El Gobierno de Venezuela rechazó este miércoles, “por estar plagado de falsedades”, el informe que presentó una Misión Internacional de la Organización de Naciones Unidas (ONU) según el cual el presidente Nicolás Maduro y otras altas autoridades del país han incurrido en crímenes de lesa humanidad.
“Un informe plagado de falsedades, elaborado a distancia, sin rigor metodológico alguno, por una misión fantasma dirigida contra Venezuela y controlada por gobiernos subordinados a Washington”, dijo en Twitter el canciller venezolano, Jorge Arreaza, en la primera reacción del Gobierno a estos señalamientos.
Arreaza reiteró que el Ejecutivo de Maduro no reconoce “ningún mecanismo politizado e inquisidor, creado con fines ideológicos por países con pésimos récords en DDHH, para agredir a Venezuela y tratar de dañar la relación con la Oficina de la alta comisionada” de la ONU para estos temas, Michelle Bachelet.
“Nuestra cooperación con el Consejo de DDHH de la ONU se ha generado de manera coordinada y constructiva con la Oficina de la Alta Comisionada. Los avances han sido notorios y así lo ha reconocido Bachelet al anunciar la renovación de nuestra relación”, agregó el jefe de la diplomacia de la llamada revolución bolivariana.
Sin embargo, el Ejecutivo venezolano incumplió las recomendaciones de los informes de Bachelet y rechazó su contenido, excepto en los puntos en los que se refiere a los avances y mejoras del país, por lo que las declaraciones de Arreaza chocas con las hechas anteriormente por el Gobierno de Maduro.
La Misión Internacional en cuestión, a la que la ONU encargó investigar la situación de derechos humanos en Venezuela, ha concluido que Maduro y sus ministros del Interior y Defensa están involucrados en graves crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad del país.
El informe publicado hoy por esa Misión ofrece amplia información “que demuestra que las autoridades del Estado -tanto a nivel presidencial como ministerial- ejercían poder y supervisión sobre las fuerzas de seguridad civiles y militares, y las agencias identificadas como autoras de las violaciones y crímenes documentados”.
“La Misión tiene bases razonables para creer que tanto el presidente como los ministros del Interior (Néstor Reverol) y de Defensa (Vladimir Padrino) contribuyeron a la comisión de los crímenes documentados en este informe”, se señala en las conclusiones de la investigación.
Las graves violaciones de los derechos humanos denunciadas fueron perpetradas en operaciones realizadas por toda la gama de entidades de seguridad estatal en Venezuela: la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), incluida la Guardia Nacional Bolivariana (GNB); y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y las Fuerzas de Acción Especial (FAES).
También figuran el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), el Servicio Nacional de Inteligencia (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y las fuerzas policiales estatales y municipales.
