Por tercera vez en esta Legislatura, los diputados federales aprobaron expedir la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y así cumplir con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ordenó a la Cámara de Diputados fijar los parámetros para definir el salario del Presidente de la República, para así evitar amparos y que ningún otro funcionario público gane más que el titular del Ejecutivo. Para este dictamen se reservaron varios artículos y después de ser desahogados este dictamen se convertirá en minuta y será enviada al Senado de la República.
En la discusión en lo general recibió críticas de la oposición, quienes acusaron que no se solventa con las exigencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues no se fija el salario del titular del Ejecutivo, sino solamente se establecen mecanismos para calcularlo. El propósito del nuevo ordenamiento es regular las remuneraciones de los funcionarios de la Federación, sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales, fideicomisos, instituciones y organismos dotados de autonomía, empresas productivas del Estado y cualquier otro ente público federal.
📌 El Pleno aprobó, en lo general, el dictamen que expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la cual determina que ningún servidor público recibirá mayor retribución a la establecida para el Presidente de la República en el #PEF.https://t.co/JJfhoQg0SM
— Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) September 23, 2020
“No existe precedente alguno de una misma norma jurídica que haya sido debatida en tres ocasiones durante una misma legislatura, intentando resolver el asunto legal, sin poderlo lograr. Se usa una anquilosada minuta del Senado para intentar atender un capricho presidencial, a pesar de contar con innumerables aberraciones jurídicas. Casi siete mil amparos, cinco acciones de inconstitucionalidad y cuatro controversias constitucionales se han acumulado en respuesta a la violación de derechos de servidores públicos e instituciones. El dictamen tampoco atienden a los resolutivos y razonamientos planteados de la sentencia del 20 de mayo del año pasado de la Suprema Corte”, dijo el perredista Antonio Ortega.
“El dictamen de enero pasado refleja lo anterior y la reserva que se ha circulado oficialmente y que se pretende aprobar, si bien, atiende varios aspectos de la sentencia de la Corte que nos ha obligado abordar nuevamente este asunto, deja de lado otros, sin los cuales la ley seguirá incompleta y muy probablemente seguirá estando sujeta a impugnaciones, ni el dictamen, ni la reserva resuelven el tema de fondo, que es la determinación de las remuneraciones del presidente y del resto de los servidores públicos de manera objetiva, proporcional y adecuada. Porque usar como parámetro, el PIB que varía año con año, dejaría en una situación de incertidumbre a los y las servidoras públicas respecto a sus ingresos. Cómo una familia puede planear su futuro, si no tiene certeza sobre sus ingresos, como ya lo dije, lo que se pretende es adecuar la ley al criterio del Presidente de la República”, opinó la expresidenta de la Cámara de Diputados, la panista Laura Rojas.
