Estados Unidos.- Una empleada de la oficina del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) en Salt Lake City, Utah, enfrenta numerosos cargos en una corte federal como sospechosa de haber desechado importantes documentos de inmigración durante varios años, afectando a decenas y quizá centenares de inmigrantes en el oeste del país.
Según información difundida este lunes por el Buró de Noticias de las Montañas del Oeste (MWNB), Diana K. Molyneux, la empleada de USPS, podría ser condenada a prisión y a pagar una multa si se comprueba que intencionalmente destruyó documentos o postergó su entrega.
Aparentemente, Molyneux habría “robado, abierto o destruido” material de inmigración (incluyendo tarjetas de residencia permanente) entre septiembre de 2017 y marzo de 2020, aunque fue solo en junio pasado cuando la oficina del inspector general del USPS anunció que se estaban llevando a cabo investigaciones en Salt Lake City con respecto a los documentos perdidos.
Las investigaciones comenzaron cuando, en respuestas a numerosas quejas y usando los números de rastreo de los documentos, se determinó que llegaban al centro de distribución de USPS en Salt Lake City, pero nunca salían de allí.
Según el documento distribuido por la corte federal en Utah, Molyneux enfrenta dos cargos: destrucción “ilegal y secreta” de cartas o paquetes “que se le habían confiado a ella y que estaban en su posesión y que deberían haber sido entregados por el correo”, y “apertura” de esas cartas o paquetes.
Cada uno de esos crímenes puede tener una sentencia de hasta cinco años de prisión y una multa mínima de $2,000 dólares.
Sin embargo, Molyneux se declaró “no culpable”, por lo que el caso será llevado a juicio, pero, por la pandemia de Covid-19, aún no se ha fijado la fecha de inicio del proceso.
Según los investigadores, además de Utah, los retrasos y pérdidas supuestamente causados por Molyneux afectaron a inmigrantes en Nevada, Idaho, Wyoming y posiblemente otros estados.
Por esa situación, se sabe que algunos inmigrantes perdieron la posibilidad de quedarse legalmente en el país o ya no pudieron acceder a los trabajos para los que habían sido contratados.
Otros, como los “soñadores” (beneficiados por el programa de Acción Diferida por Arribos Infantiles, DACA), no pudieron renovar su estatus a tiempo antes de que entrasen en vigor las restricciones impuestas por el presidente Donald Trump en 2017.
Otros inmigrantes debieron reiniciar sus trámites y pagar aranceles más altos o costos adicionales para volver a gestionar sus documentos.
Organizaciones como Elko Hispanic Services, en Elko, Nevada, y el Proyecto de Derechos de Inmigrantes del Noroeste (NIRP), en Seattle, Washington, advirtieron por separado que algunos inmigrantes afectados en 2017 “todavía están esperando” que se resuelva su situación, y les aconsejaron buscar asesoría legal.
