infantil, la cual se ha duplicado de 7.5% en 1996 a 15% en 2016”, señalaba en enero José Ángel Gurría, secretario general del organismo, al presentar el estudio “La pesada carga de la obesidad: la economía de la prevención”.
El representante de la OCDE también advirtió que el problema del sobrepeso y la obesidad también afecta el desempeño económico del país, pues advirtió que las enfermedades relacionadas supondrán el 8.9% del gasto en salud por año durante el periodo 2020 a 2050 y le restarán al PIB 5.3 puntos porcentuales, un porcentaje muy superior al promedio de la OCDE, que es del 3.3%.
“México es el país de la OCDE en donde el sobrepeso, la obesidad y sus enfermedades derivadas tendrán el impacto más grande en el PIB entre 2020 y 2050”, señaló Gurría.
“No es la solución”
Organismos empresariales critican estas iniciativas, pues consideran que si se aprueban generarán afectaciones económicas en un momento en el que el país ya enfrenta una fuerte crisis, además de que perjudicarán la libertad comercial y fomentarán la informalidad .
Reginaldo Esquer, vicepresidente nacional de Justicia y Asuntos Tributarios de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), argumentó que los problemas de sobrepeso y obesidad no se resolverán prohibiendo el consumo, porque las reformas que se están aprobando o discutiendo no contemplan a los productos con alto contenido calórico que no están empaquetados —como aquellos que se venden en los puestos callejeros—, ni tampoco incluyen programas de salud y educación.
“No van a resolver el problema de salud pública con prohibiciones. Nosotros hemos insistido en que ese problema se resuelve con un programa de salud pública, cambiando los hábitos alimenticios de la gente, con información, con educación… No se puede resolver prohibiendo que compren alimentos y bebidas los niños”, dijo Esquer en entrevista.
En @Coparmex estamos a favor de establecer un programa de salud para combatir la obesidad infantil, pero no de simular “soluciones” con prohibiciones absurdas que solo lastiman la actividad económica … https://t.co/ZcY5c0SEAV
— Reginaldo Esquer (@Reginaldo_EF) August 20, 2020
Oaxaca, el detonante
La primera entidad que aprobó esta medida fue Oaxaca , donde el 5 de agosto el Congreso local avaló una modificación a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para establecer la prohibición. Tabasco siguió esos mismos pasos 12 días después , aunque a través de cambios a otras normas locales: las leyes de Salud, de Educación y de Hacienda Municipal.
Hasta la fecha, según un recuento de la Coparmex, propuestas en la materia han sido formalmente presentadas en otras siete entidades: Chihuahua , Ciudad de México , Colima, Estado de México, Hidalgo, Jalisco y Veracruz . En tanto, legisladores locales de otros 22 estados han expresado la intención de empujar planteamientos similares, y únicamente en Nayarit el tema aún no se toca.
Ante ese avance, Esquer señaló que la Coparmex está entablando contacto con los congresos estatales para exponer sus argumentos y evitar que más normas así sean avaladas.
En contraparte, quienes defienden la prohibición confían en que el impulso que ha adquirido y el contexto de la emergencia sanitaria favorecerán que más reformas sean aprobadas y en que esto, a la larga, ayudará a que mejore la salud de los menores del país.
“Es urgente la redefinición de una política pública que abone de manera contundente a que esta realidad sea inmediata. La pandemia del COVID-19 también puso sobre la mesa la urgencia de hacer realidad el derecho a la salud, a la alimentación, pues muchas de las muertes están relacionadas con los graves problemas de salud ocasionados por el consumo de chatarra y refrescos”, dijo la abogada y activista Yésica Sánchez Maya, de la organización Consorcio Oaxaca, durante el foro virtual del lunes de la Alianza por la Salud Alimentaria.
Las iniciativas en el Congreso
Más allá del ámbito local, la intención de prohibir la venta de bebidas azucaradas y alimentos procesados a menores de edad también ha cobrado fuerza en el Poder Legislativo federal.
Tan solo durante agosto, la Comisión Permanente del Congreso ha recibido cinco iniciativas en la materia, según una revisión de Expansión Política al Sistema de Información Legislativa (SIL). De ellas, tres han sido promovidas por diputadas y diputados, y las dos restantes, por senadores.
En San Lázaro, las propuestas han sido presentadas por Verónica Juárez Piña, coordinadora del PRD; Claudia Angélica Domínguez Vázquez, del PT, y Arturo Roberto Hernández Tapia, de Morena, el partido mayoritario.
De todas ellas la más amplia es la de Hernández Tapia, quien plantea reformar las leyes generales de Salud y de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes no solo para prohibir la venta directa de estos productos a menores —tanto en comercios como a través de máquinas expendedoras—, sino también para imponer sanciones a quienes incumplan. Según lo planteado, para sancionar a los infractores se podría aplicar una amonestación, una multa o la clausura temporal o definitiva de un local.
En el Senado, las propuestas han sido promovidas por los legisladores Casimiro Méndez Ortiz, de Morena, y por Raúl Paz Alonso, del PAN.
La iniciativa de Méndez propone prohibir la venta de bebidas azucaradas y alimentos procesados únicamente dentro de las escuelas de nivel básico y medio superior, en tanto la de Paz busca que la prohibición esté vigente para tiendas de autoservicio, comercios y planteles educativos, así como limitar la publicidad de estos productos.
El lunes, miembros del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y del Consejo Mexicano de Negocios (CMN) se reunieron con los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado, a la que expresaron su preocupación por las iniciativas que se han presentado tanto en el Congreso federal como en los estados.
De cara al periodo ordinario de sesiones que comenzará el 1 de septiembre, Esquer señaló que la Coparmex también está en alerta ante la posibilidad de que más reformas en este rubro se aprueben desde las cámaras.
“Claro que vemos como una tendencia posible el que sea aprobado como una legislación a nivel federal. Es un tema al que vamos a estar muy atentos, y atentos a incidir, a gestionar, a cabildear. Ojalá podamos influir con información y con datos duros”, dijo.
Mientras el COVID-19 sigue causando estragos en México, y mientras diputados y senadores se alistan para su próximo periodo, las reglas para la venta de bebidas azucaradas y alimentos procesados se perfilan como uno de los temas que marcarán la agenda legislativa en el cierre del año.
