El presidente Andrés Manuel López Obrador amenazó con eliminar la concesión-extendida por un siglo- a la Administración Portuaria Integral (API) de Veracruz, una empresa desconcentrada de su propio gobierno, cuyos directivos son designados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es decir, son funcionarios públicos.
Las 16 APIs federales sustentan el Sistema Portuario Nacional, el cual está organizado en dos sistemas por litoral: Océano Pacífico y Golfo de México-Caribe.
Es la Dirección General de Fomento y Administración Portuaria-del gobierno federal-quien coordina el sistema a través del cual los “negocios se promueven” en los puertos federales y son dirigidos y controlados por sus accionistas, consejos de administración, esto según la propia página de la Coordinación General de Puertos y Marítima Mercante.
La API Veracruz, la cual el presidente se pronunció por eliminar la concesión, forma parte del litoral Golfo de México-Caribe junto a los puertos, también de administración gubernamental, de Dos Bocas, Progreso, Tampico, Tuxpan, Altamira y Coatzacoalcos.
Además, la API Veracruz cuenta con una estructura que depende de otras secretarías, por ejemplo, el Órgano Interno de Control de la administración portuaria responde a la Secretaría de la Función Pública (SFP).
La API Veracruz recibe, como las otras 15 administraciones, presupuesto a través de la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
La propia Ley de Puertos indica que la administración de terminales, instalaciones y puertos de influencia preponderadamente estatal, podrán ser concesionadas a “una sociedad mercantil constituida por el gobierno federal o estatal”.
