En medio de la pandemia de COVID-19, que trajo consigo la pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo y una lluvia de denuncias por abusos laborales, el gobierno federal propuso una reducción al presupuesto destinado a la impartición y procuración de justicia para los trabajadores.
El recorte previsto en el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 (PPEF) impacta directamente en las finanzas de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) y de la Procuraduría Federal de Defensa del Trabajo (Profedet), instancias que han acumulado miles de demandas de trabajadores despedidos injustificadamente durante la pandemia.
Animal Político ha publicado que, hasta mediados de junio, al menos 11 mil trabajadores presentaron denuncias digitales ante la Profedet por casos de despido injustificado y reducción arbitraria de salarios. A su vez, previo a la emergencia sanitaria, la JFCA y las Juntas Locales ya tenían un rezago de aproximadamente un millón de demandas laborales no resueltas, a las que se sumó otra avalancha de casos registrados específicamente en la pandemia.
El PPEF propone una reducción de 24.1 millones de pesos a los fondos de la Secretaría del Trabajo asignados al rubro de “Impartición y procuración de justicia laboral”, que pasaron de 941.8 millones de pesos en 2020 a 917.6 propuestos para el próximo año. En términos reales, esto es, tomando en cuenta la inflación, el recorte es de 5.7%.
Dicho rubro engloba el presupuesto tanto de la JFCA y de la Profedet. De acuerdo con el proyecto de egresos, la Junta Federal sufriría una reducción de 25.6 millones de pesos, al pasar de un presupuesto de 746.3 millones de pesos en 2020 a 720.7 millones en 2021, un recorte de 6.6% en términos reales.
Por su parte, se prevé asignar a la Profedet 196.8 millones de pesos en 2021, lo que parecería un aumento de 1.4 millones de pesos respecto del presupuesto de 195.4 millones que recibió el este año. Sin embargo, en términos reales, se trata de una reducción de 2.5%.
El PPEF también propone un recorte al rubro de “Conciliación laboral entre empleadores y sindicatos” de 6.7 millones de pesos, al pasar de 47.7 millones asignados en 2020 a 40.9 millones de pesos propuestos para el próximo año, una reducción de 17% en términos reales.
La STPS eliminó este año el programa de “Instrumentación de la política laboral”, que implicaba dispersar recursos a las Delegaciones Federales del Trabajo en las entidades federativas. En su lugar, creó el programa de “Fomento del trabajo digno o decente”, mediante el cual también se asignarán fondos a las ahora llamadas Oficinas de Representación Federal del Trabajo en los estados, que tendrán el objeto de ejecutar “acciones de promoción y vigilancia de los derechos laborales”, coordinadas por una Unidad de Trabajo Digno.
El cambio implica un recorte en términos absolutos de 167.1 millones de pesos, al pasar de un presupuesto de 743.7 millones de pesos otorgados este año a 576.6 millones previstos para 2021. En términos reales, la reducción es de 25%.
Recortan apoyo al empleo
Asimismo, el proyecto presupuestal de la STPS impone un recorte que prácticamente implicaría la desaparición del Programa de Apoyo al Empleo (PAE), que el próximo año sólo contaría con 55.5 millones de pesos. Para este 2020, dicho programa había recibido un presupuesto 92.3% mayor, de 704.8 millones de pesos.
De acuerdo con el Análisis Funcional Programático Económico de la Secretaría del Trabajo, el PAE tiene la finalidad de instrumentar políticas, estrategias y apoyos para vincular la oferta de empleo y la demanda en el mercado laboral.
Dan subsidio a los estados para reforma laboral
El proyecto presupuestario de la STPS del próximo año contempla por primera vez un subsidio a los estados para la implementación de la reforma laboral de 2019, que ordena la transición de las Juntas de Conciliación a nuevos tribunales laborales, con la finalidad de que la impartición de justicia en materia de trabajo pase de manos de la Secretaría del Trabajo al Poder Judicial.
El PPEF prevé un presupuesto de 649 millones de pesos como “Subsidios a las Entidades Federativas para la implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral”.
En octubre de este año comenzará la transición de las Juntas de Conciliación a los tribunales laborales en 10 entidades (entre las que no se incluye a la Ciudad de México).
